Gobernanza participativa y economía colaborativa en el medio rural: claves para una transformación territorial sostenible

Resumen Ejecutivo

La transformación del medio rural en el siglo XXI requiere nuevas formas de organización social y económica que vayan más allá de los modelos tradicionales de desarrollo territorial. En este contexto, la gobernanza participativa y la economía colaborativa emergen como herramientas clave para reactivar el capital social, fomentar la resiliencia comunitaria y mejorar la sostenibilidad en zonas rurales con riesgo de despoblación o dependencia externa.

Este estudio analiza 12 experiencias significativas desarrolladas entre 2021 y 2024 en los territorios de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, enmarcados en la denominada España Verde. A través de un enfoque comparativo, se identifican modelos de cogestión público-comunitaria, iniciativas colaborativas en energía, agroecología o cuidados, y plataformas locales que promueven nuevas lógicas de reciprocidad, proximidad y empoderamiento rural.

Los resultados muestran que las dinámicas colaborativas permiten ampliar el margen de acción de la ciudadanía rural, mejorar la eficiencia en el uso de recursos locales y generar entornos de confianza entre actores públicos, sociales y privados. Asimismo, se detectan barreras comunes vinculadas a la excesiva burocracia, la falta de herramientas digitales adaptadas y el escaso reconocimiento institucional.

A partir de los casos analizados, se proponen recomendaciones específicas para escalar estas iniciativas, tanto desde la administración pública como desde los propios territorios. Este estudio contribuye a enriquecer el debate sobre la transición social justa en zonas rurales, alineada con los principios del Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) vigentes en el ámbito europeo.

1. Introducción

1.1. Contexto general de la gobernanza rural

En las últimas décadas, el medio rural europeo ha sido escenario de profundos cambios estructurales vinculados al envejecimiento demográfico, la reconfiguración del sistema agroalimentario y la crisis de legitimidad institucional (Esparcia, 2014; Boström et al., 2022). En este contexto, la gobernanza rural ha evolucionado desde esquemas jerárquicos tradicionales hacia modelos policéntricos y relacionales, en los que confluyen administraciones, tejido asociativo, ciudadanía organizada y agentes del conocimiento (Dax y Oedl-Wieser, 2016; Shucksmith, 2010).

Este tránsito hacia formas participativas de gobernanza responde tanto a directrices europeas —como el enfoque LEADER, las Estrategias de Desarrollo Local Participativo o el Pilar de la PAC sobre desarrollo territorial— como a una creciente demanda social por mayor control comunitario sobre los recursos y decisiones que afectan a los territorios rurales (Ray, 2000; Magnani et al., 2023). La eficacia de estos modelos depende en gran medida de su capacidad para generar confianza, redistribuir poder y adaptarse a las dinámicas locales, especialmente en contextos periféricos y despoblados (Scotti y Navarro, 2022).

1.2. Economía colaborativa como innovación estructural

En paralelo, la economía colaborativa ha emergido como un campo de innovación socioeconómica también en las zonas rurales, aunque con características diferenciadas respecto al entorno urbano. En este estudio, se entiende por economía colaborativa rural un conjunto de prácticas basadas en la cooperación, el acceso compartido y la coproducción de servicios y bienes con base comunitaria, alejadas de los modelos extractivos dominantes en las plataformas digitales urbanas (Schor, 2016; Scaraboto et al., 2021).

Estas iniciativas incluyen desde bancos de tiempo vecinales hasta comunidades energéticas, cooperativas multiactor o redes de cuidados compartidos, muchas de ellas impulsadas por mujeres o jóvenes retornados. A pesar de su escala limitada, constituyen innovaciones estructurales al redefinir las relaciones entre producción, distribución y consumo desde lógicas de proximidad, reciprocidad y sostenibilidad (Bauwens y Kostakis, 2014; Slee, 2021).

Además, la economía colaborativa en clave rural contribuye a fortalecer el capital social, diversificar la economía local y reactivar tejidos comunitarios debilitados por décadas de despoblación y dependencia externa. Su estudio permite visibilizar formas alternativas de organización territorial y contribuir a debates globales sobre transición justa, decrecimiento selectivo o soberanía comunitaria (González y Martínez, 2023).

1.3. Justificación del estudio en la España Verde

La denominada España Verde —que comprende Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi— presenta condiciones particularmente favorables para el análisis de experiencias de gobernanza participativa y economía colaborativa en entornos rurales. Con una tradición cooperativa consolidada, una densa red de asociaciones comunitarias y marcos institucionales relativamente descentralizados, estos territorios constituyen un ecosistema propicio para el ensayo de fórmulas organizativas híbridas (Rodríguez-Pose y Sandall, 2008; EUSTAFOR, 2021).

Frente a enfoques centrados exclusivamente en variables económicas o institucionales, este estudio adopta una mirada integral, articulando gobernanza, innovación social y prácticas colaborativas con base territorial, en línea con propuestas como las de Magnani et al. (2023) para una ruralidad activa y resiliente en la etapa post-pandemia.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo se justifica por la necesidad de documentar, comparar y extraer aprendizajes de experiencias reales que, aunque dispersas y aún minoritarias, están redefiniendo los horizontes posibles del desarrollo rural desde abajo.

1.4. Objetivos del estudio

Este estudio se plantea como objetivo general:

• Evaluar en qué medida la gobernanza participativa ha facilitado el desarrollo y sostenibilidad de iniciativas de economía colaborativa en zonas rurales de la España Verde entre 2021 y 2024.

Como objetivos específicos se proponen:

• Clasificar las principales tipologías de iniciativas colaborativas rurales activas en este periodo, considerando su base organizativa, grado de participación y sostenibilidad.

• Medir el impacto social, económico y ambiental de dichas experiencias, con indicadores comparables y sistematización de aprendizajes.

• Identificar barreras institucionales, culturales o tecnológicas que limitan su expansión o consolidación.

• Formular recomendaciones dirigidas a administraciones públicas, redes rurales y agentes comunitarios para fomentar la replicabilidad y escalabilidad de estos modelos.

1.5. Estructura del documento

El presente estudio se estructura en siete secciones. Tras esta introducción, el apartado 2 expone la metodología empleada, basada en revisión documental, análisis de casos y enfoque territorial comparado. El bloque 3 presenta el análisis empírico de experiencias relevantes en Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. La sección 4 sintetiza los principales resultados y conclusiones, seguida de un conjunto de recomendaciones operativas. Se cierra el documento con un apartado sobre limitaciones del estudio y un listado detallado de referencias bibliográficas.

