Foto: Europapress

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El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, se ha ratificado en su petición de que se inhabilite para cargo público durante diez años al otrora presidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar Pumar y el PSOE ha exigido que en caso de fallo condenatorio abone él mismo 696.666,58 euros.

Baltar Pumar se enfrenta a la acusación de presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa continuada por 104 altas laborales registradas en 2010, al no haber sido publicitadas estas vacantes.

En la explicación de las conclusiones definitivas, Delgado ha reclamado hoy la pena máxima que la ley contempla para este delito, ha denunciado una actitud “prevaricadora” en las altas laborales y ha manifestado que hubo un “quebrantamiento” de la norma de manera “consciente” puesto que si no se acudió a la publicidad fue para que no optasen otras personas a estos puestos.

En este sentido, ha resaltado que lo que quiere que se juzgue es “una forma de hacer las cosas, de entender la política”.

El letrado José Arcos, que ejerce la acusación por parte del PSOE, ha demandado que si la sentencia es de condena sea el propio Baltar Pumar, y no la institución provincial, el que abone de su bolsillo 696.666,58 euros, una cifra que cubriría “el importe de sus caprichos”, ha reflejado irónico, en alusión al coste salarial y de Seguridad Social de las 104 contrataciones realizadas.

Ha comentado, en esta línea, que las mismas se materializaron siguiendo criterios “subjetivos” y que solamente se respetó un principio, el que atiende a la igualdad, pero entre “su grupo de iguales”, ante lo que cabe la pregunta de si no es “dudosa” la existencia de la legalidad cuando se sigue “la voluntad del presidente”.

Así, ha pedido una resolución “implacable” y, tanto Arcos como Delgado, han cuestionado que los contratos obedeciesen a razones de urgencia.

El otrora presidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar Pumar ha dicho que es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados, algo que le ha sucedido con 73 años cumplidos, y, tras proclamar su inocencia, ha lamentado que “se quiera cazar a esta pieza”.

El juicio que durante cinco días se ha seguido contra él bajo la acusación de prevaricación, al no haber sido publicitadas hasta 104 contrataciones realizadas en 2010, ha quedado esta mañana visto para sentencia tras la lectura de conclusiones definitivas del fiscal, la defensa y las acusaciones particulares.

El Ministerio Público ha pedido que se inhabilite al procesado para cargo público durante un tiempo de diez años, la pena máxima que la ley contempla para este delito, y el letrado José Arcos, que ejerce la acusación por parte del PSOE, ha solicitado que si hay condena sea el propio Baltar Pumar quien abone de su bolsillo 696.666,58 euros, una cifra que cubriría el coste salarial y de la Seguridad Social de estas altas laborales.

El sindicato Manos Limpias ha demandado 9 años y 6 meses de inhabilitación y ha especificado que analizando uno por uno los contratos “la pena sería de 1.040 años”, y la defensa ha reclamado la absolución de José Luis Baltar Pumar.

Él mismo, en su alegato final, ha reflejado, “yo soy inocente” y “en esto solo se va a la caza mayor, no porque yo sea grande, que el tamaño es pequeño”, ha precisado sarcástico al aludir a su estatura, y ha añadido que si la cuestión es que “hay que cazar a esta pieza, la cazaremos y no pasa absolutamente nada”.

Ha resaltado que su conciencia está “totalmente tranquila” y por ello entiende que ha de ser absuelto, porque “nunca tuve sensación de que había cometido un delito de prevaricación”, y menos cuando “nunca en la vida” se encargó del trámite de dar publicidad a las contrataciones.

“Nunca me preocupé de si se habían publicado, de ningún acto que no fuese la mera selección de personal”, ha sostenido, y ha acusado al secretario general de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro Gosende, y al jefe de Personal, José Luis Suárez, de faltar a la verdad en este proceso.