Castilla y León dispone de la red de farmacias más capilar de España: 6,7 oficinas por cada 10.000 habitantes frente a las 4,6 de media nacional, y dos tercios de ellas fuera de las capitales de provincia. Sobre esa base, el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León puso en marcha en agosto de 2026 una campaña institucional que cifra la red rural en 790 farmacias y 274 botiquines.

El cruce de esa cifra con la estadística oficial del Consejo General de Colegios Farmacéuticos ofrece una lectura menos tranquilizadora. Doscientas farmacias de la Comunidad operan acogidas al índice corrector de márgenes, el mecanismo que compensa a los establecimientos de viabilidad económica comprometida y que la norma reserva a núcleos de menos de 1.500 habitantes. Castilla y León reúne el 7,2 % de la red farmacéutica española y el 29,7 % de sus farmacias en régimen de excepción: más de cuatro veces su peso. Sobre la red rural que la propia campaña cifra en 790 establecimientos, son una de cada cuatro.

La capilaridad describe, por tanto, la extensión del servicio y no su solidez. Este análisis sitúa el origen de esa distancia en un modelo de planificación que distribuye establecimientos por zona y no por núcleo, y estima que sustituir la excepción actual por un modelo estable de servicios remunerados costaría menos del 0,5 % de lo que el sistema ya paga cada año a esa misma red por dispensar.

Una campaña como punto de partida

El 10 de agosto de 2026, el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León puso en marcha una campaña institucional bajo el lema «Farmacia rural. Mucho más que cohesión rural». La formulación sitúa la cohesión territorial como suelo que superar y no como techo al que aspirar. La cifra que aporta es útil y consistente: la suma de las nueve distribuciones provinciales cuadra exactamente con ambos totales. Este análisis no glosa esa cifra ni evalúa la campaña; la toma como entrada a otra pregunta, la de qué sostiene esa red y en qué condiciones.

Una red densa no es una red viable

Castilla y León contaba a cierre de 2024 con 1.597 oficinas de farmacia, el 7,2 % del total nacional, y el 66 % fuera de las capitales de provincia. Hay 1.498 habitantes por farmacia frente a los 2.178 de media española. En capilaridad no hay red comparable en el país.

El segundo elemento de la campaña, los botiquines, no es jurídicamente lo que la lectura intuitiva sugiere. El Decreto 95/2003 define el botiquín como el establecimiento sanitario vinculado a una oficina de farmacia a través del cual se garantiza la atención farmacéutica a una población que carece de oficina de farmacia. No son, por tanto, un refuerzo de la red: son la constancia administrativa de 274 núcleos sin farmacia propia. Su cobertura es derivada y tiene techo, porque ninguna oficina puede tener más de tres vinculados. Entre los supuestos de autorización figura, de forma explícita, el cierre de la única farmacia de un municipio.

La densidad describe la extensión del servicio, no su solidez. Para evaluar esta última hace falta un indicador distinto.

El dato que la campaña no incorpora

Ese indicador existe y no aparece en los materiales divulgativos. El índice corrector de márgenes exonera de las deducciones de la escala general y otorga margen adicional a las farmacias de viabilidad económica comprometida. La Orden SAN/339/2013 lo reserva en Castilla y León a las oficinas que prestan servicio a núcleos de municipios de 1.500 habitantes como máximo, o a los que la autoridad competente designe como de riesgo para el acceso a la prestación farmacéutica. Es, por construcción normativa, un instrumento rural.

A cierre de 2024 había 200 farmacias acogidas al índice en Castilla y León, sobre 672 en toda España. La Comunidad reúne el 7,2 % de la red farmacéutica española y el 29,7 % de sus farmacias en régimen de excepción: más de cuatro veces su peso.

Referido a la red rural que la propia campaña cifra en 790 establecimientos, equivale a una de cada cuatro farmacias rurales, y a más de cuatro de cada diez en Soria. Con el denominador alternativo del Consejo General —1.057 farmacias fuera de capitales—, la proporción baja a una de cada cinco. La primera lectura se ajusta mejor al criterio legal del índice; en cualquiera de las dos, el orden de magnitud es el mismo.

Infografía. De la red total a la excepción: cuatro capas de la cobertura farmacéutica en Castilla y León

Elaboración propia a partir del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (cierre 2024), CONCYL (2026) y el Consejo de Cuentas de Castilla y León. La cifra de coste es una estimación interna.

Tabla 1. Red farmacéutica rural, botiquines e índice corrector de márgenes, por provincia

ICM: índice corrector de márgenes. Farmacias rurales y botiquines: CONCYL, agosto de 2026. Farmacias totales y acogidas al índice corrector: Consejo General de Colegios Farmacéuticos, cierre a 31 de diciembre de 2024. Las dos últimas ratios son elaboración propia y cruzan fuentes de fechas distintas.

La tabla admite una segunda lectura. La intensidad con que cada provincia recurre al botiquín varía en un factor de 5,2, de los 69 botiquines por cada 100 farmacias rurales de Salamanca a los 13 de Zamora, bajo un marco normativo idéntico. Y no acompaña al grado de ruralización: Valladolid, la provincia con menor proporción de red rural, es la segunda que más recurre al botiquín. Conviven dos modelos de cobertura dentro de la misma Comunidad.

Por qué esto es un asunto rural y no solo sanitario

La Ley 13/2001 fija los módulos de planificación en 2.500 habitantes por oficina en zona urbana, 2.000 en semiurbana y 1.800 en rural. El módulo rural es el más favorable de los tres al territorio, pero no se computa por municipio sino por zona farmacéutica: garantiza un número de farmacias por zona, no una farmacia por pueblo. En una comunidad con 2.248 municipios, esa diferencia no es menor.

Los 274 botiquines son la prueba empírica de esa distancia. Son 274 núcleos que el propio sistema reconoce como carentes de oficina de farmacia y a los que atiende por vinculación a otra. Un umbral de población reparte establecimientos sobre una zona; no describe dónde vive la gente dentro de ella.

Un umbral de población describe una densidad. No describe un territorio.

El botiquín y el índice corrector son las dos piezas que el sistema añade para salvar esa distancia. La primera es organizativa; la segunda, fiscal. Y la segunda se aplica hoy a la cuarta parte de la red rural.

Es la misma disociación que documentamos al analizar la red residencial de la Comunidad: allí, una cobertura de plazas líder en España convivía con un acceso efectivo desigual en el medio rural. Aquí, la mayor capilaridad farmacéutica del país convive con una cuarta parte de la red rural sostenida por excepción. En ambos casos el indicador agregado describe el tamaño del sistema, no su funcionamiento en el territorio.

Qué cabe proponer

Remunerar servicio en lugar de compensar déficit. La Rioja pilotó entre noviembre de 2025 y abril de 2026 servicios profesionales farmacéuticos remunerados en siete farmacias de viabilidad comprometida de municipios de menos de 1.000 habitantes, con 93 pacientes de 79 años de edad media. La adherencia terapéutica correcta pasó del 33,3 % al 54,2 % y los pacientes con patología controlada, del 62,5 % al 75 %. El programa se ha prorrogado hasta diciembre de 2027 con once farmacias y 74.400 euros. El precedente existe también aquí: las Escuelas Rurales de Salud, subvencionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, incorporaron 109 farmacias de municipios de menos de 5.000 habitantes. Falta el modelo estructural, no el modelo.

De esa dotación se deduce un coste unitario aproximado de 4.500 euros por farmacia y año. Extrapolado —estimación interna, con la cautela de que ese coste puede no ser lineal a escala—, cubrir las 200 farmacias acogidas al índice costaría en torno a 0,9 millones de euros anuales, y las 790 rurales, unos 3,6 millones. El Consejo de Cuentas de Castilla y León cifró en 860 millones el gasto en receta farmacéutica de 2024. Las dos estimaciones equivalen, respectivamente, al 0,1 % y al 0,4 % de lo que el sistema ya paga cada año a esa misma red por dispensar. No es un problema de recursos.

Consolidar lo que hoy está fragmentado. El apoyo descansa en convenios provinciales voluntarios. Valladolid destina 130.000 euros en 2026, de los que 30.000 sostienen dieciséis farmacias de viabilidad comprometida y 100.000 implantan el sistema personalizado de dosificación en cuarenta y dos; Soria y Segovia mantienen acuerdos propios con distinto objeto y cuantía. La supervivencia de una farmacia depende, en parte, de la diputación bajo cuya jurisdicción se encuentre: se corrige una desigualdad territorial con un instrumento territorialmente desigual.

Actualizar el marco. La Ley 13/2001 cumple veinticinco años y el mapa de zonas farmacéuticas se revisó en 2024 tras dieciséis sin actualizar. Castilla-La Mancha aprobó en abril de 2026 una reforma de su ley farmacéutica con el objetivo expreso de favorecer la sostenibilidad de las farmacias rurales. La comparación es de método: allí se ha legislado; aquí, de momento, se ha cartografiado.

Conclusiones

La campaña afirma que sin farmacia rural no hay salud rural, y el dato lo confirma. Añade algo más incómodo: con las reglas actuales, la farmacia rural de Castilla y León existe porque una cuarta parte de ella opera bajo una excepción cuyo coste de sustitución es una fracción de lo que el sistema ya le paga. La discusión pertinente no es si la red vale lo que se dice que vale, sino si se está dispuesto a pagar por ello.

El desplazamiento que exige este caso es el mismo que en otros servicios básicos del medio rural: dejar de medir el sistema por su tamaño y medirlo por su funcionamiento en el territorio. Mientras el indicador de referencia sea la densidad, un sistema sostenido por excepción seguirá pareciendo sólido.

Limitaciones del análisis

El análisis cruza fuentes de fechas y definiciones distintas. La red rural y los botiquines proceden de la organización colegial autonómica y corresponden a agosto de 2026; las farmacias totales y las acogidas al índice corrector, del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con cierre a 31 de diciembre de 2024. Y cada fuente define el medio rural a su manera —1.057 farmacias fuera de capitales frente a 790 rurales, diferencia atribuible al tramo semiurbano—, razón por la que el texto ofrece las dos lecturas. Las ratios que cruzan ambas son elaboración propia y valen como orden de magnitud.

El Consejo General ha publicado ya la edición de 2025, en la que el total nacional acogido al índice baja de 672 a 602; su desglose autonómico no era público al cierre de este análisis. Tampoco existe registro de los núcleos sin farmacia ni botiquín, ni detalle de la zonificación que permitiría explicar la dispersión provincial de la Tabla 1: esa dispersión queda descrita, no interpretada. La estimación del coste del modelo riojano es interna y asume linealidad a escala. Todo ello acota la precisión de los resultados, no la dirección de los hallazgos.

Fuentes

Fuentes institucionales

• Comunidad de Castilla y León. Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica
• Comunidad de Castilla y León. Decreto 95/2003, de 21 de agosto, de autorización y funcionamiento de los botiquines
• Consejería de Sanidad. Orden SAN/1135/2024, de delimitación y actualización de las zonas farmacéuticas
• Consejería de Sanidad. Orden SAN/339/2013, de 9 de mayo, del procedimiento para la aplicación del índice corrector de los márgenes de las oficinas de farmacia, modificada por la Orden SAN/626/2023
• Gobierno de España. Real Decreto 823/2008, de márgenes, deducciones y descuentos en la distribución y dispensación de medicamentos, modificado por el Real Decreto 997/2022
• Comunidad de Castilla-La Mancha. Ley 2/2026, de 9 de abril, de modificación de la Ley 5/2005 de Ordenación del Servicio Farmacéutico
• Consejo de Cuentas de Castilla y León. Fiscalización de la gestión de la receta electrónica. Gasto en receta, ejercicio 2024
• Junta de Castilla y León. Cifras oficiales de población y municipios, 2025
• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Programa Escuelas Rurales de Salud

Informes sectoriales

• Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Estadísticas de colegiados y farmacias comunitarias, ediciones 2024 y 2025
• Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León. Campaña «Farmacia rural. Mucho más que cohesión rural», agosto de 2026
• Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja. Programa de Farmacia Comunitaria Rural
• Diputación de Valladolid y Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Convenio de colaboración 2026
• Diputación de Soria y Diputación de Segovia. Convenios con los respectivos colegios oficiales de farmacéuticos

Fuentes periodísticas y análisis complementarios

• Heraldo de León y Agencia Ical. Distribución provincial de farmacias e índice corrector de márgenes
• Diariofarma y El Global. Seguimiento del programa riojano de servicios remunerados y de la reforma farmacéutica de Castilla-La Mancha

Título: Farmacia rural en Castilla y León: la cobertura que se sostiene sobre una excepción
Autoría: José Luis del Campo Villares · Antonio Blanco González
Editor: CreandoTuProvincia
Fecha: 12 de agosto de 2026

El programa Kit Digital cerró sus convocatorias en octubre de 2025 con cifras que merecen ser nombradas con precisión: 860.000 ayudas concedidas, 3.067 millones de euros comprometidos, presencia en el 100 % de las provincias españolas y en más del 90 % de los municipios. Es, oficialmente, el mayor programa de digitalización empresarial de la historia de España y uno de los instrumentos más exitosos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde el punto de vista de su capilaridad territorial. Llegó, y llegó casi a todas partes. Ese dato no admite discusión y conviene reconocerlo con claridad antes de cualquier crítica.

La discusión empieza al hacer la siguiente pregunta. ¿Qué quedó en cada uno de esos municipios cuando la subvención se ejecutó? Más específicamente: ¿se construyó tejido tecnológico local capaz de sostener el avance digital del territorio una vez agotados los fondos europeos, o el bono operó esencialmente como transferencia de renta hacia las grandes operadoras de telecomunicaciones y los agregadores nacionales con sede en las capitales? La respuesta, a partir de los datos públicos disponibles, las críticas documentadas en medios especializados del sector y la propia ausencia de información oficial desagregada por tipo de agente digitalizador, es matizada pero clara: el Kit Digital ha funcionado como un excelente vehículo de digitalización básica de pequeñas empresas en todo el país, pero no ha construido sector tecnológico local en las zonas que más lo necesitaban.