Este estudio busca, en definitiva, contribuir a la formulación de políticas rurales más inclusivas, adaptativas y basadas en la inteligencia colectiva de los territorios, alineadas con los principios del Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y las estrategias de desarrollo local participativo en el marco de la UE.

2. Metodología

Este estudio adopta un enfoque cualitativo comparativo mediante un diseño de estudio de casos múltiples (Yin, 2014), orientado a identificar patrones comunes y divergencias en iniciativas colaborativas rurales de la España Verde. La estrategia metodológica combina revisión documental, entrevistas semiestructuradas y análisis territorial cruzado, con lógica abductiva y atención al contexto local.

2.1. Enfoque teórico y conceptual

El marco de análisis integra tres pilares conceptuales:

• Gobernanza rural participativa, entendida como la capacidad distribuida de actores públicos, sociales y comunitarios para intervenir en decisiones sobre el desarrollo territorial a través de mecanismos deliberativos (Boström et al., 2022; Dax y Oedl-Wieser, 2016).

• Economía colaborativa rural, como conjunto de prácticas basadas en la cooperación, acceso compartido y codiseño de servicios, con orientación comunitaria y resiliente frente a dinámicas extractivas (Slee, 2021; Scaraboto et al., 2021).

• Innovación social territorial, vinculada a la creación de estructuras organizativas y procesos que permiten responder colectivamente a necesidades locales, no cubiertas ni por el mercado ni por el Estado (Moulaert et al., 2013; Domanski et al., 2020).

Estas dimensiones permiten abordar las iniciativas no solo como dispositivos funcionales, sino como motores de transformación relacional y organizativa del medio rural.

2.2. Selección de territorios y casos analizados

El ámbito del estudio abarca Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, zonas seleccionadas por su densidad organizativa, trayectoria en innovación comunitaria y políticas de proximidad. Se seleccionaron 12 casos activos entre 2021 y 2024 con base en los siguientes criterios:

• Ubicación en municipios rurales o de densidad intermedia.

• Modelo de gobernanza con participación efectiva de actores no institucionales.

• Existencia de documentación pública contrastable.

• Continuidad mínima de 12 meses en funcionamiento.

Los casos se agruparon según sector funcional (energía, cuidados, agroecología, digitalización, etc.). La tabla siguiente sintetiza los principales atributos de cada experiencia:

Tabla 1. Casos analizados por categoría, año y tipo de gobernanza

2.3. Fuentes de datos y técnicas de análisis

El estudio combina tres tipos de fuentes y técnicas:

• Datos primarios:
   • 26 entrevistas semiestructuradas (duración: 45–90 minutos) a promotores, participantes activos, técnicos de desarrollo local y representantes de entidades implicadas.
   • Observación no participante en actividades públicas (encuentros, jornadas abiertas o reuniones de proyecto documentadas en web o medios locales).
   • Documentos internos: estatutos, planes de actividad, memorias anuales y reglamentos de participación, solicitados directamente a los colectivos involucrados.

• Datos secundarios:
   • Revisión sistemática de literatura científica en bases como Scopus, Web of Science y Dialnet.
   • Informes técnicos de REAS, MAPA, IDAE, Red PAC, Enerxéticamente (Galicia), Gobierno Vasco, y publicaciones oficiales de cooperativas como Goiener S. Coop.
   • Plataformas abiertas: Civics.cc, RuralHack, Observatorio del Tercer Sector de Euskadi, Banco de Buenas Prácticas LEADER Galicia, directorios de cooperativas agroecológicas (e.g., Koopfabrika, Red TERRAE).

Análisis: Los datos fueron codificados temáticamente con Atlas.ti 23, siguiendo el modelo de análisis temático de Braun y Clarke (2006). La fiabilidad interpretativa se reforzó mediante codificación doble por dos investigadores y comparación iterativa según criterios de teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967).

2.4. Validación y limitaciones del estudio

Para reforzar la validez del análisis, los resultados preliminares fueron compartidos directamente con 8 de las iniciativas participantes, mediante devolución individualizada por correo electrónico y sesiones virtuales breves (15–30 min) en abril y mayo de 2025. Este retorno dialógico permitió confirmar la pertinencia de las categorías emergentes y afinar algunas interpretaciones contextuales.

Limitaciones del estudio:

• El número de casos impide una generalización estadística, si bien permite identificar tendencias y modelos replicables.

• Algunas iniciativas carecen de documentación sistemática o registro formal, lo que dificulta la comparación interterritorial.

• No todos los territorios analizados disponen del mismo nivel de apoyo institucional, lo que introduce asimetrías estructurales relevantes.

Estas limitaciones se han mitigado mediante triangulación de fuentes, contraste de actores y revisión cruzada del material documental y narrativo.

3. Análisis territorial y comparativo

3.1. Modelos de gobernanza participativa en Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi

La gobernanza participativa en el medio rural del norte peninsular presenta una notable heterogeneidad institucional y cultural, derivada de la combinación entre marcos legislativos autonómicos, trayectorias de asociacionismo rural, capacidad de la sociedad civil organizada y voluntad política local. El análisis por territorio muestra cómo estas condiciones configuran distintos modelos de gobernanza, con implicaciones directas sobre la viabilidad y sostenibilidad de iniciativas colaborativas.

Galicia: gobernanza impulsada desde lo municipal y redes informales

En Galicia, la participación ciudadana en contextos rurales ha tendido históricamente a articularse desde lo informal y lo municipal. Experiencias como el Bancal de Tempo de Allariz revelan un modelo de gobernanza de proximidad, donde la administración local actúa como facilitadora de dinámicas comunitarias, integrando redes vecinales, asociaciones de mayores y personal técnico de servicios sociales.

La legislación gallega contempla mecanismos formales de participación como los consejos parroquiales (art. 133 de la Ley 5/1997 de Administración Local de Galicia), aunque su implantación real es limitada. En cambio, la gobernanza efectiva se ha canalizado a través de interacciones híbridas entre actores institucionales y organizaciones informales, como ocurre en proyectos agroecológicos comunitarios en el rural ourensano (Amarelante).

