• Por Santiago Molina

Si partimos de que sociológicamente hace rato que se ha hecho público que el “homo sapiens” ha ¿evolucionado? hacia el “homo consumens”, y lo mezclamos bien con la relevancia que ¿culturalmente? le hemos dado al consumo como factor de integración, lo dejamos reposar con cuarto y mitad de pérdida de poder adquisitivo y una dosis generosa de contención salarial, podemos ¿orgullosos? presentar la receta de la miel sobre hojuelas que está haciendo las delicias de las “vacas gordas” de las multinacionales que, aprovechándose de las “presuntas e infalibles” leyes de mercado (la Historia la escriben los vencedores) están desbaratando la libre competencia y sometiendo la cobertura de nuestras necesidades (principales y accesorias) a la tiranía de lo desechable.

Que cueste más reparar un objeto que comprarse uno nuevo no sólo es un atentado contra la ética más fundamental que ha construido conceptos como “Derechos Humanos” y dentro de éstos ha desarrollado otros como “medio ambiente” y “desarrollo sostenible” sino que si tomamos como referencia las políticas de reducción de residuos de la Unión Europea, incluso podría terminar resultando ilegal.

Aunque parezca contradictorio, no deja de resultar ilustrativo que pese a la tan manoseada frase “para lo que cuesta arreglarlo, me compro uno nuevo”, el Eurobarómetro diga que el 77% de los ciudadanos estaría dispuesto a reparar los productos que compra y de donde, sin mucho fantasear, podemos deducir que si la sustitución resulta más rentable que la reparación, no es sino porque tomando como referencia el precio y en base a éste, el plazo de amortización, el coste de la reparación no es sólo que salga caro, es que pasa automáticamente a la categoría “variable marginal” que no entra siquiera en consideración.

 

La sustitución constante de unos productos por otros que tenemos tan asumida, “made in” países cuya Legislación Laboral (no hablemos ya de los Derechos Fundamentales) es inexistente y, salvo que desarrollemos una nueva cultura de consumo (consumiendo mucho menos, de manera más consciente y por lo tanto consumiendo mejor) tiene tan ganada la batalla frente al precio de la mano de obra “conforme a salarios de convenio occidental”, que la declaración de guerra no merece ni el esfuerzo. Y es que salvo que estemos dispuestos a implicarnos en esa revolución intelectual, a ver cómo podemos si no plantarle cara a las macroempresas que a pesar de los costes que, en términos de “bienestar global” acarrea todo lo que nos venden, por el momento, (curiosamente) están omitiendo la posibilidad de repercutírnoslo vía precios.

Y es que nos engañemos; un pantalón, ni en lo más crudo de las rebajas cuesta 4,99 €, salvo que se esté abusando de alguien y eso, es algo que las multinacionales tienen muy claro. El precio de venta tiene que superar con creces el precio de fabricación y cuando el precio de venta es tan escandalosamente barato, respecto de las condiciones laborales de los trabajadores, más vale que nos echemos a temblar. Pero es que además, con la implantación del “consumo” como hábito de ocio, lo que se pretende (y eso los pluribillonarios también lo saben) es que lo que ingresamos a primeros de mes, para finales se lo hayamos devuelto al mercado metamorfoseado bajo la forma de producto barato que no es sólo que no esté cubriendo ninguna “necesidad” sino que el “goce” que nos proporciona se agota en el acto mismo de la compra, tan asumida como algo inherente a las personas civilizadas y socialmente integradas, que ni siquiera lo cuestionamos. Así entre todos, hemos dado carta de naturaleza al consumo de “usar y tirar” mientras los recursos naturales se agotan y los vertederos del mundo van ganando terreno a bosques y campos de cultivo.

Pero se pueden apreciar “brotes verdes” (los brotes verdes son muy versátiles) de que algo está empezando a cambiar y que encontramos tanto en las Instituciones Europeas como en algunos países que ya están bajando a tierra su toma de conciencia sobre este problema aplicando medidas fiscales para la creación de un clima favorable a la Economía Circular, oponiéndose a la obsolescencia programada y promoviendo la reparación de objetos para darles una segunda vida, que están produciendo resultados.

En 2015, la Comisión Europea presentó el paquete de medidas sobre Economía Circular tendente a favorecer la transición hacia un modelo que contribuya a “cerrar el círculo” de los ciclos de vida de los productos en la Unión a través de un incremento del reciclaje y de la reutilización, modificando los marcos legislativos sobre tratamiento de residuos y promoviendo la Economía Circular y la creación de empleo vinculado con esto.

La Directiva 2018/851 de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos explica en su apartado 29 que “los Estados miembros deben facilitar modelos de producción que fomenten la prolongación de la vida útil de los productos y promuevan la reutilización mediante el establecimiento y el apoyo de redes de reutilización y reparación, como las dirigidas por las empresas de la economía social, los regímenes de depósito, devolución, retorno y rellenado e incentivando la refabricación, el reacondicionamiento y, en su caso, la adaptación de los productos a nuevos fines”.

El primer apartado del Artículo 11 de esta Directiva especifica además que “los Estados miembros adoptarán medidas para promover las actividades de preparación para la reutilización”, haciendo uso, entre otras opciones, de “instrumentos económicos o criterios de adjudicación” y uno de los Anexos indica que, entre esos instrumentos, está el “uso de medidas fiscales para promover la utilización de productos y materiales preparados para su reutilización o reciclado”.

Europa lo plantea y ofrece las herramientas, los Estados cuentan con las competencias para convertirlo en realidad, la Economía Social lo exige y aunque es cierto que muchos países ya lo están utilizando, España sigue sin aplicar, en rigor, ninguna de estas medidas.

 

  • Artículo elaborado por Santiago Molina Jiménez

Santiago Molina Jiménez