Este tercer y último artículo de la serie NGEU rural se ocupa de esa diferencia. Examina la lógica que llevó a las grandes telecos y a los grandes agregadores a capturar una proporción significativa del programa, las barreras estructurales que dejaron fuera a los pequeños proveedores tecnológicos locales y, en particular, lo que esto ha significado para el tejido microempresarial de la España rural —donde la digitalización era más urgente y donde la ausencia de proveedores locales hacía especialmente improbable la creación de capacidad propia—. La conclusión cierra el arco analítico de toda la serie: ejecutar fondos sobre el territorio rural no es lo mismo que transformarlo, y el Kit Digital, pese a su éxito agregado, lo demuestra con la misma nitidez con la que lo hacían los datos de ejecución del primer artículo y el despliegue de renovables del segundo.

1. Lo que sí hizo el Kit Digital: la cobertura territorial real

1.1. Las cifras al cierre del programa

Empecemos por reconocer lo que el programa sí consiguió, porque cualquier análisis honesto debe partir de ahí. El Kit Digital se diseñó en 2021 con un objetivo cuantificado: impactar en 676.000 autónomos, microempresas y pymes españolas mediante bonos digitales destinados a financiar soluciones tecnológicas básicas —presencia en internet, comercio electrónico, gestión de clientes, factura electrónica, ciberseguridad elemental, herramientas de oficina y colaboración—. Cuatro años después, las cifras oficiales presentadas por Red.es en noviembre de 2025 muestran que el programa no solo cumplió ese objetivo sino que lo superó.

Tabla 1. Balance del Kit Digital al cierre del programa

Fuente: balance oficial publicado por Red.es y por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (noviembre 2025-febrero 2026).

Las cifras son notables. La capilaridad geográfica es particularmente reseñable: alcanzar el 100 % de las provincias españolas y más del 90 % de los municipios no es trivial para ningún programa estatal de subvenciones, y mucho menos para uno que opera por concurrencia no competitiva con tramitación íntegramente telemática. El sistema de adjudicación —rápido, automatizado mediante herramientas de inteligencia artificial y robotización de procesos, con resolución del bono en tres o cuatro semanas— ha sido genuinamente eficiente desde el punto de vista del beneficiario. Un autónomo de Albarracín o de Sayago ha podido solicitar y obtener su bono en condiciones idénticas a las de un autónomo de Madrid o Barcelona. Eso, en términos de igualdad procedimental, es un avance real.

El programa ha contado, además, con una infraestructura de proveedores muy amplia: más de 10.500 agentes digitalizadores autorizados, según los datos públicos. Es una cifra que el propio sistema gestor presenta —no sin razón— como muestra de pluralismo y de oportunidad para el ecosistema tecnológico español. Un sector con diez mil quinientos proveedores autorizados no es, en principio, un oligopolio. La cuestión, sin embargo, no es cuántos agentes hay en el catálogo, sino cuántos de esos agentes han capturado realmente el grueso del negocio. Y esa pregunta, como veremos, tiene una respuesta menos optimista.

1.2. Capilaridad geográfica vs. capilaridad económica

Hay una distinción que conviene introducir aquí porque atraviesa todo el análisis posterior. Capilaridad geográfica significa que el programa llegó físicamente a casi todo el territorio: hubo un beneficiario en casi cada municipio. Capilaridad económica significa algo distinto y mucho más exigente: que el valor económico asociado a la operación —la facturación de los servicios prestados, el empleo generado por los proveedores, el conocimiento técnico transferido— se distribuyó territorialmente de forma equilibrada. La primera dimensión es relativamente fácil de medir. La segunda es la que importa para evaluar el impacto sobre la cohesión territorial. Y la segunda, en el caso del Kit Digital, no está siendo medida de forma sistemática.

Red.es no publica información desagregada sobre la facturación capturada por cada tipo de agente digitalizador. No hay datos oficiales sobre qué porcentaje de los 3.067 millones de euros del programa fue facturado por grandes operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil/Digi, principalmente), qué porcentaje por grandes agregadores nacionales y qué porcentaje por estudios de diseño, agencias de marketing y consultores tecnológicos locales radicados en el territorio donde efectivamente se prestó el servicio. La opacidad informativa es, en este caso, parte del problema. Sin esos datos, cualquier afirmación sobre la distribución territorial del valor del programa debe apoyarse en evidencia indirecta. Y esa evidencia indirecta, recogida de medios especializados del sector, de asociaciones profesionales de diseñadores y desarrolladores, y de las propias quejas públicas de pequeños agentes digitalizadores, apunta de forma consistente en una dirección.

Figura 1. Capilaridad geográfica frente a capilaridad económica del Kit Digital

Nota. Elaboración propia. El esquema diferencia dos conceptos que el balance oficial del programa tiende a presentar como equivalentes pero que no lo son: la presencia territorial del beneficiario (alta y bien documentada) y la presencia territorial del proveedor que captura el valor (baja, no oficialmente desagregada y reconstruible a partir de evidencia sectorial indirecta).

2. Cómo se diseñó el mercado: las barreras que decidieron el resultado

2.1. Los requisitos para ser agente digitalizador

Para entender por qué la distribución territorial del valor del Kit Digital se ha producido de la forma en que se ha producido, hay que mirar el diseño regulatorio que define quién puede prestar los servicios subvencionados. Convertirse en agente digitalizador requiere cumplir ciertos requisitos de facturación previa: 100.000 euros acumulados en los dos últimos años o 50.000 euros en el ejercicio anterior, para empresas; 70.000 euros en dos años o 35.000 euros anuales, para profesionales autónomos sin empleados. Estos umbrales, que pueden parecer modestos desde la perspectiva de una mediana empresa tecnológica urbana, operan como barrera infranqueable para una parte significativa del tejido profesional del sector: pequeños estudios de diseño, freelances de desarrollo web, agencias unipersonales de marketing digital y consultores tecnológicos locales que, especialmente en territorios rurales con mercado limitado, no alcanzan habitualmente esas cifras de facturación anual.

Hay que ser preciso en la objeción: el requisito de facturación previa no es absurdo en sí mismo. Cualquier programa público de subvenciones a la prestación de servicios necesita establecer criterios mínimos de solvencia que descarten operadores improvisados sin trayectoria. La cuestión es si el umbral concreto elegido es proporcional al tamaño de los servicios que se contratan y si tiene en cuenta la realidad económica del sector en territorios de baja densidad empresarial. Cuando el bono medio en el segmento principal del programa —empresas de menos de tres empleados— es de 3.000 euros, exigir una facturación previa de 35.000 a 70.000 euros al proveedor introduce una asimetría difícil de justificar: el operador tiene que ser diez o veinte veces más grande, en términos de facturación, que el ticket medio de los servicios que va a prestar.

El resultado es que el catálogo oficial de agentes digitalizadores, aunque numeroso en términos absolutos, está sesgado hacia operadores de cierto tamaño con sede preferente en capitales de provincia o en grandes ciudades. La presencia de proveedores tecnológicos con sede en municipios rurales pequeños —los mismos municipios donde están los beneficiarios— es, según puede deducirse de los listados públicos, marginal. La consecuencia operativa es que un autónomo de un pueblo de Cuenca o de Soria que solicita su bono digital tiene que elegir, casi inevitablemente, entre agentes digitalizadores radicados fuera de su territorio. Y eso no es accidente. Es diseño.

2.2. La irrupción de las grandes telecos

Sobre esta arquitectura regulatoria se proyectó, desde el principio del programa, la estrategia comercial de las grandes operadoras de telecomunicaciones. Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil (hoy MásOrange, tras la fusión) entendieron desde el primer momento que el Kit Digital representaba una oportunidad para hacer dos cosas simultáneamente: ampliar su cartera de servicios para pymes —presencia web, ciberseguridad básica, herramientas de productividad— en un segmento de mercado que históricamente no era prioritario para ellas; y, sobre todo, captar a sus actuales clientes de conectividad como beneficiarios de bonos digitales, asegurando así su fidelización por la vía del subsidio público.

El planteamiento fue criticado tempranamente desde el sector tecnológico independiente. Hubo, de hecho, una decisión regulatoria intermedia que merece mencionarse: el Gobierno estableció que las grandes telecos debían externalizar al menos el 50 % de sus servicios subvencionables, precisamente para evitar la concentración total del programa en sus manos. Esa medida operó como freno parcial. No impidió, sin embargo, que las grandes operadoras se consolidaran como uno de los canales principales de tramitación de bonos digitales en el conjunto del país, especialmente en los segmentos de menor cualificación tecnológica del beneficiario, donde la marca y la confianza preexistente con el operador de telefonía pesan más que la elección informada del proveedor.

La dinámica resultante es lo que algunos analistas del sector han descrito como teléfono escacharrado del Kit Digital. El cliente (la microempresa rural) habla con un comercial de la teleco, que externaliza el trabajo a una plataforma intermedia, que asigna el desarrollo a un diseñador subcontratado en condiciones precarias, frecuentemente fuera del territorio del beneficiario y, en ocasiones, fuera incluso del país. El resultado, en el peor de los casos, es una web genérica de baja personalización, sin acompañamiento postventa real, sin transferencia de conocimiento al cliente y sin generación de empleo cualificado en el territorio donde se prestó nominalmente el servicio. Insisto en que no es el caso de todos los proyectos. Pero es un caso suficientemente extendido como para haber generado un debate público sostenido en los medios especializados del sector tecnológico durante los últimos tres años.

Figura 2. Diseño del mercado del Kit Digital: barreras de acceso y posicionamiento de operadores

Nota. Elaboración propia. El esquema representa los umbrales de facturación previa exigidos para acceder al estatus de agente digitalizador (100.000 € en dos años para empresas, 70.000 € para autónomos) y su efecto sobre la composición del catálogo de proveedores. Los operadores tecnológicos locales con facturación por debajo de esos umbrales —mayoritarios en territorios rurales de baja densidad empresarial— quedaron sistemáticamente fuera del sistema.

3. La microempresa rural: dónde estaba la oportunidad y qué pasó realmente

3.1. El tejido productivo al que se dirigía el programa

Para evaluar el impacto del Kit Digital sobre la España rural conviene recordar primero a qué tipo de empresas se dirigía el programa. La gran mayoría de los beneficiarios potenciales del Kit Digital en los territorios de baja densidad poblacional son autónomos individuales y microempresas de menos de tres trabajadores: comercios locales, pequeños talleres, asesorías unipersonales, despachos profesionales, explotaciones agrarias familiares, pequeños establecimientos turísticos rurales, artesanos. Es un tejido económico caracterizado por dos rasgos estructurales relevantes: una dispersión geográfica muy alta y una capacidad financiera muy limitada para invertir en tecnología sin apoyo público.

Para este tejido, un bono de 3.000 euros para digitalización no es una ayuda complementaria a una estrategia tecnológica preexistente. Es, en muchos casos, la primera inversión tecnológica significativa que el negocio realiza en su historia. Eso tiene dos implicaciones que son críticas para el análisis. La primera es que el éxito o fracaso de esa inversión inicial condiciona toda la trayectoria digital posterior del negocio: si la primera web no funciona, si el CRM resulta ininteligible, si el sistema de facturación electrónica no se adapta al flujo real de la empresa, el autónomo o microempresario tenderá a desconfiar de cualquier inversión tecnológica futura. La segunda es que la calidad del acompañamiento postventa importa muchísimo más en este segmento que en empresas de mayor tamaño con departamento técnico propio. Una microempresa rural no tiene equipo informático interno: necesita un proveedor que, además de implantar la solución, la mantenga, la actualice, la adapte a los cambios del negocio y resuelva los problemas que vayan surgiendo durante los próximos años. Ese proveedor, idealmente, debería estar cerca.

Eso es exactamente lo que el diseño del programa no ha garantizado. Cuando un autónomo de Teruel contrata su web a una gran operadora cuya plataforma de servicios opera desde Madrid o desde una capital regional remota, lo que recibe es la implantación inicial, pero no la red de proximidad que necesita para mantener viva esa inversión en el medio plazo. Es la versión digital del problema clásico de los pueblos sin servicios: el dato técnico está, pero el oficio especializado, no.

3.2. Lo que el programa no construyó: el sector TIC local

Aquí está, a juicio de quien escribe, la cuestión central del Kit Digital desde una perspectiva de cohesión territorial. Un programa público de la magnitud del Kit Digital —3.067 millones de euros, casi un millón de operaciones contratadas— ofrecía una oportunidad histórica para hacer algo más ambicioso que digitalizar pequeñas empresas una por una: construir un ecosistema sostenible de proveedores tecnológicos territorializados, capaces de mantener viva la transformación digital una vez agotados los fondos europeos. Esa oportunidad, en términos generales, no se ha aprovechado.

Lo que se ha hecho es lo otro. Se ha subvencionado la compra masiva de servicios tecnológicos a un mercado de proveedores que, en buena medida, ya existía antes del programa y que opera mayoritariamente desde los centros urbanos consolidados. El dinero ha fluido en una dirección clara: desde la administración estatal hacia la microempresa rural como beneficiaria nominal, y desde la microempresa rural hacia la sede corporativa del proveedor urbano como destinatario efectivo del flujo económico. La microempresa ha recibido un activo digital. El proveedor ha facturado el servicio. Y el territorio rural se ha quedado, una vez ejecutada la operación, sin un solo agente digitalizador adicional radicado en él, sin un solo empleo cualificado nuevo en el sector TIC local, sin una sola red de proximidad capaz de sostener la transformación digital en los próximos años.

El Kit Digital ha digitalizado a casi un millón de pequeñas empresas españolas. Pero no ha creado el sector tecnológico local que esas empresas necesitarán para mantener vivo el avance digital cuando se agoten los fondos europeos.