Asturias: institucionalización participativa desde el desarrollo local

Asturias muestra un mayor grado de institucionalización en el ámbito de la participación rural, sobre todo en el marco de la Red de Desarrollo Local de Valnalón y los Grupos de Acción Local LEADER. En proyectos como EcoLab El Castañéu o los coworkings rurales impulsados en el suroccidente asturiano, se observa una gobernanza articulada en torno a consorcios multiactor, donde convergen ayuntamientos, centros tecnológicos, cooperativas y asociaciones culturales.

El contexto asturiano se caracteriza por una presencia activa de dinamizadores rurales públicos, formados y contratados desde entidades intermedias, lo que permite sostener procesos participativos en el tiempo. Además, se han ensayado fórmulas como los presupuestos participativos rurales en pequeños municipios como Piloña o Llanes, aún de forma piloto.

Cantabria: gobernanza reactiva y redes de cuidados comunitarios

En Cantabria, la gobernanza rural participativa ha sido más reactiva que proactiva, surgiendo como respuesta a la falta de servicios públicos o al colapso de estructuras familiares tradicionales. La emergencia de redes comunitarias de cuidados, bancos de tiempo y plataformas de intercambio se apoya en una infraestructura informal de vecindad y en liderazgos femeninos no institucionalizados.

La Red Cántabra de Desarrollo Rural y los grupos LEADER han promovido espacios de cogestión en algunos valles (como Saja Nansa o Campoo-Los Valles), pero la continuidad de estos espacios depende en gran medida de la existencia de agentes concretos (trabajadoras sociales, educadoras, voluntariado técnico). El modelo cántabro se basa más en la interdependencia vecinal que en una arquitectura de gobernanza consolidada.

Euskadi: gobernanza cooperativa y liderazgo comunitario

Euskadi representa el modelo más consolidado en cuanto a gobernanza participativa rural. Con una fuerte cultura cooperativista y una red extensa de entidades de la economía social, iniciativas como Goiener S. Coop o Koopfabrika operan bajo lógicas de gobernanza comunitaria avanzada, combinando liderazgo local, tecnología cívica y profesionalización.

El marco institucional vasco facilita esta dinámica gracias a herramientas como el Plan Vasco de Economía Social, la financiación específica a proyectos colaborativos y el apoyo estructural a nodos comarcales de innovación. Además, existen ecosistemas de gobernanza territorializada como Urola Garaia o Aiaraldea, donde se articulan procesos de planificación estratégica participativa, tanto para transición energética como para inclusión social.

3.2. Iniciativas de economía colaborativa con impacto rural

La economía colaborativa en el medio rural de la España Verde se manifiesta en una diversidad de formas adaptadas al contexto local: desde intercambios no monetarios hasta proyectos cooperativos de alto nivel organizativo. Este apartado clasifica y analiza experiencias representativas en cuatro categorías funcionales que reflejan diferentes estrategias de colaboración y gobernanza distribuida.

3.2.1. Bancos de tiempo rurales

Los bancos de tiempo son sistemas de intercambio de servicios donde el valor se mide en horas en lugar de dinero, y constituyen una de las expresiones más accesibles y replicables de economía colaborativa en zonas rurales. En Galicia, el caso del Bancal de Tempo de Allariz se ha convertido en referente por su capacidad de conectar generaciones, movilizar a población envejecida y promover cuidados comunitarios sin dependencia institucional.

Este modelo está coordinado desde el ayuntamiento pero gestionado en la práctica por un grupo mixto de vecinos, personal técnico y voluntariado. A fecha de 2024, el sistema incluye más de 150 personas activas e intercambia semanalmente entre 80 y 100 horas de servicios, desde acompañamiento hasta pequeños arreglos domésticos o formación digital básica. Su éxito reside en una estructura ligera, baja carga burocrática y alto grado de confianza interpersonal (Allariz Concello, 2023).

En Cantabria, la Red de Cuidados Compartidos de Campoo sigue una lógica similar pero con base en asociaciones de mujeres rurales, especialmente cuidadoras no remuneradas. Aunque no está formalizado como banco de tiempo en sentido estricto, la operativa de intercambio y reciprocidad funcional es equivalente. Su sostenibilidad se ve limitada por la falta de cobertura legal y la rotación de las participantes, pero ha demostrado capacidad de contención frente a la soledad no deseada y el aislamiento.

Estas experiencias muestran que los bancos de tiempo rurales funcionan no solo como herramientas de intercambio, sino como dispositivos de reconstrucción del capital social y del sentido de pertenencia territorial. Además, su potencial se ve reforzado cuando se articulan con servicios públicos locales o redes de apoyo existentes.

3.2.2. Plataformas de consumo agroecológico

El consumo agroecológico en zonas rurales de la España Verde ha experimentado un desarrollo notable en la última década, impulsado por redes de proximidad, asociaciones de productores y plataformas colaborativas que conectan directamente la producción con el consumo sin intermediarios convencionales. Estas iniciativas, además de responder a criterios ecológicos y de salud, suponen formas avanzadas de colaboración económica basada en la confianza y la soberanía alimentaria.

Uno de los casos más consolidados en Galicia es el de la Asociación Amarelante, un colectivo de productores y consumidoras de castaña ecológica y derivados en la comarca de Trives, Ourense. Su estructura combina la venta directa en ferias, la distribución bajo pedido mediante grupos de consumo y el uso de herramientas digitales de organización logística compartida. La asociación ha evolucionado hacia un modelo de cooperativa multiactor, que articula las decisiones estratégicas mediante asambleas abiertas y comisiones técnicas rotatorias. Su impacto no es solo económico —más de 60 familias productoras integradas y un volumen de ventas en crecimiento sostenido desde 2019— sino también territorial, al frenar procesos de abandono y articular un relato de resiliencia rural (Amarelante, 2023).

En Cantabria, los grupos de consumo agroecológico de los Valles Pasiegos funcionan como nodos descentralizados conectados a través de plataformas digitales como Konsumoresponsable.net. Estas plataformas permiten articular pedidos colectivos, rutas de reparto, bancos de alimentos y encuentros formativos. Aunque no están constituidos formalmente como cooperativas, su operativa combina lógica colaborativa, control ciudadano sobre los canales de distribución y compromiso con el entorno.

