• Por Santiago Molina
  • Políticas transversales diseñadas por todos los colectivos implicados

Es comprensible que la conciencia social no haya asumido aún plenamente la realidad del proceso despoblacional que se ha producido, pero es fundamental que lo haga y que seamos capaces de impulsar un plan de acción que aumente nuestra autoestima colectiva porque ello puede suponer un gran activo para nuestra Comunidad a la hora de afrontar los retos del futuro.

 

La dimensión rural de Castilla y León ha de adquirir el protagonismo que le corresponde cuando dibujamos nuestro futuro demográfico. Concebir nuestro futuro en clave exclusivamente urbana equivaldría a renunciar a nuestra Comunidad Autónoma y para ello es preciso mejorar la imagen pública del medio rural en torno a sus potencialidades innegables, aunque plantearlo como alternativa de vida tiene que verse complementado con una verdadera “modernización”, fomentando las condiciones de igualdad que permitan superar el tópico que define (engañosamente) la calidad de vida en términos de bienestar como el acceso a consumo, y además identificándolos con el medio urbano.

Sin embargo, no nos consta que nadie haya preguntado a las personas que han abandonado las zonas rurales si en otras circunstancias habrían preferido quedarse en su pueblo o comarca ni, en su caso, bajo qué condiciones lo habrían hecho ni a quienes siguen con un esfuerzo estoico, si estarían dispuestos a implicarse en un auténtico proyecto de repoblación y qué exigirían para comprometerse a ponerlo en marcha.

La despoblación no puede sino ser la consecuencia lógica; el “lo que venía después” habiendo hecho las cosas como las hemos hecho. Y no se trata a este particular de la necesidad de que dispongamos de 2.248 centros de salud o escuelas públicas, sino de reorganizar el territorio y de preocuparse por sus gentes respaldando sus iniciativas. En definitiva, se trata de contar con el 95 % de las empresas de nuestra Comunidad, es decir con las microempresas, escucharlas, promocionarlas, favorecerlas y dejarnos ya de zarandajas.

Las políticas de población tienen que ser auténticas políticas de “comunidad”. El papel de los Poderes Públicos en la reactivación demográfica es importante pero limitado y para que las actuaciones en este ámbito sean efectivas se precisa la colaboración de todo el tejido social incluyendo instituciones tanto públicas como privadas comprometidas con el empleo y con el desarrollo sostenible, ya que la nueva política obligatoriamente tiene que sustentarse sobre la participación social más amplia posible.

Las políticas de población, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo, tienen que ser políticas a largo plazo, sin perjuicio de que medidas concretas tengan necesariamente que ponerse en práctica en un corto plazo, revisándolas, actualizándolas y renovándolas a medida que puedan irse apreciando sus resultados, para en su caso “rectificar” trayectoria en  pro de la consecución del objetivo previsto.

Las políticas de población deben ser políticas coherentes y coordinadas con el conjunto de la Acción de Gobierno. Los objetivos demográficos marcados y las medidas específicas que se pongan en marcha deben contar con un contexto adecuado y hallarse coordinadas tanto con la política económica de la Comunidad –y, en particular con las políticas activas de empleo y la política industrial y de apoyo a las empresas– como con las diferentes áreas de intervención pública que apliquen la perspectiva territorial –despliegue de infraestructuras medioambientales, agrarias, logísticas, de transporte y de comunicaciones; dotación de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales– así como con el desarrollo de los Sistemas de Protección Social y los Derechos de los Ciudadanos.

Las políticas de población deben ser políticas específicamente orientadas a objetivos demográficos. Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior conviene que las medidas a adoptar sean específicas y precisas. Su naturaleza será económica, territorial o social, según el caso, pero sin que el conjunto de estas áreas deba recaer en bloque sobre el mismo fenómeno siempre que se establezcan garantías de transversalidad en lo que respecta a su ejecución.

Las políticas de población deben ser políticas para las personas. Objetivo prioritario de todas las acciones tienen que ser aquellos colectivos con mayor relevancia en relación con el impulso demográfico: jóvenes, mujeres, familias, población migrante… incorporando también iniciativas dirigidas a esa otra parte de la población que, aunque con menor incidencia en términos cuantitativos, pueda suponer una valiosa aportación: migrantes castellanos y leoneses en el exterior o población residente en otras Comunidades susceptibles de trasladar su residencia a nuestra Comunidad, introduciendo en cada uno de estos colectivos además, la perspectiva de género.

 

  • Artículo elaborado por Santiago Molina Jiménez

Santiago Molina Jiménez