Conviene matizar, una vez más, para no caer en simplificaciones injustas. Hay agentes digitalizadores locales que sí han funcionado bien. Operadoras de telecomunicaciones de ámbito regional —agrupadas en asociaciones como Aotec— han hecho un esfuerzo real por llegar a microempresas de poblaciones pequeñas con un enfoque de proximidad. Pequeñas agencias de marketing digital y estudios de diseño locales se han consolidado durante estos años gracias al programa. Profesionales autónomos del sector tecnológico que sí cumplían los requisitos de facturación previa han ampliado su cartera y han adquirido experiencia. El balance, en este nivel micro, no es uniformemente negativo. Lo que se argumenta aquí es algo más específico: que el agregado, el efecto neto sobre el tejido tecnológico territorial de la España rural, ha sido limitado en comparación con la magnitud del esfuerzo público invertido. Y que ese balance limitado es atribuible al diseño del programa, no a la mala fe de los actores que se han beneficiado de él.

4. Las correcciones que habrían cambiado el resultado

4.1. Lo que aún se puede hacer (poco) y lo que habría que aprender (mucho)

El Kit Digital, a diferencia de los PERTE de renovables que analizamos en el segundo artículo de esta serie, está prácticamente cerrado. Las convocatorias principales finalizaron su plazo en octubre de 2025 y los remanentes presupuestarios disponibles, conforme a la Orden TDF/39/2026 publicada en enero de 2025, se irán agotando con las solicitudes pendientes. El margen para correcciones operativas dentro del propio programa es, por tanto, muy estrecho. Pero el aprendizaje para futuros instrumentos similares —empezando por el Kit Consulting, ya en marcha, y siguiendo por los programas que se diseñen bajo el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034— es enorme. Tres líneas de aprendizaje merecen prioridad.

4.2. Bonificar la proximidad del proveedor

La primera lección, y la más concreta, es introducir bonificaciones explícitas para los beneficiarios que contraten servicios tecnológicos con proveedores radicados en su propio territorio. No se trata de prohibir que las grandes operadoras participen —eso sería desproporcionado e ineficiente—, sino de inclinar el campo de juego para que la elección del beneficiario incorpore explícitamente el criterio territorial. Mecanismos concretos posibles: ampliar el importe del bono cuando se contrata con un proveedor con sede en la provincia o la comarca del beneficiario; reservar un porcentaje del presupuesto (por ejemplo, el 20 %) para operaciones contratadas exclusivamente con proveedores locales certificados; o, alternativamente, articular bonos específicos para zonas de Reto Demográfico que exijan, como condición de elegibilidad, la contratación con operadores radicados en el territorio.

Estas medidas no requieren reforma legislativa profunda. Son operacionalizables en el diseño de bases reguladoras de las próximas convocatorias. Su coste de implementación es bajo. Su efecto sobre la configuración del mercado de proveedores territoriales, alto. La objeción habitual —que pueden chocar con la normativa europea de competencia— es manejable cuando las medidas se justifican explícitamente por objetivos de cohesión territorial reconocidos por la propia Unión Europea.

4.3. Adaptar los umbrales de acceso a la realidad del sector

La segunda lección es revisar los umbrales de facturación previa exigidos para ser proveedor autorizado. Los requisitos vigentes —100.000 euros en dos años para empresas, 70.000 para autónomos sin empleados— fueron calibrados pensando en un mercado nacional homogéneo y operadores de cierto tamaño. Para futuros programas, sería razonable establecer umbrales diferenciados por tipología de servicio y por dimensión territorial: requisitos más bajos para profesionales autónomos del sector tecnológico que operen exclusivamente en zonas de Reto Demográfico, reconocimiento de experiencia previa demostrable como sustituto parcial de la facturación bruta, o procedimientos simplificados de homologación para pequeños estudios y agencias con cartera de clientes locales acreditada.

Esta corrección no es una concesión sectorial: es la traducción al lenguaje regulatorio de un principio elemental de cohesión territorial. Si los criterios de acceso al lado de la oferta están calibrados pensando exclusivamente en el mercado urbano, el resultado en el lado de la demanda territorial será sistemáticamente sesgado. Cualquier programa de digitalización futuro que aspire a tener impacto real sobre la cohesión necesita pensar la regulación desde los dos lados a la vez.

4.4. Transparencia obligatoria sobre la distribución del valor

La tercera lección es informativa. Como sucede con el despliegue de renovables que vimos en el artículo anterior, la opacidad sistemática sobre dónde se factura realmente cada euro del programa es, en sí misma, parte del problema. Cualquier futuro instrumento de digitalización financiado con fondos europeos debería incorporar, como requisito de seguimiento, la publicación periódica y desagregada de la información sobre la procedencia territorial de los agentes digitalizadores que han facturado servicios: porcentaje de facturación por provincia de sede del agente, porcentaje por tipología (grandes operadoras vs. agregadores intermedios vs. operadores locales), porcentaje de operaciones donde beneficiario y proveedor comparten provincia o comarca. Sin información, el debate público sobre la eficacia territorial del programa es imposible. Y sin debate público, no hay corrección futura.

La buena noticia, en este punto, es que Red.es anunció en noviembre de 2025 el Portal Kit Digital 360º, concebido como espacio de transparencia con cuadro de mando territorializado. Si esa promesa se cumple efectivamente y la información publicada incluye desagregación por tipo y sede del agente digitalizador, el primer paso para corregir el diagnóstico estará dado. Habrá que comprobarlo cuando el portal esté operativo. Hasta entonces, la afirmación queda como compromiso administrativo pendiente de verificación.

Figura 3. Tres correcciones operativas para futuros programas de digitalización territorial

Nota. Elaboración propia. El esquema sintetiza las tres líneas de aprendizaje del Kit Digital aplicables al diseño de futuros instrumentos: bonificación de la proximidad del proveedor, adaptación de los umbrales de acceso al lado de la oferta y transparencia obligatoria sobre la distribución territorial del valor. Las tres son operacionalizables sin reforma legislativa profunda.

Figura 4. Síntesis de la serie NGEU rural: tres paradojas con una misma lógica

Nota. Elaboración propia. La figura sintetiza el arco analítico de los tres artículos de la serie: paradoja de la ejecución agregada (artículo 1), paradoja verde del despliegue de renovables (artículo 2) y paradoja digital del Kit Digital (artículo 3). En los tres casos, la transferencia de capital al territorio rural se produce con éxito, mientras la transferencia de capacidad —retención de valor añadido, generación de empleo cualificado local, construcción de sector productivo sostenible— queda sistemáticamente comprometida por el diseño concreto de los instrumentos.

5. Cierre de la serie

5.1. Tres artículos, una misma lógica

Esta serie se abrió con una paradoja: los datos oficiales de la Plataforma ELISA mostraban que las comunidades del clúster rural ejecutaban los fondos Next Generation cinco puntos y medio por encima de las urbanas, lo que invertía el diagnóstico convencional sobre la debilidad institucional de la España vaciada. El primer artículo, disponible aquí, examinaba esa paradoja y proponía un concepto —ilusionismo fiscal— para nombrar la distancia entre la eficiencia financiera del gasto y su eficacia transformadora real sobre la estructura productiva del territorio.

El segundo artículo, enlazado aquí, llevaba ese análisis al terreno del despliegue de renovables. Aragón producía en 2024 cerca del doble de la electricidad que consumía. Castilla y León lideraba la producción eólica nacional. Extremadura podía autoabastecerse durante casi tres años con su propia generación renovable. Pero los grandes adjudicatarios del PERTE ERHA eran las siete u ocho empresas de siempre, con sedes corporativas en Madrid, Bilbao y Barcelona. La transferencia de capital era masiva. La transferencia de capacidad, prácticamente inexistente.

Este tercer artículo ha trasladado la misma lente al Kit Digital. El programa cubrió el 100 % de las provincias y el 90 % de los municipios con 860.000 ayudas. Pero el sector TIC local —el ecosistema de proveedores tecnológicos territorializados capaz de mantener viva la transformación digital cuando se agoten los fondos— no se ha construido. Las grandes operadoras y los grandes agregadores han capturado la parte gruesa del flujo económico. Los freelances y estudios pequeños del territorio rural han quedado fuera por barreras de facturación previa que el diseño del programa no adaptó a la realidad de la oferta local.

Tres ámbitos distintos —ejecución financiera agregada, energía, digitalización— con una misma estructura subyacente. La transferencia de capital se ha producido. La transferencia de capacidad, no. El dinero europeo ha transitado por la España rural sin asentarse en ella. Es la trampa de la cohesión que da nombre a esta serie: una arquitectura financiera diseñada con el objetivo declarado de reducir desigualdades territoriales que, en su despliegue concreto, opera —involuntariamente o no— como mecanismo que las consolida bajo apariencia de neutralidad técnica.

5.2. Lo que queda por hacer

Los fondos Next Generation tienen fecha de cierre material en agosto de 2026. El tramo final del plan se está jugando ahora, y las correcciones explícitas que se introduzcan en los próximos meses determinarán, en buena medida, qué evaluación retrospectiva merecerá el conjunto de la operación cuando se cierre el ciclo en 2027-2028. Las recomendaciones formuladas a lo largo de los tres artículos pueden sintetizarse en cuatro líneas mayores:

• Transferencia de capacidad antes que transferencia de capital. La intervención más urgente: una unidad nacional de asistencia técnica gratuita para administraciones locales rurales sin capacidad propia para preparar expedientes europeos complejos. Romper la dependencia de las grandes consultoras urbanas. Acumular conocimiento técnico en el sector público en lugar de externalizarlo.
• Rural proofing ex ante en todas las convocatorias. Ninguna convocatoria con impacto territorial significativo debería publicarse sin memoria previa de impacto rural que evalúe explícitamente cómo va a beneficiar a los territorios con menor densidad poblacional. Herramienta existente, voluntad política pendiente.
• Cláusulas vinculantes de cadena de valor local en los grandes proyectos. Los PERTE de renovables, hidrógeno, agroalimentación y otros sectores con instalación física en territorio rural deben incorporar requisitos verificables de localización territorial de la I+D, los servicios auxiliares y una proporción mínima de la cadena de suministro.
• Bonificación de la proximidad y adaptación de umbrales en programas de digitalización. Para futuros instrumentos similares al Kit Digital: ampliación del bono cuando se contrata con proveedor local, reserva de presupuesto para operadores territoriales, umbrales de acceso adaptados a la realidad económica del sector en zonas de baja densidad.

Ninguna de estas correcciones es técnicamente compleja. Ninguna requiere reforma legislativa profunda. Todas son operacionalizables con los instrumentos administrativos existentes. La pregunta de por qué, pese a ello, no se han adoptado de forma sistemática hasta ahora es la pregunta política de fondo que esta serie ha pretendido formular con claridad. La respuesta corresponde, fuera del ámbito del análisis técnico, a la conversación pública sobre qué clase de cohesión territorial queremos construir con los recursos extraordinarios que la Unión Europea ha puesto, por una vez, sobre la mesa. Esa conversación, en el momento en que se cierra esta serie, todavía no ha empezado. Empezarla es la tarea que queda.

6. Limitaciones del análisis

Tres limitaciones del análisis presentado en este tercer artículo merecen explicitarse. La primera es la ausencia de información oficial sistemática sobre la distribución territorial del valor del Kit Digital por tipo de agente digitalizador. Las afirmaciones sobre la concentración de la facturación en grandes operadoras y agregadores nacionales se apoyan en evidencia indirecta —medios especializados del sector tecnológico, asociaciones profesionales, casos documentados— y no en datos oficiales auditados. La publicación del Portal Kit Digital 360º anunciado por Red.es debería resolver esta limitación; hasta que esté operativo y verificable, el diagnóstico queda como hipótesis bien fundamentada, no como certeza cerrada.

La segunda limitación es la heterogeneidad interna del propio segmento de agentes digitalizadores. La afirmación de que los grandes operadores han capturado la parte gruesa del programa no implica que todos los proveedores no locales hayan operado mal, ni que todos los proveedores locales hayan operado bien. Hay diversidad de calidad en ambos lados, y este artículo ha intentado evitar la simplificación. Pero la dimensión territorial del problema —dónde se factura el servicio, dónde queda el empleo cualificado, dónde se construye sector TIC sostenible— es lo suficientemente robusta como para sostener el argumento agregado.

La tercera limitación es de horizonte temporal. El verdadero impacto del Kit Digital sobre la digitalización efectiva del tejido microempresarial rural se manifestará en los próximos cinco a diez años, en función de si las soluciones implantadas se mantienen vivas, si se actualizan, si generan retornos productivos reales y si construyen capacidades transferibles más allá de la operación inicial. Cualquier evaluación definitiva del programa, por tanto, deberá esperar a esa ventana temporal. Lo que aquí se presenta es un diagnóstico de la dinámica observable al cierre del programa, no una evaluación de su impacto a largo plazo.

7. Fuentes

Fuentes institucionales

• es. Balance oficial del Programa Kit Digital, noviembre 2025.
• Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 13: Impulso a la pyme.
• Acelera Pyme. Plataforma oficial de información para beneficiarios del Kit Digital y catálogo público de agentes digitalizadores autorizados.
• Boletín Oficial del Estado. Orden ETD/1498/2021 y sus modificaciones posteriores (Orden ETD/734/2022, Orden ETD/739/2023, Orden TDF/435/2024, Orden TDF/240/2025), bases reguladoras del programa.
• España Digital 2026. Línea de actuación del programa Kit Digital y anuncio del Portal Kit Digital 360º.

Informes y análisis sectoriales

• Channel Partner. Cobertura especializada del sector tecnológico sobre la implantación del Kit Digital y la posición de los agentes digitalizadores independientes.
• Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (Aotec). Participación de operadores locales como agentes digitalizadores en zonas rurales.
• Análisis del sector profesional del diseño y desarrollo web sobre las barreras de acceso al programa para freelances y pequeños estudios.

Análisis y referencias complementarias

• Galiciapress y otros medios regionales especializados. Cobertura sobre la experiencia de agentes digitalizadores en territorios concretos.
• Crónica Global y medios económicos generalistas. Cobertura sobre la posición de las grandes operadoras de telecomunicaciones en el programa.
• Series previas de CTP sobre la ejecución del Plan de Recuperación en el territorio rural (artículos 1 y 2 de esta misma serie).