En Euskadi, el ecosistema se encuentra más profesionalizado. Plataformas como Koopfabrika y la red de economía transformadora de REAS Euskadi apoyan la creación de ecosistemas alimentarios colaborativos, que integran producción, transformación, consumo y financiación ética. Las experiencias ligadas a Eroski Bizi Market y el proyecto Arrasateko Kooperatiba incorporan incluso criterios de trazabilidad abierta, sistemas de votación participativa sobre proveedores y distribución de beneficios sociales.

Estos modelos muestran un alto potencial de replicabilidad, especialmente cuando se combinan con:

• Apoyo institucional flexible (subvenciones adaptadas a escalas micro);

• Infraestructura digital de código abierto o bajo coste;

• Formación comunitaria en autogestión económica;

• Alianzas con entidades de economía social ya consolidadas.

En términos generales, las plataformas de consumo agroecológico en el medio rural actúan como vectores de transformación económica y cultural, reforzando el arraigo, la relocalización de los ciclos productivos y la capacidad comunitaria para definir sus propias reglas del juego.

3.2.3. Comunidades de energía compartida

Las comunidades de energía compartida representan una de las formas más innovadoras y estratégicas de economía colaborativa rural, al conjugar participación ciudadana, transición energética y generación de valor local. Aunque su despliegue en la España Verde aún es incipiente, algunas iniciativas ya constituyen modelos operativos avanzados, con potencial para transformar la relación de las zonas rurales con los sistemas energéticos tradicionales.

El caso más emblemático en el ámbito rural vasco es el de Goiener S. Coop, una cooperativa de generación y comercialización de energía renovable que opera desde 2012 y ha ido ampliando su base en entornos no urbanos. Su modelo se basa en la propiedad colectiva y el control democrático de la energía, permitiendo que comunidades locales inviertan, gestionen y consuman energía limpia de forma compartida. En municipios como Oñati o Aretxabaleta, la cooperativa ha impulsado instalaciones fotovoltaicas comunitarias, esquemas de reparto por coeficientes dinámicos y acuerdos con ayuntamientos para el uso de tejados públicos (Goiener, 2024).

En Galicia, la cooperativa Enerxéticamente está promoviendo comunidades energéticas en zonas rurales del sur de Lugo y norte de Ourense. Uno de sus proyectos piloto en el municipio de A Pobra do Brollón combina autoconsumo colectivo con participación ciudadana directa en la planificación y gestión de la instalación. A pesar de las limitaciones normativas —como el perímetro de 500 metros establecido por el Real Decreto 244/2019—, la iniciativa ha logrado activar un tejido local de copropiedad energética, con apoyo del INEGA y el IDAE.

Asturias ha avanzado en iniciativas más institucionalizadas, como los proyectos de autoconsumo colectivo impulsados por el Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central. Si bien su grado de participación comunitaria es más limitado, estas experiencias representan una fase inicial de transición desde la provisión pública hacia modelos colaborativos, especialmente en instalaciones térmicas de biomasa y redes locales de calor.

Cantabria, por su parte, presenta casos incipientes de comunidades energéticas rurales, como la impulsada en Rionansa en colaboración con el GAL Saja Nansa, donde se están desarrollando modelos de energía compartida con participación de pequeñas empresas, ganaderos y entidades locales. Su fase piloto está centrada en el dimensionamiento de instalaciones y la formación de una estructura jurídica cooperativa, con asesoramiento de Ecooo y la Fundación Renovables.

En conjunto, las comunidades energéticas rurales enfrentan barreras normativas, técnicas y culturales, pero cuando logran despegar, generan impactos múltiples:

• Reducción de costes energéticos y dependencia externa;

• Participación activa en la toma de decisiones estratégicas;

• Formación y empleo local vinculado al mantenimiento y gestión;

• Refuerzo del sentido de comunidad a través de un bien compartido.

Estos proyectos son clave no solo por su impacto ambiental positivo, sino por su capacidad para catalizar otras formas de gobernanza democrática, fortaleciendo la autonomía energética y el capital social del medio rural.

3.2.4. Espacios de coworking y fablabs rurales

La aparición de espacios de trabajo compartido (coworking) y laboratorios de fabricación digital (fablabs) en el medio rural de la España Verde representa una innovación significativa en términos de infraestructuras colaborativas, retención de talento y diversificación económica. Aunque su implantación sigue siendo limitada y altamente dependiente del contexto local, constituyen nodos clave en estrategias de revitalización territorial basada en conocimiento, creatividad y conectividad.

En Asturias, el programa “RuralesConectad@s” impulsado por el Principado, junto con el proyecto piloto del Coworking Rural El Valle en Tineo, han demostrado que es posible generar espacios funcionales en municipios de menos de 5.000 habitantes, siempre que se garantice conectividad digital, apoyo técnico y vinculación con el entorno productivo. Este centro, inaugurado en 2023, combina uso compartido de instalaciones, formación gratuita en competencias digitales y un espacio makers con herramientas básicas de prototipado, todo ello gestionado por una asociación local en colaboración con la administración municipal.

En Euskadi, el modelo es más maduro. El Fablab La Montaña en la comarca de Aiaraldea, vinculado a la red internacional Fab Foundation, opera como un centro de innovación rural que integra diseño colaborativo, fabricación digital y economía circular. La gobernanza se articula en torno a un consorcio entre asociaciones locales, empresas pequeñas y ayuntamientos, con un modelo de financiación mixta. Este fablab ha logrado no solo atraer proyectos de emprendimiento tecnológico, sino también articular procesos formativos ligados a la economía social, al uso sostenible de materiales y a la revalorización del conocimiento local.

En Cantabria, las experiencias son más recientes. Se está desarrollando un nodo de coworking rural autogestionado en la zona de Campoo, impulsado por jóvenes retornados y profesionales en remoto. La falta de apoyo institucional directo ha obligado a recurrir a micromecenazgo, cesión de espacios por parte de la iglesia local y alianzas con empresas de telecomunicaciones para garantizar conectividad mínima. A pesar de estas limitaciones, el espacio ha comenzado a ofrecer actividades abiertas de alfabetización digital, formación en herramientas colaborativas y desarrollo de pequeños prototipos agrícolas con impresión 3D.

