• El pleno ordinario fue el último que preside María González como alcaldesa pues el 24 de junio dará el relevo en la Alcaldía al socialista Luis Fernández Gudiña

Votación por unanimidad de la moción sobre la N-120

 

El pleno ordinario del 1 de junio de A Rúa fue el último que preside del presente mandato como alcaldesa María González Albert (BNG) para abordar asuntos municipales pues dará el relevo en la Alcaldía al socialista Luis Fernández Gudiña, el próximo 24 de junio en una sesión plenaria (que se completará en días posteriores con un pleno más) cumpliendo así el pacto de gobierno sellado el 11 de junio de 2015 del reparto de la Alcaldía.

 

Durante el pleno, la Corporación municipal aprobó por unanimidad de todos los grupos una moción socialista sobre la solicitud al Gobierno central de la urgente reparación y reforma integral de la calzada de la N-120 entre el límite de la provincia de León y el punto kilométrico 530 (Canabal-Lugo), pasando por Valdeorras, previa dotación presupuestaria para que sea posible la licitación y ejecución de dicha mejora.

El portavoz socialista, Luis Fernández Gudiña, manifestó que se solicita que se mejore el firme, pero que también que se suprima la la línea continua que hay en el tramo de Sober (Lugo) y el Alto de la Guítara hasta Ourense, concretamente unos 35 kilómetros donde no es posible  realizar adelantamientos, algo que ralentiza y dificulta la circulación hasta la ciudad, de ahí que se considere necesaria su modificación.

El  PP respaldó la moción con el voto favorable si bien su portavoz, Avelino García Ferradal, dijo que “ya está un poco fuera de tiempo, teniendo en cuenta que desde el PP ya se presentó un escrito en el Parlamento gallego con dicha solicitud y yo mismo, trasladé dicho escrito como senador y con el apoyo de otros senadores de la provincia de Ourense y de Lugo al ministro de Fomento y se le entregó la semana pasada”.  Es más, apuntó, “no sólo le llevamos el escrito sino que sugerimos de qué partidas podrían sacar dinero para incluirlo en los Presupuestos Generales pues entrarán la próxima semana en el Senado y podría haber modificaciones. Los senadores por Ourense y Lugo ya lo estamos intentando”.

Ante dicha afirmación, la alcaldesa, María González Albert, señaló que “es una pena que el PP tenga que presentar escritos” cuando por el hecho de que gobiernan “tienen capacidad directa para ejecutar obras”, apuntando a la marginación que sufre Valdeorras en materia de transportes por carretera y ferrocarril, lo que “nos convierte no en ciudadanos de segunda, sino de quinta”.

 

Pero la sesión también se convirtió en un debate sobre el presupuesto municipal de 2017, a raíz de la aprobación del dictamen del mismo, eso sí con la abstención del PP justificada en que “el grupo de gobierno tiene que hacer sus políticas y nosotros estamos para controlar que se lleven a cabo pues no vamos a poner impedimentos a estas alturas, a mitad ya del año”, expuso el portavoz del PP, Avelino García Ferradal.

La alcaldesa, María González Albert, señaló que se está cumpliendo la estabilidad presupuestaria, con capacidad de financiación, y que hubo incrementos en partidas de ingresos, servicios sociales (aumentaron las horas) e inversiones en obras (pasa de 40.000 a 60.000), entre otras muchas. “La deuda viva del Concello es del 74,03 por ciento, una cifra aceptable”, añadió para detallar que hubo un reconocimiento extrajudicial de créditos de 21.000 euros. “Se están pagando facturas”, matizó.

 

El portavoz “popular”, Avelino García Ferradal, evaluó que los presupuestos “son continuistas porque no hay incremento de ingresos y por tanto no puede haber inversión. El grupo de gobierno reduce la deuda sí, pero porque había un plan concreto de reducción que tienen que cumplir. Pensé que iban a arriesgar y marcar la salida de la crisis, pero veo que no. El 90 por ciento son gastos de personal y sólo queda un margen de un 2 por ciento para inversiones”.

 

La sesión también sirvió para aprobar, en este caso por unanimidad de los grupos, la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP, una modificación puntual de la ordenanza de tasas y licencias urbanísticas (que no afecta a los precios) y una modificación del convenio con la Diputación en materia de consumo de agua alusiva al cumplimiento de obligaciones municipales.