Infografía

Infografía resumen del tercer y último artículo de la serie NGEU rural: éxito de capilaridad geográfica del Kit Digital, captura del valor por grandes operadores, barreras estructurales para proveedores tecnológicos locales y tres líneas de aprendizaje para futuros programas. Cierre de la serie con la síntesis transversal de las cuatro recomendaciones de política para el tramo final del Plan de Recuperación.

Autores

José Luis del Campo-Villares
Antonio Blanco González

Tipo de publicación

Artículo científico revisado por pares

Publicación

Revista Kalpana · UDET (Universidad de Especialidades Turísticas)
Número 30 · Páginas 25-46 · Julio, 2026

Resumen contextual

Este trabajo analiza el papel de las rutas verdes como instrumentos de dinamización turística, valorización del patrimonio cultural y desarrollo territorial en la España Verde (Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi). A partir del estudio comparativo de doce rutas activas entre 2022 y 2025, los autores desarrollan y aplican un Índice Integrado de Turismo Cultural (IITC) que permite evaluar de forma homogénea aspectos como la accesibilidad, el patrimonio, el impacto turístico, la gobernanza y la sostenibilidad.

Los resultados muestran que las rutas con mejores indicadores comparten elementos como una gobernanza colaborativa consolidada, una adecuada integración del patrimonio en la experiencia turística, una mayor conectividad territorial y estrategias de planificación estables. Por el contrario, la fragmentación institucional, la falta de financiación continuada o la ausencia de indicadores de seguimiento limitan el potencial de otras rutas.

El estudio concluye que las rutas verdes constituyen infraestructuras estratégicas para impulsar el desarrollo rural sostenible, favorecer la cohesión territorial, promover la movilidad sostenible y generar actividad económica ligada al patrimonio cultural. Además, propone una metodología replicable que puede servir de apoyo a administraciones públicas y gestores territoriales para la planificación y evaluación de proyectos similares.

Palabras clave

rutas verdes · turismo cultural· desarrollo sostenible · patrimonio cultural · turismo rural · España Verde

Referencia completa

del Campo-Villares, J. L. ., Blanco González, A. ., & Jardón Ferreiro, E. (2026). Rutas verdes en la España Verde: patrimonio cultural, turismo sostenible y dinamización rural. Kalpana- Revista De Investigación, 30, 25-46. https://publicaciones.udet.online/index.php/kalpana/article/view/303

Acceso a la publicación

Texto completo disponible en la editorial científica:

https://publicaciones.udet.online/index.php/kalpana/article/view/303/470

Relación con las líneas de trabajo de CreandoTuProvincia

Este trabajo se integra principalmente en la línea de Desarrollo rural sostenible, al analizar cómo las rutas verdes pueden actuar como instrumentos de cohesión territorial, diversificación económica, gobernanza local y valorización del patrimonio en el medio rural. Asimismo, mantiene una vinculación directa con Economía circular y green finance, al incorporar la economía circular como elemento de análisis y al evaluar el impacto territorial y la sostenibilidad de este tipo de infraestructuras.

De forma complementaria, el artículo conecta con Innovación tecnológica e IA aplicada mediante el desarrollo del Índice Integrado de Turismo Cultural (IITC), una herramienta metodológica diseñada para medir y comparar el rendimiento territorial de las rutas verdes a partir de indicadores objetivos que facilitan la planificación y la toma de decisiones. Aunque no constituye una investigación centrada en las energías renovables, comparte con esa línea el enfoque de evaluación territorial aplicado a políticas públicas y proyectos de desarrollo sostenible.

Estado de la publicación

Publicado · Revista científica internacional · Acceso abierto

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Autores

José Luis del Campo-Villares

Tipo de publicación

Artículo científico revisado por pares

Publicación

Revista British Food Journal · Emerald Publishing
Vol. ahead-of-print · No. ahead-of-print · Publicado online el 2 de julio de 2026

Nota: el artículo está en estado Earlycite; Emerald aún no le ha asignado volumen ni número de fascículo definitivos.

Resumen contextual

Este estudio analiza la predisposición de los consumidores españoles hacia el vino NoLo (sin y con bajo contenido alcohólico) e identifica segmentos de consumidores en España, un mercado vinícola maduro. A partir de marcos teóricos de comportamiento en salud y de adopción de innovaciones, los autores examinan si las motivaciones hacia el NoLo constituyen un constructo unidimensional o multidimensional, y qué tipologías de consumidor emergen de los perfiles motivacionales y conductuales identificados.
A partir de un cuestionario autoadministrado en una plataforma digital especializada del sector vinícola, con 688 respuestas válidas, se analizaron variables de comportamiento de consumo, motivaciones y variables sociodemográficas mediante Análisis Factorial Exploratorio (EFA) y Análisis de Componentes Principales (PCA) para la reducción de dimensionalidad, y segmentación de consumidores mediante clustering jerárquico (método de Ward) y K-means, validados con análisis de silueta y clustering difuso; las diferencias entre grupos se contrastaron con ANOVA y pruebas de Kruskal-Wallis.
Los resultados muestran que la predisposición hacia el consumo de vino NoLo está asociada principalmente a motivaciones relacionadas con la salud, el consumo previo de bebidas no alcohólicas y la preocupación por la reducción de alcohol. Se identificaron dos componentes que explican el 61,7% de la varianza total, y el análisis de clúster reveló tres segmentos de consumidores: social/trendy (orientados a tendencia y sensibles al precio), tradicional (mayor consumo de alcohol y baja aceptación de alternativas NoLo) y health-driven (fuerte motivación por la salud y mayor apertura a alternativas NoLo).
El estudio aporta una visión contextual y configuracional sobre una categoría emergente en un mercado vinícola maduro, aplicando técnicas consolidadas (EFA, PCA y segmentación por clúster). Clarifica el constructo motivacional del NoLo, ofrece tipologías de consumidor fundamentadas teóricamente, y plantea implicaciones prácticas para la industria, los responsables de políticas públicas y la investigación futura.

Palabras clave

vino sin alcohol · bebidas NoLo · segmentación de consumidores · motivaciones de salud · comportamiento de consumo de vino · España

Referencia completa

Del Campo-Villares, J. L., & Blázquez-Lozano, F. (2026).
NoLo wine adoption in Spain: consumer motivations and segmentation in a traditional wine market
British Food Journal, Vol. ahead-of-print, No. ahead-of-print; https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2026-0129

Acceso a la publicación

Acceso cerrado / por suscripción (Emerald Insight — revista de modelo híbrido; este artículo no se publicó en abierto). Resumen disponible públicamente; texto completo sujeto a suscripción institucional o compra individual:

https://www.emerald.com/bfj/article-abstract/doi/10.1108/BFJ-01-2026-0129/1385051/NoLo-wine-adoption-in-Spain-consumer-motivations

Relación con las líneas de trabajo de CreandoTuProvincia

Este artículo se vincula de forma directa con la línea de trabajo Desarrollo rural sostenible, en tanto que analiza las dinámicas económicas y de consumo de un sector estructural en numerosos territorios rurales españoles —el vitivinícola—, aportando evidencia empírica sobre su transformación ante nuevas tendencias de consumo; esta línea contempla explícitamente el estudio de «dinámicas demográficas y estructura socioeconómica» y de las «dinámicas rurales actuales» como ámbito de análisis y de aplicación del conocimiento.

Asimismo, se relaciona con la línea Innovación tecnológica e IA aplicada, cuyo ámbito de análisis incluye de forma explícita el «análisis de datos territoriales, económicos y sociales» y los «estudios de apoyo a la planificación y a la toma de decisiones». El artículo aplica un proceso analítico de datos (EFA, PCA y clustering) sobre una muestra sectorial de consumidores para derivar tipologías con implicaciones directas para la industria y los responsables de políticas públicas, encajando con esta línea en su vertiente de análisis cuantitativo aplicado a la decisión, no en su vertiente de inteligencia artificial propiamente dicha (el artículo no emplea técnicas de IA, sino estadística multivariante clásica).

Estado de la publicación

Publicado · Earlycite / ahead-of-print · Revista científica internacional revisada por pares · Acceso cerrado

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Aragón produjo en 2024 cerca de 19.500 gigavatios hora de electricidad renovable, lo que cubre prácticamente el doble de su consumo eléctrico anual. Más de la mitad de esa producción —el 54,3 % concretamente— se exportó fuera de la comunidad. Castilla y León generó ese mismo año más de 23.000 GWh renovables, suficientes para abastecerse a sí misma y a Castilla-La Mancha entera. Extremadura podría, con su producción anual, autoabastecerse durante casi tres años. Galicia se mantuvo excedentaria. Estas seis comunidades —las mismas seis del clúster rural identificado en el primer artículo de esta serie— concentran más del 80 % de la generación renovable de España.

Esto debería ser una buena noticia. Y lo es, en parte. Pero hay otra parte que rara vez se cuenta en el relato oficial de la transición energética. Las empresas que diseñan, construyen, operan y comercializan los grandes parques eólicos y fotovoltaicos instalados en estos territorios no tienen sus sedes corporativas allí. Tienen oficinas en Madrid, Bilbao, Barcelona y, en menor medida, Valladolid o Pamplona. La I+D de turbinas, la ingeniería de proyectos, el almacenamiento energético y la fabricación de componentes principales se concentran en el País Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid. Los grandes adjudicatarios de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del ámbito de las renovables y el hidrógeno verde son las mismas seis o siete empresas del IBEX-35 que ya lideraban el sector eléctrico antes de los fondos Next Generation.

El resultado, agregado, configura una dinámica que la literatura comparada ha empezado a denominar colonialismo energético: territorios rurales que asumen los costes físicos, paisajísticos y sociales de la transición —ocupación masiva del suelo, conflictos con la población local, impacto ambiental sobre la fauna y los recursos hídricos— mientras los beneficios económicos y la cadena industrial asociada se localizan fuera de su jurisdicción. La España rural cumple con su parte. La España urbana se queda con la factura.

Este segundo artículo de la serie examina la dimensión energética del fenómeno que en el primer artículo identificamos como ilusionismo fiscal: ejecutar fondos europeos sobre el territorio rural sin retener en él la capacidad transformadora. Lo hace con datos oficiales de Red Eléctrica de España actualizados a cierre de 2024 y con la información pública disponible sobre adjudicatarios del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. La conclusión es incómoda pero verificable: el diseño actual del plan está consolidando una división territorial del trabajo donde la España vaciada genera la energía y la España metropolitana captura su retorno. Hay alternativas, y los modelos europeos las muestran. Pero la voluntad política para incorporarlas es, hasta ahora, la asignatura pendiente.

1. Lo que muestran los datos de 2024

1.1. Aragón: el caso paradigmático

Empecemos por la fotografía más nítida. Aragón cerró 2024 con una producción eléctrica total de cerca de 21.900 gigavatios hora, de los cuales el 88,8 % —19.445 GWh— procedió de fuentes renovables, según los datos oficiales presentados por Red Eléctrica de España. Es la cifra más alta de la historia de la comunidad. La eólica aportó el 52,3 % del total generado, con 11.458 GWh que sitúan a Aragón como segunda comunidad eólica de España, solo por detrás de Castilla y León. La hidráulica añadió 3.807 GWh y la fotovoltaica otros 3.700 GWh aproximadamente. El conjunto del parque de generación aragonés alcanza ya los 12.368 megavatios instalados, cerca del 10 % de toda la potencia eléctrica de España.

La misma fuente oficial recoge un dato comparativo que es el que define toda la conversación. La demanda eléctrica interna de Aragón en 2024 fue de 9.994 GWh. Es decir, la comunidad produjo aproximadamente el doble de la electricidad que consumió. Más concretamente: exportó el 54,3 % de su producción a otras regiones. Esto no es un dato puntual: lleva varios años consecutivos siéndolo. Aragón es, junto con Extremadura y Castilla y León, una de las grandes plantas eléctricas del sistema español. Y lo es por una combinación de viento, agua y sol que, en términos de recursos naturales, otras regiones no tienen.

Hasta aquí, el relato encaja con la narrativa de éxito de la transición ecológica española. Una comunidad rural con potencial natural se convierte en pieza clave del sistema eléctrico nacional, contribuye a la descarbonización europea, ingresa impuestos por la actividad y debería, en teoría, beneficiarse del despliegue masivo de inversión. La parte que no encaja es la siguiente: ¿cuánto de ese valor añadido se queda realmente en Aragón?

1.2. El mapa nacional: seis comunidades hacen el 82 % del trabajo

Aragón no está sola en este patrón. Los datos consolidados de 2024 de Red Eléctrica permiten construir la siguiente fotografía territorial de la producción renovable en España. Las cifras hablan por sí solas.

Tabla 1. Producción renovable, demanda eléctrica y cobertura por comunidad autónoma (2024)

Fuente: elaboración propia a partir del Informe del Sistema Eléctrico Español 2024 (Red Eléctrica de España). Cifras de producción y demanda en GWh; cobertura = producción renovable / demanda × 100.

Las cifras descomponen la geografía energética del país en dos mundos. Cinco de las seis comunidades del clúster rural identificado en el primer artículo de esta serie son excedentarias: producen más de lo que consumen, en algunos casos varias veces más. Andalucía, la única excepción, no llega a cubrir su propia demanda porque su consumo eléctrico —arrastrado por la industria, el turismo y la población— es muy superior al del resto del clúster rural. En el extremo opuesto, Madrid produce una fracción mínima de su consumo, Baleares y Canarias son sistemas aislados con generación renovable testimonial, y Cantabria, País Vasco y La Rioja, juntas, no alcanzan el 4 % de la producción renovable nacional.

Es un mapa que repite, con casi exactitud, la geografía de la España vaciada. Las regiones con menor densidad de población y menor presencia industrial son las que cargan con el grueso de la generación renovable del país. Es lógico desde el punto de vista físico: para instalar parques eólicos de varias decenas de megavatios o plantas fotovoltaicas de varios centenares de hectáreas hace falta suelo. Y suelo, en abundancia y a precio asequible, solo lo hay en el medio rural. La cuestión no es si la transición energética debe localizarse físicamente en el campo —es prácticamente inevitable—. La cuestión es qué se hace con esa localización física desde el punto de vista económico e industrial.