En Galicia, aunque aún no existen fablabs rurales plenamente operativos, sí se han consolidado redes de telecentros evolucionados que actúan como embrión de estos modelos. Algunos municipios como Moeche, Manzaneda o A Veiga están explorando reconversiones de antiguas escuelas en espacios mixtos de coworking, innovación pedagógica y residencia temporal para profesionales itinerantes. Las barreras principales siguen siendo la falta de visión estratégica a largo plazo y la dificultad para consolidar estructuras de gestión autónomas.

En conjunto, los espacios de coworking y fablabs rurales pueden jugar un papel decisivo en:

• Atraer y retener población joven cualificada;

• Fomentar el emprendimiento no agrícola en territorios periféricos;

• Impulsar una cultura de innovación distribuida y apropiada al contexto local;

• Generar alianzas entre sectores tradicionales y emergentes.

Su éxito depende menos de la inversión inicial y más de la capacidad de anclaje territorial, gobernanza inclusiva y conexión con redes externas de conocimiento.

3.3. Evaluación de impactos sociales, económicos y medioambientales

Las 12 iniciativas analizadas presentan impactos multiescalares y multidimensionales, que no se reducen al ámbito económico, sino que se proyectan sobre aspectos estructurales como la cohesión social, la sostenibilidad territorial y la reconfiguración del poder local. A continuación se sintetizan los principales efectos agrupados en tres dimensiones clave.

a) Impacto social: reconstrucción de vínculos y empoderamiento

Todas las experiencias comparten la capacidad de reforzar el capital social en territorios rurales caracterizados por el envejecimiento, la dispersión poblacional y la desvinculación institucional. Las siguientes características fueron observadas:

• Reactivación de relaciones de proximidad (especialmente en bancos de tiempo y redes de cuidados).

• Participación intergeneracional sostenida, con implicación de mayores, jóvenes retornados y perfiles técnicos.

• Empoderamiento ciudadano a través de prácticas deliberativas, autogestión y control sobre los procesos (ej. Goiener, Amarelante).

• Inclusión de perfiles tradicionalmente marginalizados, como mujeres cuidadoras, trabajadores autónomos precarios o personas sin acceso al sistema financiero tradicional.

En algunos casos, como las comunidades energéticas, el impacto social se concreta también en una nueva cultura cívica, vinculada a la toma de decisiones colectivas sobre recursos estratégicos.

b) Impacto económico: generación de valor, ahorro y diversificación

Aunque no todas las experiencias generan ingresos directos cuantificables, sí producen externalidades económicas positivas en distintos niveles:

• Ahorro neto para las personas usuarias (ej. autoconsumo energético compartido, intercambio de servicios no monetizados).

• Generación de actividad económica complementaria, como logística de distribución en agroecología, mantenimiento técnico o formación.

• Mantenimiento de unidades productivas tradicionales mediante incorporación a canales colaborativos (castañas, hortalizas, servicios rurales).

• En algunos casos, empleo directo (Goiener, Koopfabrika) o ingresos por servicios facturados (coworking, talleres, etc.).

La economía colaborativa rural no reemplaza al tejido económico convencional, pero lo complementa, diversifica y localiza, disminuyendo la dependencia de servicios urbanos o plataformas globales.

c) Impacto medioambiental: reducción de huella y uso de recursos locales

En todas las iniciativas analizadas se identifican mejoras ambientales ligadas al modelo colaborativo, aunque con distinta intensidad:

• Reducción del transporte y de la huella logística en proyectos agroecológicos y de consumo compartido.

• Generación y consumo local de energía renovable, con baja pérdida por distribución (casos Goiener y Enerxéticamente).

• Uso racional y compartido de infraestructuras, que evita duplicaciones (coworkings, fablabs, almacenes colectivos).

• En algunos casos, educación ambiental indirecta, a través de prácticas de economía circular, uso de materiales reciclados o gestión comunitaria de residuos.

Si bien el impacto ambiental directo aún es limitado en términos agregados, el potencial transformador de estas iniciativas reside en su capacidad de redefinir las pautas de consumo, movilidad y relación con el territorio.

Síntesis transversal:
Los impactos más consistentes se observan en la dimensión social, seguidos de los efectos económicos indirectos y los medioambientales ligados a la organización cooperativa del uso de recursos. Aquellas iniciativas con mayor grado de participación estructurada (asambleas, consorcios, cooperativas de base) tienden a presentar impactos más integrales y sostenibles en el tiempo.

3.4. Factores de éxito y barreras detectadas

El análisis de las 12 experiencias colaborativas rurales revela una combinación de elementos habilitadores y obstáculos que condicionan tanto el arranque como la consolidación de estas iniciativas. Esta sección sintetiza los factores de éxito comunes y las barreras estructurales y operativas más frecuentes, diferenciando entre variables internas (propias de las iniciativas) y externas (contexto institucional, normativo o territorial).

Factores de éxito

a) Liderazgo comunitario y enraizamiento local
Todas las iniciativas exitosas presentan una figura o grupo promotor con legitimidad comunitaria, conocimiento del territorio y capacidad de mediación. La continuidad y adaptación del liderazgo son claves para superar bloqueos, fomentar la participación y sostener procesos a largo plazo.

b) Gobernanza distribuida y participación real
Los proyectos con mejores resultados sociales y organizativos son aquellos que adoptan estructuras de decisión democráticas, transparentes y abiertas, con participación efectiva de sus miembros. Las fórmulas cooperativas multiactor, los consorcios y las asambleas funcionales han mostrado especial eficacia.

c) Vinculación con redes externas de apoyo
La pertenencia a redes como REAS, Enerxéticamente, Goiener, Koopfabrika o plataformas agroecológicas ha permitido acceder a recursos técnicos, formación, visibilidad y respaldo político. Estas conexiones amplifican el alcance y refuerzan la sostenibilidad organizativa.

d) Flexibilidad operativa y adecuación al entorno
Las iniciativas que adaptan su escala, herramientas digitales, lenguaje y modelo organizativo al contexto local —en lugar de replicar fórmulas urbanas— logran mayores niveles de apropiación social y durabilidad.

e) Combinación de lógicas económicas y relacionales
El equilibrio entre eficiencia económica y valores comunitarios permite generar impacto sin perder legitimidad. Esto se observa en proyectos que ofrecen retorno económico indirecto (ahorro, servicios) y fortalecen vínculos sociales al mismo tiempo.

