Rechazo, por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, a aumentar la protección del lobo porque dificultaría su idónea gestión

  • El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está valorando una propuesta para incluir el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que supondría la pérdida de su condición de especie cinegética y más rigidez en su control
  • Las cuatro comunidades, que gestionan las poblaciones de lobo más numerosas y con mejor estado de conservación de todo el territorio español, defienden la necesidad de compatibilizar la existencia de las manadas presentes en medio rural, con la ganadería extensiva y la viabilidad de las explotaciones ganaderas
  • Los conselleiros de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León remitieron una carta a la ministra Teresa Ribera para trasladarle los perjuicios que supondría la prohibición de cazar este animal al norte del río Duero y la dificultad para realizar controles poblacionales donde el sector ganadero sufre el impacto de sus ataques

 

Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe), una propuesta que el Gobierno central lleva analizando desde hace varios meses. Así se lo trasladaron las cuatro comunidades autónomas a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en una carta conjunta firmada en nombre de la Xunta por la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez.

Según exponen en la misiva, otorgarle al lobo un nivel de protección adicional sobre el que ya tiene en estos momentos sería una decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades del norte del río Duero, que cuentan con importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, son las que sufren las mayores consecuencias sobre el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales.

La inclusión del lobo en el Lespe supondría la prohibición genérica de su caza, de manera que dejaría de ser considerada una especie susceptible de aprovechamiento cinegético en determinados supuestos. Solo se podría autorizar excepcionalmente la captura de algún ejemplar bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad, una limitación que, como expuso la directora, pondría mucho más difícil a comunidades como Galicia recurrir a acciones cinegéticas puntuales cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos.

En este sentido, la oposición de la Xunta a la propuesta se basa en el hecho de que sería totalmente contraria a las políticas desarrolladas en la comunidad en los últimos años con el objetivo de buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos (distribuidas principalmente por las provincias de Lugo y Ourense pero con presencia en todo el territorio gallego) con la ganadería extensiva y la viabilidad de las explotaciones de estas zonas.

De hecho, tal y como se cita en la carta conjunta a la ministra, en el caso de Galicia estos cambios respecto del nivel de protección del lobo ibérico incluso podrían poner en riesgo el futuro de alguna raza autóctona.

Hace falta precisar que la decisión de dirigirse a Teresa Ribera para trasladarle su rechazo a esta posibilidad se adoptó tras la reunión celebrada telemáticamente el jueves 22 de octubre entre los cuatro directores generales del ramo y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertización del Ministerio, Jorge Marquínez, una reunión solicitada ya en septiembre por las cuatro comunidades, al considerar que serían las más afectadas en caso de prosperar la iniciativa.

Durante esa reunión, la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, defendió en nombre de Galicia que el Plan de Gestión del Lobo en Galicia (2008) garantiza el mantenimiento de una población estable de esta especie, reconoce su papel como parte destacada del patrimonio natural y cultural de la comunidad y al mismo tiempo, garantiza un equilibrio entre su presencia en el territorio y la actividad ganadera. “No consideramos necesaria una protección particular adicional a la que ya existe”, argumentó Do Campo.

Por todo lo expuesto, los cuatro responsables autonómicos mostraron su total disconformidad con la inclusión en el Lespe de todas las poblaciones de lobo ibérico localizadas al norte del Duero, a pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya mostró públicamente su apoyo a la propuesta, antes incluso de debatir o consultar al respecto a las regiones que se verían más perjudicadas.

En todo caso, Galicia no se opone a que se pueda establecer un régimen distinto para el resto de poblaciones de lobo ibérico presentes en otras zonas, tal y como piden otras comunidades que consideran de interés incluir esta especie en el Lespe.

Además de Ángeles Vázquez, los firmantes de la carta a la ministra Ribera son el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Juan Guillermo Blanco; y el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Jesús Calvo.

Debate en el grupo de trabajo y compensaciones por parte del Estado

Asimismo, la Xunta también aprovechó la reunión telemática con el Ministerio para defender que la propuesta, con carácter previo a que el Gobierno la eleve al seno del Comité de Flora y Fauna Silvestre, se pueda debatir en el marco del grupo de trabajo del lobo ibérico. La función de este organismo es, precisamente, la de asesorar y proporcionar los elementos necesarios para que el Comité adopte este tipo de decisiones.

En todo caso, si finalmente el Ministerio decide elevar el nivel de protección de esta especie a pesar del frente común conformada por los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, Do Campo defendió que la medida tendría que contemplar las correspondientes compensaciones económicas por el impacto que tendrá sobre el sector ganadero.

De hecho, en los últimos años se constató un incremento significativo de los daños producidos por el lobo en Galicia. Así, entre 2014 y 2019 el número de avisos por este tipo de ataques experimentó un incremento de un 126% (pasando de 618 a 1.397 avisos en este período).

En este sentido, recordó que la Xunta lleva más de una década convocando con periodicidad órdenes de ayudas dirigidas tanto a prevenir como a paliar los daños que ocasionan los lobos asentados en la comunidad, un esfuerzo que considera que el Gobierno también debería asumir se limita la capacidad para establecer medidas puntuales de control de estas poblaciones.

Así, hace falta subrayar que en 2019 la línea de ayudas autonómica para prevenir ataques de lobo estuvo dotada de 200.000 euros, incrementándose este año hasta los 230.000 euros; y la orden de ayudas para compensar los daños provocados por esta especie movilizó 350.000 y 400.000 euros, respectivamente, en sus convocatorias de los dos últimos años.