Figura 1. Mapa de excedente eléctrico renovable por comunidad autónoma (2024)

Nota. Elaboración propia a partir del Informe del Sistema Eléctrico Español 2024 de Red Eléctrica. Las comunidades en tono más intenso son aquellas cuya producción renovable supera ampliamente su demanda interna (Castilla y León, Aragón, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha). El mapa reproduce, con notable fidelidad, el contorno de la España rural definida por la Ley 45/2007.

2. La paradoja verde: producir energía no es retener industria

2.1. La factura que llega y la factura que se va

En el primer artículo de esta serie, disponible aquí, formulábamos una distinción que conviene retomar ahora con calma. Existe una diferencia decisiva entre transferencia de capital y transferencia de capacidad. La transferencia de capital significa que el dinero llega físicamente al territorio: se firma un contrato en un ayuntamiento aragonés, se construye una infraestructura en un término municipal extremeño, se inscribe una inversión en el registro mercantil de una capital de provincia rural. La transferencia de capacidad significa algo distinto y mucho más exigente: que el conocimiento técnico, la propiedad de los activos, la cadena de proveedores cualificados, los puestos de trabajo de alta cualificación y el margen empresarial asociado a la operación de esos activos quedan, también, en ese territorio. La transferencia de capital es relativamente fácil. La transferencia de capacidad es muy difícil. Y casi siempre requiere diseñarla de forma explícita.

En el caso del despliegue de renovables en la España rural, la transferencia de capital es masiva. Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha están recibiendo, en términos absolutos, una inversión sin precedentes en infraestructuras de generación eléctrica. Los datos de potencia instalada lo confirman: en 2024, Aragón sumó 651 nuevos megavatios eólicos y fotovoltaicos en un único ejercicio. Castilla y León encabeza la potencia eólica nacional desde hace años. La transferencia de capacidad, en cambio, es prácticamente nula. Los promotores son grandes operadores estatales o internacionales —Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy, Acciona Energía, Capital Energy— con sede social y centros de decisión fuera del territorio receptor. La ingeniería de los proyectos la realizan firmas concentradas en Madrid, Bilbao, Pamplona y, crecientemente, Barcelona. El mantenimiento operativo, aunque exige presencia local, se contrata mediante subcontratas que operan desde sedes regionales más grandes. La I+D, cuando existe, se localiza en los centros tecnológicos consolidados del País Vasco y Navarra.

El resultado es una asimetría territorial sistemática. El territorio rural recibe la inversión física, soporta el impacto paisajístico y ambiental, ingresa algunos impuestos locales y autonómicos —el más relevante, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de característica especiales (IBI especial) que grava las grandes instalaciones eléctricas— y genera empleo directo limitado, predominantemente en las fases de construcción (temporal) y mantenimiento (estable pero de baja cualificación). Los retornos de mayor valor añadido —dividendos, márgenes de ingeniería, royalties de I+D, servicios financieros, asesoría jurídica especializada, gestión patrimonial de los activos— se facturan en las sedes corporativas urbanas. La factura física llega al pueblo. La factura económica se queda en la capital.

2.2. El PERTE ERHA y la concentración empresarial

El instrumento más visible del despliegue renovable financiado con fondos Next Generation es el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, denominado oficialmente PERTE ERHA. Su dotación total, sumando ampliaciones del REPowerEU aprobado en 2023, supera los 7.000 millones de euros de fondos públicos, que se prevé que movilicen una inversión total cercana a los 16.300 millones. La cifra es muy grande. El análisis de los adjudicatarios, también.

Las resoluciones publicadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo gestor del programa, permiten identificar el patrón con precisión. En las dos primeras grandes convocatorias del PERTE ERHA orientadas al hidrógeno renovable —el Programa H2 Pioneros y el Programa de Cadena de Valor— los adjudicatarios principales fueron Iberdrola, Cepsa, Repsol, Endesa, EDP, Enagás, Hunosa, BP y Enel. Es decir, las grandes operadoras energéticas y petroquímicas españolas y europeas, todas ellas con sedes corporativas en Madrid, Bilbao, Barcelona o capitales europeas, y ninguna con sede social en las comunidades donde se localizan físicamente los proyectos.

Conviene matizar un detalle importante antes de seguir, porque la honestidad analítica lo exige. La distribución geográfica de los proyectos físicos sí tiene sentido territorial: las plantas se ubican en Andalucía, Galicia, Asturias, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra. Y la comunicación oficial subraya que un porcentaje significativo de los proyectos se localiza en zonas de Reto Demográfico o de Transición Justa. Es cierto. Pero también lo es que el indicador relevante para evaluar el impacto sobre la cohesión territorial no es dónde se instala el electrolizador, sino dónde se factura la operación durante los próximos veinticinco años. Y esa segunda dimensión es la que el sistema actual no captura.

Los grandes parques de renovables españoles son edificios físicos sin sede social. Generan electricidad en Teruel y dividendos en Madrid. La distancia entre ambos puntos es la medida exacta del problema.

2.3. El argumento de la magnitud: por qué no basta con la fiscalidad local

Una objeción habitual a este diagnóstico es que los municipios y comunidades receptoras sí obtienen retornos económicos significativos vía fiscalidad local. Los grandes parques eólicos pagan IBI especial, Impuesto sobre Actividades Económicas, cánones autonómicos sobre el impacto medioambiental en algunas comunidades y, en ocasiones, contribuciones específicas a fondos de desarrollo local. La objeción es legítima y conviene tratarla con datos.

La fiscalidad local asociada a un parque eólico medio de 50 megavatios genera para el conjunto de administraciones locales y autonómicas receptoras unos ingresos anuales que, según estimaciones del propio sector y de la literatura especializada, oscilan entre los 200.000 y los 400.000 euros. Es dinero real, sin duda relevante para municipios pequeños que ven multiplicar sus presupuestos. Pero conviene compararlo con el flujo total de valor añadido del mismo activo: una instalación eólica de esa potencia genera, en condiciones normales de funcionamiento, ingresos brutos por venta de electricidad superiores a los 10 millones de euros anuales, con márgenes operativos que, según los estados financieros públicos de las grandes operadoras, se mueven habitualmente entre el 35 % y el 50 %. La fiscalidad local captura, por tanto, en el mejor de los casos, en torno al 4 % del valor económico que el activo genera. El 96 % restante fluye hacia los accionistas y los centros corporativos.

Cuatro por ciento es mejor que cero. Pero cuatro por ciento no es una política de cohesión territorial. Es un peaje. Y un peaje pequeño para el tipo de transformación que se está produciendo. Cuando una comarca rural se ve cubierta de aerogeneradores y placas durante varias décadas —los proyectos tienen vidas útiles de entre veinte y treinta años—, recibe una fracción minúscula del retorno económico que genera. Esa asimetría es la que está alimentando el conflicto social en torno a las renovables en zonas como la sierra de Albarracín, la comarca del Maestrazgo en Teruel, las parameras de Soria o los valles de Lugo. Y el conflicto no es ecologismo de salón ni rechazo irracional al progreso: es la respuesta racional de comunidades que están viendo cómo se reparte una tarta que se hornea en su patio.

Figura 2. Distribución del valor añadido en un parque eólico tipo: fiscalidad local vs. ingresos corporativos

Nota. Elaboración propia a partir de estimaciones del sector eólico y estados financieros públicos de las principales operadoras españolas (Iberdrola, Endesa, EDP Renováveis, Acciona Energía). Las cifras corresponden a un parque eólico tipo de 50 MW. El gráfico ilustra la asimetría estructural entre el retorno fiscal capturado por las administraciones territoriales receptoras y el valor económico total generado por el activo durante su vida útil.

3. Lo que la teoría llama backwash effects (y por qué importa)

3.1. Un concepto viejo que explica un fenómeno nuevo

Hay un concepto en la teoría económica del desarrollo regional que captura con precisión lo que está ocurriendo. Se llama backwash effect, traducible al castellano como efecto de drenaje o efecto de succión. Fue formulado en los años cincuenta por el economista sueco Gunnar Myrdal, premio Nobel en 1974, para describir un fenómeno que él consideraba sistemático: cuando una región periférica entra en relación económica con una región central, los flujos de capital, trabajo cualificado y poder de decisión tienden a moverse desde la periferia hacia el centro, no en sentido contrario. La integración económica, lejos de igualar, polariza.

La teoría tiene una versión más sofisticada y reciente, formulada por Paul Krugman en los años noventa y conocida como Nueva Geografía Económica. Krugman demostró que, en presencia de rendimientos crecientes a escala y costes de transporte decrecientes —exactamente las condiciones que caracterizan la economía contemporánea—, la concentración espacial de la actividad económica se convierte en un equilibrio estable y autorreforzante. Una vez que las grandes empresas tienen sus sedes en Madrid, Barcelona y Bilbao, todas las nuevas actividades complementarias tienden a localizarse allí también: consultoría especializada, despachos jurídicos, talento financiero, servicios de ingeniería avanzada. La aglomeración llama a la aglomeración. Y la periferia, por mucho que reciba inversión física, sigue siendo periferia.

El despliegue de renovables en la España rural es, leído con esta lente, un caso de manual. La inversión física se localiza necesariamente en el territorio rural porque allí está el recurso natural. Pero todas las actividades de mayor valor añadido —diseño tecnológico, ingeniería financiera, gestión de carteras de activos, comercialización energética, asesoría jurídica y regulatoria— se concentran en los centros urbanos donde ya estaban antes, porque allí están las economías de aglomeración que las hacen rentables. El resultado, agregado, es que los fondos Next Generation, lejos de revertir la dinámica de drenaje regional, la están amplificando: por cada euro de inversión física que llega al territorio rural, una proporción significativamente mayor del retorno asociado se desplaza hacia los centros metropolitanos.

3.2. Por qué Bruselas no diseñó esto, pero lo está produciendo

Conviene introducir una matización honesta. El diseño del PERTE ERHA no fue concebido con la intención de drenar valor desde la periferia hacia el centro. Al contrario: la documentación oficial subraya repetidamente el compromiso con la cohesión territorial, con las zonas de Reto Demográfico y con la Transición Justa para las regiones afectadas por el cierre del carbón. La intención política era inclusiva. Pero la arquitectura concreta del instrumento es la que produce el resultado descrito. Y la diferencia entre intención y resultado es lo que más importa cuando se diseñan políticas públicas que mueven miles de millones.

¿Qué elementos concretos del diseño producen el efecto? Tres, fundamentalmente. El primero es el tamaño mínimo de los proyectos elegibles. Cuando una convocatoria exige proyectos de varios megavatios de electrolizadores o varias decenas de megavatios de generación renovable, automáticamente excluye a las cooperativas locales, los pequeños promotores territoriales y las comunidades energéticas en fase de consolidación. Solo pueden presentarse las grandes operadoras estatales y las grandes utilities internacionales. La concurrencia competitiva, en estas condiciones, no es entre actores diversos: es entre actores muy parecidos.

El segundo es la exigencia de contrapartida privada y solvencia financiera. Los pliegos de los PERTE exigen aportaciones de capital privado, garantías bancarias y experiencia previa demostrable en proyectos análogos. Esto, que es razonable desde la perspectiva del control del riesgo público, opera como barrera de entrada infranqueable para cualquier actor que no sea una gran corporación. Los promotores locales y autonómicos quedan, en la práctica, fuera del juego antes incluso de empezarlo.

El tercer elemento es la ausencia de cláusulas de arraigo territorial. Salvo excepciones puntuales y poco vinculantes —menciones genéricas a la creación de empleo local, compromisos blandos de formación—, los pliegos del PERTE ERHA no exigen que un porcentaje verificable de la cadena de valor industrial asociada al proyecto se contrate con empresas radicadas en el territorio receptor. No exigen que la ingeniería se haga localmente. No exigen que el mantenimiento se realice por empresas con sede regional. No exigen que la I+D vinculada a los proyectos se localice físicamente cerca de las instalaciones. Sin esas exigencias, la inercia económica hace el resto: cada actividad se ubica donde le resulta más eficiente, y para las grandes operadoras lo más eficiente es seguir centralizando todo lo que no sea estrictamente físico.

3.3. La hipótesis política: por qué este patrón se sostiene

La pregunta natural es por qué un diseño con estas consecuencias se mantiene cuando los datos resultantes son, como muestra esta serie, problemáticos desde el punto de vista de la cohesión territorial. Aquí entra un factor que el análisis técnico tiende a esquivar pero que explica buena parte del fenómeno: la economía política de los grandes operadores energéticos en España.

Las seis o siete empresas que concentran el grueso de las adjudicaciones del PERTE ERHA son, simultáneamente, los principales actores del sistema eléctrico español, los principales inversores en renovables en términos absolutos, los principales empleadores cualificados del sector y los principales interlocutores institucionales del Ministerio para la Transición Ecológica. Diseñar un PERTE que prime la concentración no es una decisión casual: es la consecuencia lógica de un sistema regulatorio construido durante décadas en diálogo continuo con esos actores. Cualquier corrección que tuviera el efecto de redistribuir las adjudicaciones hacia operadores territoriales más pequeños chocaría con la oposición coordinada de un sector con enorme capacidad de incidencia política. No es imposible —los casos europeos que veremos en el siguiente apartado lo demuestran—. Es, simplemente, políticamente costoso. Y por eso no se ha hecho.

4. Las alternativas existen: tres modelos europeos que funcionan

4.1. Dinamarca: el derecho legal a participar

Dinamarca es el caso comparado más relevante para el debate español por una razón sencilla: tiene un perfil energético similar al que España aspira a desarrollar —elevada penetración eólica, sistema descentralizado, fuerte presencia de generación distribuida— y lleva varias décadas explorando soluciones a la pregunta de cómo asegurar que el despliegue renovable beneficie también a las comunidades locales receptoras.