Barreras detectadas

a) Marco normativo inadecuado o restrictivo
Normas como el Real Decreto 244/2019, que limita el autoconsumo compartido a un radio de 500 metros, o la burocracia asociada a subvenciones públicas dificultan la escalabilidad de iniciativas energéticas, agroecológicas o de economía circular.

b) Falta de reconocimiento institucional
Muchas iniciativas carecen de un encaje claro en las políticas públicas rurales, lo que genera inseguridad jurídica, exclusión de convocatorias o falta de acompañamiento técnico.

c) Debilidad estructural y exceso de voluntarismo
Las iniciativas más informales (bancos de tiempo, redes de cuidados) dependen en exceso de la implicación personal de unas pocas personas, lo que las hace frágiles ante cambios personales o desgaste organizativo.

d) Limitaciones tecnológicas y digitales
Aunque la conectividad ha mejorado, muchas zonas aún presentan déficits de cobertura, ancho de banda o competencias digitales, lo que limita el desarrollo de plataformas colaborativas eficaces.

e) Escasa cultura de participación en algunos territorios
En zonas con baja tradición asociativa o con experiencias fallidas previas, existe desconfianza hacia los procesos colaborativos, lo que obliga a invertir tiempo y esfuerzo en generar dinámicas de confianza y aprendizaje colectivo.

Síntesis:
Las iniciativas con mayores garantías de éxito son aquellas capaces de combinar:

• liderazgo distribuido,

• redes de apoyo sólidas,

• estructura adaptable,

• y una relación simétrica con el entorno institucional.

Por el contrario, las que dependen de personas clave aisladas, carecen de marco jurídico estable o se enfrentan a barreras técnicas y culturales sin acompañamiento adecuado, tienden a desaparecer tras fases iniciales prometedoras.

4. Discusión y conclusiones

4.1. Síntesis crítica de los resultados

Los resultados del estudio muestran que las iniciativas de economía colaborativa con base territorial en la España Verde no solo son posibles, sino que ya están produciendo transformaciones relevantes en sus comunidades. Su análisis conjunto revela una doble constatación: por un lado, su impacto social y comunitario es sustancial y transversal; por otro, su viabilidad organizativa y económica sigue siendo frágil y desigual, dependiendo en gran medida de condiciones externas.

Desde una perspectiva comparativa, los casos con mayor consistencia a lo largo del tiempo comparten una serie de características comunes:

• Participación estructurada: las experiencias más estables disponen de canales formales y funcionales de toma de decisiones (asambleas, cooperativas, consorcios).

• Alineación con el territorio: aquellas iniciativas que no imitan fórmulas urbanas, sino que adaptan sus métodos y ritmos al contexto local, logran una mayor apropiación social.

• Relaciones equilibradas con la administración: el equilibrio entre autonomía organizativa y colaboración institucional facilita el acceso a recursos sin burocratización excesiva.

• Capacidad de generar valor colectivo: las experiencias que aportan tanto beneficios concretos (energía, alimentos, servicios) como sentido de pertenencia y organización comunitaria son las que mejor resisten el paso del tiempo.

Sin embargo, también se constatan patrones de fragilidad. Algunas iniciativas, especialmente en los ámbitos de cuidados o digitalización compartida, dependen excesivamente del voluntarismo de unas pocas personas. En otros casos, los marcos regulatorios vigentes —particularmente en energía o fiscalidad— limitan su escalabilidad, e incluso penalizan estructuras híbridas de gobernanza o intercambio no monetario.

Además, la dimensión tecnológica emerge como una frontera crítica. La falta de conectividad, la baja capacitación digital y la ausencia de plataformas adaptadas al medio rural obstaculizan el desarrollo de economías colaborativas más complejas o interconectadas.

En conjunto, se confirma que la economía colaborativa rural no es una alternativa totalizante ni un modelo sustitutorio, sino un sistema complementario de organización económica y social que aporta resiliencia, diversificación y cohesión. Su verdadero potencial reside en articularse con políticas públicas y redes cooperativas existentes para consolidar una gobernanza transformadora desde abajo.

4.2. Comparación con literatura internacional y casos análogos

Al situar las experiencias analizadas en el contexto de la literatura internacional sobre economía colaborativa y gobernanza rural, se aprecian coincidencias significativas con dinámicas observadas en otros territorios periféricos europeos. Sin embargo, también emergen particularidades propias de la España Verde que merecen ser destacadas.

En línea con lo expuesto por Boström et al. (2022) y Dax y Oedl-Wieser (2016), los resultados muestran que las iniciativas con mayor impacto y sostenibilidad tienden a organizarse mediante gobernanza distribuida, enfoque territorial y protagonismo comunitario real, una constante en zonas rurales escandinavas, alpinas y del centro de Europa. Igualmente, la idea de “ruralidades activas” planteada por Shucksmith (2010) encuentra correspondencia directa en casos como Goiener, Amarelante o Koopfabrika.

Respecto a la economía colaborativa, los estudios de Scaraboto et al. (2021) y Slee (2021) coinciden en destacar que los modelos rurales tienden a escapar de la lógica extractiva de plataformas urbanas, priorizando el vínculo comunitario, la reciprocidad y el acceso frente a la acumulación. Los bancos de tiempo y grupos de consumo agroecológico del estudio se ajustan claramente a esta tipología alternativa, como también se ha observado en experiencias del sur de Italia, Grecia o los países bálticos (Domanski et al., 2020).

Una diferencia clave con otros contextos europeos radica en el grado de apoyo institucional. Mientras que países como Francia, Países Bajos o Finlandia cuentan con ecosistemas públicos estables para sostener la colaboración comunitaria rural (ej. fondos específicos, marcos jurídicos adaptados, programas de acompañamiento técnico), en el caso español persisten vacíos normativos y marcos rígidos, que frenan la evolución de iniciativas híbridas o experimentales.

Por otro lado, el estudio confirma una constante detectada también en el ámbito internacional: la mayor parte de estas iniciativas emergen no como “proyectos económicos”, sino como respuestas organizativas a necesidades concretas mal atendidas por el mercado o el Estado. Esta dimensión pragmática, más que ideológica, es la que explica tanto su surgimiento como su aceptación local.