La pieza clave del modelo danés es legal, no voluntaria. La legislación danesa de promoción de las energías renovables, en su versión actualizada, establece la obligación de que los nuevos parques eólicos terrestres reserven una participación mínima del 20 % del capital para los residentes en el municipio donde se ubica la instalación. No es un derecho preferente teórico ni una invitación a participar: es una obligación legal del promotor. Las acciones se ofrecen a precio de coste —no a precio de mercado— y los vecinos pueden suscribirlas individualmente o a través de cooperativas locales. El resultado es que una proporción significativa de los rendimientos económicos del parque queda, durante toda su vida útil, en manos de la comunidad receptora.

El impacto agregado de este mecanismo es notable. Dinamarca tiene una de las tasas de penetración eólica más altas del mundo y, simultáneamente, uno de los niveles más bajos de conflictividad social asociada al despliegue de renovables. La explicación no es cultural ni ambiental: es económica. Cuando los vecinos son copropietarios del parque, las turbinas dejan de ser una imposición externa y se convierten en una inversión propia.

4.2. Alemania: cooperativas energéticas a gran escala

El modelo alemán, conocido como Bürgerenergie —energía ciudadana—, es probablemente el ejemplo europeo más desarrollado de cómo una transición energética puede combinar escala industrial con propiedad distribuida. Más del 40 % de la potencia renovable instalada en Alemania está en manos de cooperativas energéticas locales, agricultores particulares, hogares con autoconsumo y pequeñas y medianas empresas, no de los grandes operadores eléctricos. Es una cifra que en el contexto español resulta casi inconcebible.

¿Cómo se llegó allí? Mediante un cóctel de instrumentos articulados de forma coherente durante dos décadas. Primero, una tarifa garantizada de larga duración para la electricidad de origen renovable (el famoso feed-in tariff) que estabilizó las expectativas de retorno y permitió que actores no profesionales asumieran riesgos. Segundo, una regulación facilitadora para la constitución de cooperativas energéticas, con marcos fiscales y societarios adaptados a su naturaleza. Tercero, programas específicos de asistencia técnica para que comunidades sin experiencia previa pudieran desarrollar proyectos. Y cuarto —el más decisivo—, mecanismos de subasta diseñados específicamente para permitir la competencia de proyectos pequeños sin que las grandes utilities los aplastaran por economías de escala.

El resultado, treinta años después del inicio del proceso, es un sistema energético donde el valor añadido de la transición se distribuye geográficamente con un grado de equidad que no tiene paralelo en Europa. No es perfecto —hay debates abiertos sobre la velocidad del despliegue, los costes para el consumidor y la coordinación con el sistema eléctrico general—. Pero la pregunta de quién captura el retorno está, en el caso alemán, resuelta de forma sustantivamente más equilibrada que en cualquier otro gran país europeo.

4.3. Irlanda: participación obligatoria y la noción de “derechos del viento”

El caso irlandés añade una tercera vía conceptual interesante. La regulación irlandesa para parques eólicos terrestres establece, desde hace varios años, esquemas obligatorios de participación de la comunidad local en los nuevos desarrollos. La obligación no es solo de información o consulta: incluye la oferta efectiva de participación accionarial, fondos de beneficio comunitario gestionados localmente, y mecanismos de revenue sharing —reparto de ingresos— vinculados a la producción del parque.

Pero la aportación más interesante del debate irlandés, desde el punto de vista conceptual, es la noción que algunos autores han denominado wind rights —derechos del viento—. La idea es desafiante: si el viento es un recurso natural localizado físicamente sobre el territorio de una comunidad, ¿por qué la explotación económica de ese viento no genera derechos patrimoniales para la comunidad propietaria del territorio? La pregunta abre un debate jurídico complejo, pero su pertinencia política es evidente. Durante décadas hemos asumido que los recursos minerales del subsuelo generan derechos patrimoniales sobre los propietarios del suelo. La pregunta análoga sobre los recursos eólicos y solares sobre el suelo es perfectamente legítima, y la respuesta que se le dé determina, en buena medida, quién captura el valor añadido de la transición.

Tabla 2. Comparativa de modelos de participación local en renovables

Fuente: elaboración propia a partir de marcos regulatorios nacionales y literatura especializada sobre comunidades energéticas en la Unión Europea.

Figura 3. Modelos europeos comparados de participación local en el despliegue renovable

Nota. Elaboración propia. El gráfico resume cuatro modelos nacionales contrastados: Dinamarca con su esquema legal de participación obligatoria del 20 %, Alemania con la Bürgerenergie y predominio cooperativo, Irlanda con community ownership reglada y el caso español con dominio de grandes operadores y ausencia de mecanismos vinculantes de arraigo territorial.

5. Qué se puede corregir todavía: cuatro líneas operativas

5.1. El margen real de actuación

El diseño actual del PERTE ERHA está, en buena medida, comprometido: las grandes convocatorias del Programa H2 Pioneros y del Programa de Cadena de Valor están resueltas o en fase final, y las inversiones físicas están en marcha. Eso no significa, sin embargo, que no haya margen para corregir el rumbo. Quedan por ejecutar tramos significativos del PERTE ERHA ampliado mediante el plan REPowerEU, especialmente los 4.200 millones destinados a renovables, hidrógeno y almacenamiento aprobados en la adenda de octubre de 2023. Hay convocatorias futuras de Valles de Hidrógeno —1.200 millones de euros con cierre de plazo el 29 de octubre de 2024 y resoluciones aún pendientes en parte— y hay líneas específicas de comunidades energéticas y autoconsumo que pueden replantearse con criterios distintos.

Sobre ese margen, cuatro correcciones realistas merecen consideración prioritaria. Ninguna requiere reformas legislativas profundas. Todas son operacionalizables con los instrumentos administrativos existentes.

5.2. Cláusulas vinculantes de cadena de valor local

La primera y más urgente es introducir, en todas las convocatorias futuras del PERTE ERHA, cláusulas vinculantes que exijan localizar un porcentaje mínimo verificable de la cadena de valor industrial en el territorio receptor del proyecto. Hablamos de un mínimo del 20 % o el 25 % del presupuesto total del proyecto destinado a empresas con sede social y centro principal de operaciones en la provincia o las provincias donde se instala la infraestructura física. No se trata de proteccionismo regional disfrazado: es la traducción operativa del principio de cohesión territorial al lenguaje contractual.

La objeción habitual a este tipo de cláusulas es que pueden chocar con la normativa europea de competencia. Es una objeción real pero superable: la propia Comisión Europea ha aceptado, en marcos específicos como las zonas de Transición Justa o las Áreas de Reto Demográfico, criterios de localización vinculantes cuando están justificados por objetivos legítimos de cohesión territorial. La cuestión es exclusivamente de diseño jurídico cuidadoso, no de imposibilidad regulatoria.

5.3. Reserva específica para comunidades energéticas locales

La segunda corrección es reservar un porcentaje del presupuesto futuro del PERTE ERHA —idealmente entre el 15 % y el 20 %— para convocatorias específicas destinadas exclusivamente a comunidades energéticas locales, cooperativas energéticas y proyectos promovidos por entidades locales o consorcios públicos territoriales. Esta reserva no compite con los grandes proyectos: opera en una liga distinta, con criterios de evaluación adaptados a la escala más pequeña, con requisitos de solvencia financiera ajustados a la naturaleza de los promotores y con asistencia técnica gratuita financiada con cargo a las propias convocatorias.

Esta línea conecta directamente con la primera recomendación del primer artículo de esta serie: la creación de una unidad nacional de aterrizaje de proyectos que preste apoyo técnico gratuito a actores territoriales sin capacidad propia para preparar expedientes complejos. Sin asistencia técnica articulada, las convocatorias para comunidades energéticas se quedan en gestos simbólicos. Con asistencia técnica, pueden convertirse en motor real de la transición distribuida.

5.4. Transparencia obligatoria sobre captura territorial del valor

La tercera corrección es informativa. Toda gran adjudicación del PERTE ERHA debería incluir, como requisito de seguimiento ex post, la publicación periódica y verificable de información desagregada sobre dónde se factura cada euro de la cadena de valor del proyecto: cuánto se contrata con empresas locales, cuánto con regionales, cuánto con nacionales, cuánto con extranjeras; cuántos empleos se han creado en la provincia receptora y cuántos en otras provincias; qué porcentaje de la actividad de I+D asociada se localiza en el territorio. Sin información, no hay debate público posible. Y sin debate público, no hay corrección política. El primer paso para resolver un problema es hacerlo visible. Y, en este momento, el problema del drenaje territorial de valor en el despliegue renovable es invisible para el ciudadano que no se sumerge específicamente en las estadísticas sectoriales.

5.5. Una conversación pendiente sobre fiscalidad energética

La cuarta corrección es la más profunda y la que excede el marco específico del PERTE. Pero conviene nombrarla porque conecta con el debate más amplio. La fiscalidad española asociada a la generación eléctrica está concebida fundamentalmente como impuesto sobre el activo físico (IBI especial, principalmente) y como contribución a fondos generales. Eso significa que el municipio receptor de un parque eólico ingresa una cantidad relativamente modesta y predecible, independientemente de la rentabilidad real del activo. En periodos de precios eléctricos altos —como los vividos en 2021-2023— los grandes operadores obtuvieron beneficios extraordinarios sustanciales mientras las administraciones territoriales receptoras siguieron ingresando exactamente lo mismo. Un sistema fiscal más sensible al ciclo, que vinculara una parte de la tributación local a la rentabilidad efectiva del activo, redistribuiría una proporción mayor del retorno hacia el territorio sin alterar la lógica de la transición. Es una reforma compleja, requiere coordinación entre ámbitos competenciales y enfrenta resistencias previsibles. Pero merece estar en la agenda. Y, hasta ahora, no lo está.

Figura 4. Flujo de valor en el despliegue renovable: escenario actual vs. escenario corregido

Nota. Elaboración propia. El esquema contrasta el flujo de valor económico en el modelo actual del PERTE ERHA (concentración del retorno en sedes corporativas urbanas) con el flujo previsible bajo las correcciones propuestas (cláusulas de cadena de valor local, reserva para comunidades energéticas, transparencia obligatoria y fiscalidad sensible al ciclo). La diferencia entre ambos escenarios no es marginal: redefine la dirección estructural del despliegue.

6. Conclusiones: el viento sopla en Aragón, pero el dinero no se queda allí

Volvamos al título. Los molinos están en Aragón. El dato no admite debate: en 2024, la comunidad produjo cerca de 19.500 GWh renovables, exportó más de la mitad de su producción eléctrica y sumó 651 megavatios nuevos de potencia instalada en un único ejercicio. El negocio, en cambio, está en Madrid y Bilbao. Tampoco admite debate: las adjudicaciones del PERTE ERHA se concentran en Iberdrola, Endesa, Cepsa, Repsol, EDP, Enagás y un puñado más de grandes operadores con sedes corporativas en los centros metropolitanos. La distancia entre ambos puntos —el lugar donde se genera la electricidad y el lugar donde se captura el retorno económico— es la medida exacta del problema que esta serie viene documentando.

Este desajuste no es accidental. Es la consecuencia previsible de un diseño que privilegia la escala industrial, las economías de aglomeración y la concurrencia competitiva entre actores muy similares. Es coherente con la teoría económica del desarrollo regional, que lleva más de medio siglo prediciendo —desde Myrdal hasta Krugman— que los flujos de capital sin mecanismos de redistribución territorial explícitos tienden a concentrar valor en los centros y a empobrecer relativamente las periferias. Es coherente, también, con la economía política del sector eléctrico español, donde un puñado de operadores con enorme capacidad de incidencia institucional ha podido moldear el diseño concreto de los instrumentos.

Lo que distingue este momento de cualquier otro es que tenemos, por primera vez en décadas, los datos para verlo con claridad. Red Eléctrica publica anualmente cifras desagregadas de producción por comunidad. El IDAE publica los listados de adjudicatarios de cada convocatoria. La plataforma ELISA permite cruzar los flujos con la geografía territorial. Y los modelos europeos —Dinamarca, Alemania, Irlanda— demuestran que existen alternativas operativas que combinan despliegue masivo de renovables con retención significativa del valor en las comunidades receptoras. La cuestión no es técnica. La cuestión es política.

Esta serie cerrará en el tercer y último artículo con el análisis del Kit Digital y la fractura digital de la microempresa rural. Allí veremos cómo la misma lógica que opera en el despliegue energético —ejecutar la inversión sobre el territorio rural sin retener en él la capacidad transformadora— se reproduce, con matices propios, en la transformación digital del tejido microempresarial. Los protagonistas cambian. La mecánica, prácticamente no. Y la conclusión, tampoco: los fondos Next Generation pueden todavía cumplir su promesa de cohesión territorial, pero solo si se introducen correcciones explícitas en su diseño concreto. La inercia no las traerá.

7. Limitaciones del análisis

El análisis presentado se apoya en datos oficiales de Red Eléctrica de España con cierre 2024 y en información pública publicada por el IDAE sobre los adjudicatarios del PERTE ERHA. Tres limitaciones merecen explicitarse.

La primera afecta a la cuantificación de la captura territorial del valor. La estimación de que la fiscalidad local captura aproximadamente el 4 % del valor económico generado por un parque eólico tipo procede de la combinación de información sectorial publicada y estados financieros de las grandes operadoras. Es una aproximación razonable, pero no un dato auditado: los flujos exactos entre tramos territoriales no están sistemáticamente publicados en formato comparable. Una mejora sustancial en este diagnóstico requeriría auditoría pública sistemática de los flujos de valor en los grandes proyectos de renovables, que hasta la fecha no está disponible.

La segunda es de horizonte temporal. La vida útil de los grandes activos renovables se prolonga durante veinte o treinta años. Las consecuencias económicas reales del modelo actual de despliegue se manifestarán en plazos mucho más largos que los analizados aquí. El diagnóstico es, por tanto, una fotografía del momento presente, no una evaluación cerrada del impacto a largo plazo.

La tercera es comparativa. Los modelos europeos referenciados —Dinamarca, Alemania, Irlanda— operan en contextos institucionales, fiscales y regulatorios diferentes del español. Su transposición no puede ser mecánica, y cualquier propuesta de corrección debe adaptarse a las particularidades del sistema español de competencias compartidas entre Estado y comunidades autónomas. Los modelos ofrecen evidencia de viabilidad de los principios; no plantillas de aplicación directa.

8. Fuentes

Fuentes institucionales

• Red Eléctrica de España. Informe del Sistema Eléctrico Español 2024 y Las Renovables en el Sistema Eléctrico Español 2024. Madrid, marzo de 2025.
• Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Resoluciones definitivas del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA).
• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable y Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.
• Gobierno de Aragón. Vicepresidencia de Presidencia, Economía y Justicia. Boletín de Coyuntura Energética de Aragón 2024.
• Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 9 y Componente 31 (REPowerEU).

Informes sectoriales

• Asociación Empresarial Eólica (AEE). Macromagnitudes del sector eólico en España.
• Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Informes anuales de coyuntura.
• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informes de supervisión del sector eléctrico.

Análisis y referencias complementarias

• Climática (La Marea). Análisis de la distribución territorial de la producción renovable en España.
• Cuadernos de la Fundación Renovables. Comunidades energéticas y transición justa.
• Greenpeace España. Informes sobre conflictividad social asociada al despliegue de renovables.
• Análisis comparados sobre modelos europeos de propiedad comunitaria en renovables (publicados en medios especializados europeos y plataformas académicas de acceso abierto).

Infografía

Infografía resumen del segundo artículo de la serie NGEU rural: producción renovable concentrada en seis comunidades del clúster rural, captura del valor añadido en sedes corporativas urbanas, comparativa con modelos europeos y cuatro correcciones operativas para el tramo final del PERTE ERHA.

Las regiones rurales de España no están ejecutando peor los fondos Next Generation que las urbanas. Están ejecutándolos mejor. La paradoja es exactamente esa: los datos oficiales a 30 de abril de 2025 muestran que las comunidades del clúster rural —Extremadura, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía— han resuelto el 78,5 % de los fondos convocados, frente al 73,1 % del clúster urbano. Una brecha de cinco puntos y medio que invierte la hipótesis convencional sobre la debilidad administrativa de la España vaciada y obliga a replantear cómo se está leyendo el papel del mayor instrumento financiero de la Unión Europea desde el Plan Marshall.

Ese dato, sin embargo, no significa lo que parece. Una ejecución alta no es lo mismo que una transformación productiva alta. Las regiones rurales han logrado mover el dinero con eficiencia porque cuentan con un sector público autonómico relativamente más grande y con menos tejido empresarial privado capaz de absorber capital. Eso facilita gastar rápido, mediante encargos a medios propios, licitaciones de obra convencional y proyectos de baja complejidad técnica. Pero el mismo PIB per cápita de esas regiones crece menos que el de las urbanas en el periodo 2019-2023 (un 9,1 % frente a un 10,4 %), pese a recibir una intensidad de ayuda por habitante incluso ligeramente superior. La velocidad del gasto no se traduce en convergencia económica.

Este artículo abre una serie de tres piezas que analizan, desde una perspectiva territorial, qué está ocurriendo realmente con los fondos europeos en la España rural. La cuestión central no es si llega el dinero, sino qué deja a su paso. Y la respuesta empírica obliga a separar dos planos que con frecuencia se confunden: la eficiencia burocrática de tramitar el gasto y la eficacia transformadora de modificar la estructura productiva. Lo primero se está consiguiendo. Lo segundo, mucho menos.

El diagnóstico se apoya en datos públicos —Plataforma ELISA del Ministerio de Hacienda e Instituto Nacional de Estadística— y desemboca en una conclusión incómoda: el diseño de los fondos Next Generation, basado en convocatorias competitivas estatales y proyectos tractores tecnificados, está siendo aprovechado por las regiones rurales para sostener el ciclo de obra pública y servicios autonómicos, pero no para construir nuevo tejido empresarial capaz de retener valor añadido en el territorio. El dinero europeo transita por la España vaciada. No se asienta en ella.

1. La paradoja que nadie esperaba encontrar

1.1. Lo que decía el manual y lo que dicen los datos

Hasta hace muy poco, el diagnóstico sobre los fondos europeos y la España rural era casi un consenso. Los ayuntamientos pequeños no podían competir. Sus plantillas estaban envejecidas, sus departamentos técnicos eran inexistentes y la complejidad regulatoria del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia —el corazón financiero del Next Generation EU— les quedaba grande. La conclusión derivada era previsible: el dinero europeo terminaría concentrado en los grandes núcleos urbanos, donde existe capacidad técnica para diseñar consorcios complejos, presentar memorias robustas y cumplir los hitos exigidos por Bruselas. La España vaciada, una vez más, llegaría tarde.

Los datos oficiales de la Plataforma ELISA, con corte a 30 de abril de 2025, dicen otra cosa. Y dicen exactamente lo contrario. Las seis comunidades autónomas con perfil rural más marcado —medido conforme a los criterios objetivos de la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural— ejecutan, en promedio ponderado por población, casi seis puntos porcentuales más rápido que las once comunidades del clúster urbano e industrial. Extremadura roza el 93,3 % de resolución. Aragón supera el 93,5 %. Castilla y León y Castilla-La Mancha se sitúan por encima del 81 %. Frente a ellas, Madrid se queda en el 62,3 %, la Comunidad Valenciana en el 63,3 % y Canarias en el 51,7 %.

La primera reacción es de incredulidad. Si las administraciones rurales son tan limitadas como sugería el diagnóstico convencional, ¿cómo es posible que estén batiendo a las grandes locomotoras económicas del país en su propio terreno? La respuesta no requiere reescribir el manual. Requiere, simplemente, leer con atención qué se está midiendo y qué se está dejando fuera del foco.

1.2. La hipótesis del “nuevo Plan Marshall” y por qué importa contrastarla

Cuando la Unión Europea aprobó en 2020 el programa Next Generation EU como respuesta a la crisis de la COVID-19, el adjetivo más repetido fue “histórico”. Setecientos cincuenta mil millones de euros movilizados, una emisión común de deuda sin precedentes, un giro hacia la transición verde y digital convertido en condición política. La comparación con el Plan Marshall surgió de inmediato. Si la ayuda norteamericana de 1948 reconstruyó la Europa devastada por la guerra, los fondos NGEU debían reconstruir la Europa desigual del siglo XXI.

La comparación funciona como gancho narrativo, pero engaña en lo esencial. El Plan Marshall actuaba sobre tejido industrial existente y lo reactivaba mediante infraestructuras básicas y crédito a la importación. El NGEU opera bajo una lógica radicalmente distinta: condicionalidad temática estricta, con un 37 % obligatorio destinado a transición verde y un 20 % a transformación digital. Los fondos europeos actuales no se inyectan de forma capilar en la economía local. Se canalizan mediante convocatorias competitivas estatales —los famosos PERTE, Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica— diseñados para que ganen los proyectos más sofisticados, los consorcios mejor articulados y las empresas con capacidad de movilizar contrapartida privada.

Ese diseño, calibrado para premiar la excelencia tecnológica, define quién puede jugar la partida. Y la pregunta crítica para cualquier análisis territorial honesto es si la España rural tiene la estructura productiva necesaria para competir en ese campo de juego. Si no la tiene, los fondos europeos pueden estar llegando al territorio sin transformarlo. Pueden estar ejecutándose sin convertirse en capacidad. Pueden estar pasando por allí.

1.3. Lo que esta serie se propone responder

Este artículo y los dos siguientes responden a una pregunta sencilla, formulada con la mayor exigencia posible: ¿están los fondos Next Generation reduciendo la brecha entre la España urbana y la rural, o la están consolidando? La pregunta admite respuestas distintas según el nivel de análisis. En términos financieros agregados, los datos sugieren que el dinero está llegando al territorio rural con incluso mayor velocidad relativa que al urbano. En términos transformadores —si miramos qué se está construyendo realmente con ese dinero— el panorama cambia de forma sustantiva.

La primera pieza de la serie se centra en el dato bruto de ejecución y su interpretación. La segunda profundiza, como veremos en el siguiente artículo de la serie, en la paradoja verde del despliegue de renovables: Aragón produce el 180 % de la energía eléctrica que consume, pero la cadena industrial asociada se localiza fuera de la comunidad. La tercera, que cerrará la trilogía, examina por qué el programa Kit Digital ha funcionado como subvención al consumo de servicios TIC urbanos sin crear sector tecnológico local en el medio rural. Tres ángulos, una misma lógica: ejecutar no equivale a transformar.

Figura 1. Distribución de comunidades autónomas por clúster territorial (Rural vs. Urbano)

Nota. Elaboración propia a partir de la Ley 45/2007 e Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Regional de España (2024). El clúster Rural agrupa las seis comunidades con mayor porcentaje de superficie y población clasificables como rurales conforme a los umbrales legales de densidad (<100 hab/km²) y tamaño municipal (<30.000 habitantes).

2. Radiografía de la ejecución: lo que dicen las cifras

2.1. La brecha invertida

Empecemos por los números agregados, que son los que sostienen toda la argumentación posterior. La tabla siguiente resume los cuatro indicadores clave que definen la dinámica diferencial entre la España rural y la urbana en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tabla 1. Indicadores agregados de ejecución por clúster territorial

Fuente: elaboración propia a partir de Plataforma ELISA (abril 2025) e INE. Medias ponderadas por población.

El primer dato es el más comentado y el más malinterpretado. Las regiones rurales ejecutan más rápido. Punto. No hay manera de leer las cifras oficiales y sostener lo contrario. Pero el segundo dato exige una pausa: la intensidad de ayuda por habitante es prácticamente equivalente en ambos clústeres —1.257 euros frente a 1.232— lo que descarta de raíz cualquier argumento sobre que la España rural esté recibiendo un trato preferente cuantitativo. Recibe casi lo mismo, y mueve más rápido lo que recibe.

El tercer dato es el que enciende la primera alarma estructural. A pesar de gastar con mayor agilidad, el PIB per cápita de las regiones rurales ha crecido un 9,1 % entre 2019 y 2023, frente al 10,4 % de las urbanas. La diferencia, 1,3 puntos porcentuales, debe leerse con cautela: el periodo incluye el shock asimétrico de la pandemia, que castigó más a las regiones intensivas en turismo y servicios (predominantemente urbanas) durante 2020 y las benefició relativamente más en la recuperación posterior. No es, por tanto, una prueba causal cerrada de que los fondos no estén funcionando. Pero sí es un indicio sólido de que el efecto multiplicador esperable —si la ejecución estuviera generando transformación productiva real— no se está manifestando.

El cuarto dato cierra el círculo y explica los tres anteriores. En el clúster rural, el sector público representa el 24,1 % del Valor Añadido Bruto regional. En el clúster urbano, el 18,3 %. Casi seis puntos de diferencia estructural. Esa cifra es la clave interpretativa de toda la paradoja: cuando una proporción mayor de la economía regional pasa por la administración pública —sanidad, educación, servicios sociales, obra civil, empresa pública autonómica—, los fondos europeos disponen de un canal de gasto natural y rápido. Las comunidades rurales ejecutan más velozmente porque tienen menos alternativas. Lo que parece eficiencia administrativa es, en realidad, dependencia estructural del sector público como inversor de último recurso.

2.2. Las 17 comunidades, una a una

El análisis agregado oculta diferencias internas relevantes. La tabla siguiente recoge la ejecución acumulada por comunidad autónoma a 30 de abril de 2025, ordenada de mayor a menor ratio de resolución. Los matices que aparecen ahí son tan importantes como el dato medio.

Tabla 2. Ratio de resolución financiera por comunidad autónoma

Fuente: Plataforma ELISA, datos acumulados 2021-abril 2025. Cifras en millones de euros. Tipología según Ley 45/2007.

Tres lecturas destacan al recorrer la tabla. La primera es que las comunidades en el extremo alto del ranking no responden a un patrón único. Murcia encabeza con un 95,8 % pese a ser urbana, Aragón le sigue con un 93,5 %, Extremadura está casi empatada con un 93,3 % y Asturias —híbrido urbano-industrial con peso histórico del sector público— alcanza el 90,3 %. Lo que comparten estas cuatro comunidades no es el perfil territorial, sino algo más sutil: una cartera de proyectos relativamente menos compleja en términos tecnológicos, con peso elevado de inversiones de tramitación rápida (regadío eficiente, eficiencia energética en edificios públicos, digitalización agroindustrial básica) y menor exposición a los grandes PERTE de alta complejidad.

La segunda lectura tiene que ver con el extremo bajo. Canarias se queda en el 51,7 %, Navarra en el 62,2 %, Madrid en el 62,3 % y la Comunidad Valenciana en el 63,3 %. Cuatro comunidades muy diferentes entre sí, pero unidas por un mismo factor: concentran proyectos de alta complejidad técnica —Madrid en particular alberga buena parte de los PERTE de Vehículo Eléctrico, Chip y Economía Social—, lo que multiplica los plazos de maduración, exige consorcios articulados y aumenta la probabilidad de recursos administrativos que paralizan el contador. El paradójico bajo rendimiento de Madrid no refleja incompetencia. Refleja que está jugando en una liga más exigente.

La tercera lectura es Cataluña. Con un 85,4 %, queda por encima de la media nacional y por encima incluso del clúster rural. Es la única gran locomotora económica que combina volumen de fondos (9.049 millones convocados, el máximo absoluto) con eficiencia de ejecución. Esa combinación no es casual. Cataluña aporta lo que ni Madrid ni Valencia aportan: una estructura administrativa territorialmente descentralizada con experiencia acumulada en la gestión de fondos europeos previos (FEDER, FSE), un tejido empresarial diversificado capaz de absorber proyectos heterogéneos y una tradición de cooperación público-privada que reduce los tiempos de tramitación. Es la excepción urbana positiva. Y conviene subrayarla, porque demuestra que el problema no es estructuralmente metropolitano: es de cómo cada administración prepara su cartera.