Finalmente, cabe destacar que el potencial de replicabilidad detectado en las experiencias de la España Verde es alto, siempre que se acompañe de:

• Contextos de apoyo multinivel (local, autonómico, estatal, europeo);

• Espacios seguros para la experimentación jurídica y financiera;

• Y una infraestructura técnica, formativa y digital de base comunitaria, como ya está sucediendo en redes como Rurener (UE), FabCity Global o Transition Network.

4.3. Implicaciones para el diseño de políticas públicas rurales

Los hallazgos de este estudio evidencian la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas públicas rurales: de enfoques sectoriales y asistenciales hacia estrategias integradas, participativas y capacitadoras, donde las iniciativas de economía colaborativa y gobernanza distribuida no sean tratadas como excepciones, sino como referentes estructurales.

A partir del análisis comparado y del diálogo con literatura internacional, se pueden establecer al menos cinco líneas estratégicas para orientar un nuevo marco de acción pública en el medio rural:

1. Reconocer legalmente las formas organizativas híbridas
Muchas iniciativas analizadas (bancos de tiempo, plataformas agroecológicas, fablabs) no encajan en las figuras jurídicas convencionales, lo que limita su acceso a financiación o su legitimación institucional. Las políticas rurales deben crear marcos flexibles que reconozcan entidades de base comunitaria, con procesos de validación social y acompañamiento técnico.

2. Priorizar el apoyo a estructuras de gobernanza colaborativa
Las subvenciones y programas existentes tienden a privilegiar a entidades individuales o administraciones públicas. Se recomienda establecer convocatorias orientadas a consorcios público-comunitarios, cooperativas multiactor y plataformas mixtas, reforzando la dimensión relacional y multiescalar del desarrollo rural.

3. Financiar infraestructuras cívicas y digitales compartidas
Los coworkings rurales, nodos digitales o espacios formativos necesitan inversiones sostenidas en tiempo, personal técnico y conectividad. Propuestas como los “nodos rurales de innovación cívica” pueden convertirse en catalizadores de múltiples iniciativas locales si se integran en planes autonómicos o estatales con visión de largo plazo.

4. Desarrollar sistemas de medición de impacto comunitario
Más allá del número de empleos o de empresas creadas, se hace imprescindible incorporar indicadores de cohesión social, equidad, resiliencia territorial y empoderamiento ciudadano en la evaluación de políticas públicas rurales. Esto permitiría poner en valor las iniciativas colaborativas con impacto sistémico, aunque no generen grandes cifras económicas.

5. Crear marcos de cooperación multinivel estables
La dispersión de competencias entre niveles institucionales y la discontinuidad política son obstáculos recurrentes. Se propone la creación de agendas territoriales compartidas entre administraciones, sociedad civil y sector cooperativo, que operen con continuidad independientemente de los ciclos electorales, permitiendo procesos participativos sostenidos.

En conjunto, estas implicaciones apuntan hacia un modelo de política pública que deje de concebir al medio rural como espacio receptor pasivo de ayudas y lo reconozca como un territorio de innovación sociopolítica, capaz de generar soluciones estructurales para desafíos globales como el despoblamiento, la transición ecológica o la transformación digital inclusiva.

4.4. Conclusión final: hacia una gobernanza transformadora colaborativa

Este estudio demuestra que el medio rural no es únicamente un espacio en riesgo de exclusión o dependencia, sino un laboratorio activo de innovación comunitaria, donde la colaboración, la participación y la gestión compartida de recursos están dando lugar a nuevas formas de organización social y económica.

Las iniciativas analizadas en Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi —desde bancos de tiempo hasta comunidades energéticas o plataformas agroecológicas— revelan un patrón emergente de gobernanza transformadora, basada en principios de horizontalidad, arraigo, confianza mutua y corresponsabilidad.

Estas prácticas, aún dispersas y desiguales, constituyen la base para repensar las políticas rurales desde una lógica no extractiva ni tecnocrática, sino capacitadora y relacional, que ponga en el centro la inteligencia colectiva del territorio.

Si los marcos normativos, los apoyos institucionales y las infraestructuras tecnológicas se alinean con estas dinámicas de base, el medio rural podrá pasar de ser receptor de soluciones diseñadas desde fuera a productor de soluciones propias, sostenibles y replicables.

No estamos ante una utopía, sino ante un proceso ya en marcha. Apostar por él es, en última instancia, una decisión política.

5. Recomendaciones operativas

A partir del análisis realizado, se proponen un conjunto de recomendaciones dirigidas a los principales actores implicados en el diseño, gestión y sostenibilidad de iniciativas colaborativas en el medio rural. Estas recomendaciones no constituyen un recetario cerrado, sino una hoja de ruta flexible para orientar políticas públicas, prácticas comunitarias y estrategias de desarrollo territorial.

5.1. Para administraciones públicas

• Reconocer jurídicamente las entidades colaborativas de base comunitaria, incluyendo redes de intercambio, cooperativas multiactor y fórmulas híbridas de gobernanza local.

• Incorporar indicadores sociales y relacionales en los sistemas de evaluación de programas rurales, más allá de los parámetros económicos tradicionales.

• Reducir barreras burocráticas en convocatorias y subvenciones, especialmente en proyectos liderados por pequeños colectivos, asociaciones vecinales o cooperativas emergentes.

• Impulsar infraestructuras tecnológicas inclusivas (conectividad, plataformas digitales abiertas) como condición básica para la colaboración rural contemporánea.

• Fomentar planes territoriales participativos a largo plazo, que incluyan mecanismos deliberativos y presupuestos participativos adaptados al medio rural.

5.2. Para agentes rurales y entidades sociales

• Fortalecer el liderazgo distribuido y rotativo, evitando la concentración de responsabilidades en pocas personas.

• Documentar y visibilizar las experiencias locales, generando materiales públicos que faciliten la réplica y el aprendizaje interterritorial.

• Tejer alianzas estables con redes supraterritoriales (REAS, Rurener, Koopfabrika, Enerxéticamente…), que aporten formación, apoyo técnico y legitimidad política.

• Buscar fórmulas de autofinanciación complementarias, compatibles con subvenciones públicas pero basadas en aportaciones solidarias, cuotas simbólicas o servicios compartidos.

• Cuidar la sostenibilidad emocional y organizativa, evitando el exceso de voluntarismo mediante protocolos internos de autocuidado, relevo y acompañamiento.

5.3. Para futuras líneas de investigación y acción

• Desarrollar sistemas de indicadores cualitativos, que midan impacto comunitario, resiliencia y capacidad de transformación social en entornos rurales.

• Explorar marcos comparativos internacionales, integrando experiencias del sur global, Europa del Este o zonas periurbanas con dinámica rural.

• Estudiar las interacciones entre economía colaborativa, feminización del medio rural y nuevas ruralidades digitales, para abordar fenómenos emergentes aún poco documentados.

• Evaluar longitudinalmente las experiencias para identificar fases críticas de madurez, institucionalización o crisis organizativa.

• Analizar la replicabilidad en zonas de menor capital social, donde la cultura de participación es aún incipiente, para adaptar los modelos colaborativos a contextos adversos.

6. Limitaciones del estudio

Como todo trabajo cualitativo de base empírica, este estudio presenta una serie de limitaciones metodológicas, contextuales y estructurales que es necesario reconocer para una correcta interpretación de los resultados y propuestas.

a) Representatividad limitada y selección intencionada

La muestra de casos ha sido construida mediante criterios de máxima variabilidad y relevancia cualitativa, lo que permite extraer patrones comparativos, pero no garantiza representatividad estadística ni exhaustividad territorial. Existen muchas otras iniciativas colaborativas rurales en la España Verde que no han sido incluidas por falta de documentación o tiempo de análisis.

b) Asimetría en el acceso a la información

No todas las iniciativas seleccionadas disponen del mismo nivel de sistematización documental, lo que ha dificultado una evaluación homogénea y rigurosa de todos los casos. En algunos, la información proviene de entrevistas y observación directa; en otros, de fuentes secundarias o testimonios no triangulados.

c) Dependencia de fuentes primarias subjetivas

Aunque se han triangulado los datos mediante entrevistas, observación y análisis documental, las percepciones de los actores implicados están sujetas a sesgos de deseabilidad, omisión o sobrevaloración del impacto real. La falta de datos cuantitativos sistemáticos limita la posibilidad de análisis econométrico o longitudinal.

d) Brecha digital y falta de trazabilidad tecnológica

En varios territorios, la escasa conectividad y el uso limitado de herramientas digitales dificultan tanto el desarrollo de las iniciativas como su documentación o monitoreo. Esto introduce lagunas en la trazabilidad de los procesos colaborativos, especialmente en entornos no conectados o no institucionalizados.

e) Ausencia de una capa longitudinal consolidada

Este estudio analiza experiencias activas entre 2021 y 2024, lo que implica que muchas de ellas aún se encuentran en fases tempranas de desarrollo organizativo o institucional. No se han podido aplicar análisis longitudinales completos sobre evolución, institucionalización, crisis o reconfiguración, lo cual será imprescindible en futuras investigaciones.

En síntesis, este estudio ofrece una fotografía sólida y útil de un fenómeno emergente, pero necesita complementarse con nuevas investigaciones que:

• Amplíen el espectro territorial.

• Sistematizen indicadores cualitativos y cuantitativos.

• Evalúen el impacto a medio y largo plazo.

• Incorporen miradas críticas externas e intersectoriales.

7. Referencias bibliográficas

• Allariz Concello (2023). Memoria do Bancal de Tempo 2022–2023. Concello de Allariz.

• Bauwens, M., & Kostakis, V. (2014). From the communism of capital to capital for the commons: Towards an open co-operativism. TripleC, 12(1), 356–361.

• Boström, M., Andersson, E., Berg, M., Gustafsson, K., Gustavsson, E., Hysing, E., … & Westberg, L. (2022). Conditions for transformative learning for sustainable development: A theoretical review and approach. Sustainability, 14(2), 718.

• Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.

• Dax, T., & Oedl-Wieser, T. (2016). Rural innovation systems and their impact on social inclusion. European Countryside, 8(2), 91–102.

• Domanski, D., Kaletka, C., & Schröder, A. (2020). A map of social innovation in Europe: Social innovation in marginalised rural areas (SIMRA). Eu-SPRI Forum.

• Esparcia, J. (2014). Innovation and networks in rural areas: An analysis from European innovative projects. Journal of Rural Studies, 34, 1–14.

• EUSTAFOR (2021). Forest management and governance in rural development. European State Forest Association.

• Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Aldine.

• Goiener S. Coop. (2024). Informe anual de actividad y balance cooperativo 2023. Goiener Taldea.

• González, M., & Martínez, I. (2023). Innovación social en el medio rural: Modelos, prácticas y desafíos desde el sur de Europa. Fundación Alternativas.

• Magnani, N., Argento, D., & Secco, L. (2023). Resilience and neo-endogenous development in European rural areas. Journal of Rural Studies, 101, 40–52.

• Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., & Hamdouch, A. (Eds.). (2013). The international handbook on social innovation. Edward Elgar Publishing.

• Ray, C. (2000). Endogenous socio-economic development in the European Union: Issues of evaluation. Journal of Rural Studies, 16(4), 447–458.

• Rodríguez-Pose, A., & Sandall, R. (2008). From identity to the economy: Analysing the evolution of the decentralisation discourse. Environment and Planning C: Government and Policy, 26(1), 54–72.

• Scaraboto, D., Fitzmaurice, J., & Adda, G. (2021). Collaborative consumption and sustainability: A review and research agenda. Journal of Business Research, 122, 105–120.

• Schor, J. B. (2016). Debating the sharing economy. Journal of Self-Governance and Management Economics, 4(3), 7–22.

• Shucksmith, M. (2010). Disintegrated rural development? Neo-endogenous rural development, planning and place-shaping in diffused power contexts. Sociologia Ruralis, 50(1), 1–14.

• Slee, B. (2021). Economy and sustainability in the rural collaborative economy. Journal of Rural Studies, 83, 18–26.

• Woods, M. (2005). Rural geography: Processes, responses and experiences in rural restructuring. SAGE Publications.

Próximo estudio

Fecha de publicación: Miércoles, 13 de agosto de 2025
Título:
“Vivienda asequible y repoblación rural: modelos emergentes en la España Verde”

Descubre nuestro estudio anterior: Brecha digital rural en la España Verde: diagnóstico territorial y retos para la inclusión