Figura 2. Ranking comparado: ratios de resolución financiera por comunidad autónoma

Nota. Elaboración propia a partir de Plataforma ELISA, datos acumulados 2021-abril 2025. Las barras del clúster Rural aparecen destacadas en tono diferenciado para visualizar la posición relativa frente al clúster Urbano. Murcia, pese a su clasificación urbana, aparece encabezando el ranking por una cartera de proyectos funcionalmente cercana al perfil rural (regadío, agroindustria, eficiencia energética).

2.3. El caso Extremadura: cuando la pequeña escala se convierte en ventaja

Extremadura merece una mirada propia. Con apenas 1,07 millones de habitantes y una densidad poblacional inferior a 26 habitantes por kilómetro cuadrado, es la comunidad rural por excelencia del análisis. Y, sin embargo, ha resuelto el 93,3 % de los 1.971 millones convocados, situándose como tercera del ranking nacional. ¿Cómo se explica?

La respuesta está en lo que normalmente se considera una debilidad estructural y que en el contexto del MRR opera como ventaja competitiva. La estructura administrativa extremeña es pequeña, vertical y centralizada. Hay menos organismos intermedios entre el Ministerio sectorial correspondiente y la Junta. Las cadenas de decisión son cortas. La interlocución con Madrid es directa. Eso, que en condiciones normales puede ser síntoma de débil capacidad de planificación estratégica, en el contexto de unas convocatorias con plazos rígidos se traduce en mayor agilidad de tramitación.

A esto se suma un segundo factor que cualquier análisis honesto debe nombrar. Para una región con escaso dinamismo empresarial privado, los fondos Next Generation no son una oportunidad complementaria. Son el plan de inversión estructural de la década. Toda la capacidad funcionarial disponible se ha volcado en su ejecución, y los recursos disponibles se han priorizado hacia los ámbitos donde la administración regional sabe operar: infraestructuras hidráulicas, eficiencia energética en edificios públicos, modernización de regadíos, dotación tecnológica del sector agroalimentario. Son inversiones legítimas, técnicamente solventes y de retorno social tangible. Pero —y aquí empieza el segundo nivel del análisis— no transforman el modelo productivo extremeño. Lo sostienen. Que no es lo mismo.

3. El efecto sustitución: por qué el sector público rural ejecuta tan rápido

3.1. La hipótesis convencional y por qué falla

La literatura comparada sobre absorción de fondos europeos había desarrollado durante años un concepto preciso para explicar por qué algunas regiones gastan peor que otras: la trampa de capacidad administrativa. La idea, en su versión más resumida, sostiene que las administraciones públicas pueden quedar atrapadas en un ciclo donde adoptan la apariencia formal de organizaciones modernas —rellenan los formularios, cumplen las auditorías, generan los indicadores requeridos— sin desarrollar la función real que esos formularios pretenden capturar: diseñar proyectos transformadores, evaluar impactos, planificar a medio plazo. Bajo esta lógica, las regiones rurales españolas, con plantillas envejecidas y sin grandes departamentos técnicos, deberían sufrir esta trampa de forma especialmente aguda. Y deberían, por tanto, ejecutar peor.

Los datos refutan esa predicción de forma sistemática. Pero no porque las debilidades señaladas sean inexistentes —lo son, y son reales—, sino porque el marco teórico subestimaba un factor decisivo: la plasticidad del sector público autonómico como actor inversor de último recurso. Cuando el tejido empresarial privado es débil y la demanda solvente para liderar consorcios industriales complejos es escasa, la administración regional reorienta el flujo masivo de capital europeo hacia los canales que sabe operar. Y los canales que sabe operar son, fundamentalmente, los encargos a sus medios propios.

3.2. Cómo funciona en la práctica: el papel de los medios propios

Un medio propio es, en términos administrativos sencillos, una empresa pública o entidad instrumental que pertenece a una administración y que puede recibir encargos directos sin necesidad de licitar en concurrencia competitiva. En el ámbito estatal, TRAGSA y TRAGSATEC son los ejemplos más conocidos. En el ámbito autonómico, cada comunidad tiene su propia red de entidades instrumentales: GISA en Cataluña, IDAE en algunas líneas estatales con extensión autonómica, sociedades públicas regionales para vivienda, infraestructuras, suelo industrial, energía o medio ambiente.

Para la administración que necesita ejecutar un volumen de inversión muy elevado en un plazo muy corto —exactamente la situación creada por el MRR—, el encargo a medios propios es la herramienta más eficiente disponible. Elimina el tiempo de licitación pública abierta, evita el riesgo de declaraciones de desierto cuando no se presentan licitadores en zonas remotas, acorta los plazos de adjudicación y reduce drásticamente la litigiosidad asociada a la contratación. Es legal, es rápido y permite cumplir los hitos comprometidos con Bruselas.

El problema no es el instrumento en sí. Es lo que su uso intensivo implica desde la perspectiva del impacto transformador. Cuando una proporción elevada de los fondos europeos se canaliza vía medios propios, lo que se está haciendo es, esencialmente, financiar la actividad ordinaria del sector público autonómico con cargo a un instrumento extraordinario que, según el principio de adicionalidad del propio reglamento europeo, debería financiar inversiones que no habrían tenido lugar con cargo a presupuestos ordinarios. La frontera entre adicionalidad e impropia sustitución de gasto recurrente es, en la práctica, mucho más borrosa de lo que la normativa supone.

3.3. La cuenta que casi nadie hace: a quién acaba llegando el dinero

Hay un ejercicio mental sencillo que ilumina el debate. Imagine un ayuntamiento rural de la provincia de Soria, con 800 habitantes y un secretario-interventor compartido con otros cuatro municipios. Ese ayuntamiento recibe la notificación de una convocatoria estatal para digitalizar su gestión administrativa con fondos NGEU. El plazo es de tres meses. Los requisitos técnicos exigen presentar un plan de transformación digital, una memoria de impacto, una estructura de hitos verificables y un presupuesto desagregado. ¿Quién hace ese expediente?

La respuesta empírica es que en el 90 % de los casos lo hace una consultora externa contratada por el propio ayuntamiento o por la diputación provincial correspondiente. Esa consultora está casi siempre radicada en Madrid, Valladolid o Bilbao. La consultora cobra sus honorarios. El proyecto se aprueba. Los fondos se ejecutan. La plataforma ELISA registra el municipio rural como beneficiario. Pero el conocimiento técnico, el margen empresarial y el empleo cualificado asociados a la operación se han facturado en la sede corporativa urbana de la consultora. El dinero europeo ha cruzado el territorio rural sin asentarse en él.

La ejecución se computa donde se firma el expediente, no donde se genera el valor añadido. Esa diferencia explica por qué la España rural puede gastar más rápido y crecer menos al mismo tiempo.

Este patrón se reproduce a mayor escala en los proyectos de cierta envergadura. La obra civil rural se adjudica frecuentemente a constructoras nacionales o regionales con sede fuera del territorio receptor. La instalación de placas fotovoltaicas la ejecutan empresas urbanas que envían cuadrillas temporales. La modernización de regadíos la diseña una ingeniería de Madrid o Zaragoza. El resultado, agregado, es un sistema donde la España rural funciona como espacio físico donde se materializa la inversión pero no como agente económico que captura su retorno.

Figura 3. Esquema del efecto sustitución: cómo el sector público autonómico canaliza los fondos NGEU en territorios rurales

Nota. Elaboración propia. El diagrama representa el flujo desde la asignación estatal hasta el destino final del valor añadido, mostrando cómo la canalización vía medios propios y consultoras externas urbanas produce ejecución rápida sobre el terreno rural sin transferencia equivalente de capacidad técnica ni retorno empresarial al territorio receptor.

4. Ilusionismo fiscal: la ilusión óptica de la convergencia

4.1. Qué muestran los indicadores oficiales y qué dejan fuera

La Plataforma ELISA es, en este momento, el sistema oficial más completo de seguimiento del Plan de Recuperación. Permite consultar cuántos millones se han convocado, cuántos se han resuelto, cuántos están en ejecución y cuáles son los principales beneficiarios. Es, en lo financiero, una herramienta valiosa. Pero la propia naturaleza del sistema impone un sesgo de medición que conviene nombrar con claridad: ELISA mide la velocidad del gasto, no la profundidad del cambio estructural que ese gasto produce.

Esta diferencia, que puede parecer técnica, es crítica. Si el indicador principal de éxito del Plan de Recuperación es la ratio de resolución financiera, las administraciones se orientarán a maximizar ese indicador. Y la forma más rápida de maximizarlo es priorizar proyectos de tramitación sencilla, plazos cortos y baja complejidad técnica. Proyectos que, por las razones expuestas en la sección anterior, las regiones rurales saben tramitar especialmente bien. El resultado es un sistema donde la métrica oficial sonríe mientras la métrica relevante —transformación productiva, retención de valor añadido, creación de empleo cualificado local— permanece básicamente invariable.

Este desajuste entre lo que se mide y lo que importa no es exclusivo del caso español. La literatura europea reciente sobre el Mecanismo de Recuperación documenta este sesgo como un problema estructural de diseño: el sistema de financiación basado en hitos predeterminados genera un foco mecánico en el cumplimiento formal que compromete tanto la efectividad real de las inversiones como su legitimidad ante los actores subnacionales. El caso español no es atípico, simplemente lo expresa con especial claridad por la combinación de fuerte descentralización administrativa y heterogeneidad territorial extrema.

4.2. El concepto: ilusionismo fiscal

Para nombrar este fenómeno, esta serie propone el concepto de ilusionismo fiscal. La idea es sencilla. Hay ilusionismo fiscal cuando un éxito administrativo evidente —ejecutar a tiempo, cumplir los hitos, resolver el porcentaje comprometido— enmascara un fracaso estratégico en el objetivo último de la política, que en el caso del Next Generation es transformar el modelo productivo europeo hacia uno más verde, más digital y más cohesionado territorialmente. El ilusionismo no implica fraude. Implica algo más sutil y más extendido: una arquitectura de incentivos que premia la apariencia y deja la sustancia para más adelante.

En la España rural, el ilusionismo fiscal opera con tres mecanismos articulados. El primero es la priorización de inversiones de retorno político inmediato y complejidad técnica baja: renovación del alumbrado público etiquetada como eficiencia energética, rehabilitación de fachadas bajo el paraguas de regeneración urbana, asfaltado de caminos reencuadrado como movilidad sostenible. Son inversiones legítimas y técnicamente correctas según las condiciones de elegibilidad. Pero su capacidad transformadora del modelo productivo local es prácticamente nula. El segundo mecanismo es la concentración en sectores donde la administración regional ya operaba —regadío, hidráulica, edificios públicos, formación reglada— en detrimento de sectores donde haría falta construir capacidad nueva, como la transformación del sistema agroalimentario, la digitalización avanzada del tejido microempresarial o la generación de comunidades energéticas locales. El tercer mecanismo es la dependencia, ya descrita, de proveedores externos al territorio que capturan el valor añadido empresarial.

4.3. Por qué Bruselas no lo ve

Una pregunta razonable es por qué este fenómeno no aparece reflejado en los informes oficiales de seguimiento del NGEU. La respuesta tiene tres capas. La primera, ya señalada, es de diseño: el sistema de hitos del MRR mide entregables formales y porcentajes ejecutados, no efectos económicos sustantivos sobre el territorio. La segunda es de horizonte temporal: la transformación productiva real se manifiesta en plazos de cinco a diez años, mientras que la auditoría europea opera sobre periodos anuales. La tercera, quizá la más incómoda, es política: ningún Estado miembro tiene incentivos para denunciar a Bruselas que sus fondos están financiando obra convencional cuando podría perder el desembolso siguiente.

La consecuencia es que el sistema funciona como una caja oscura informativa. Hacia fuera, los indicadores muestran que España es uno de los Estados con mayor agilidad de ejecución del MRR en el conjunto de la Unión. Hacia dentro, los datos territoriales desagregados —los que permite ver la propia plataforma ELISA cuando se cruzan con información estadística estructural del INE— sugieren una historia significativamente menos heroica. La distancia entre el relato oficial y la realidad observable no es excepcional: es el síntoma estándar del ilusionismo fiscal.

Figura 4. Matriz conceptual: eficiencia financiera frente a eficacia transformadora

Nota. Elaboración propia. La matriz cruza dos dimensiones del éxito de los fondos europeos: la eficiencia financiera (velocidad de ejecución) en el eje horizontal y la eficacia transformadora (impacto sobre la estructura productiva) en el eje vertical. La España rural se sitúa en el cuadrante de alta eficiencia financiera y baja eficacia transformadora, configurando lo que la serie denomina ilusionismo fiscal. La trayectoria deseable sería la diagonal hacia el cuadrante superior derecho.

5. Qué se puede hacer todavía: tres correcciones realistas

5.1. El tiempo que queda y por qué importa

El Plan de Recuperación tiene fecha de cierre. Los proyectos financiados con fondos NGEU deben estar materialmente ejecutados antes de agosto de 2026. Es decir, el tramo final del plan —el que estamos atravesando ahora mismo— se está jugando en condiciones de máxima presión por cumplir hitos antes de que se cierre la ventana. En ese contexto, cualquier corrección debe ser realista: no se trata de rediseñar el plan, que ya está en marcha, sino de orientar lo que queda hacia el objetivo declarado de cohesión territorial. Tres líneas de actuación parecen viables y suficientemente operativas para implementarse en los meses que restan.

5.2. Transferencia de capacidad antes que transferencia de capital

La primera y más urgente. El problema de los pequeños municipios y de las administraciones autonómicas con menor capacidad técnica no es de capital financiero —el dinero llega— sino de capital humano y organizacional. Un ayuntamiento que no tiene un ingeniero municipal no puede preparar un proyecto de comunidad energética local, por mucho que disponga de la línea presupuestaria para hacerlo. Y la consultora externa que contrata para suplir esa carencia se lleva el conocimiento cuando entrega el informe.

La respuesta lógica es construir una unidad nacional de aterrizaje de proyectos: un equipo técnico mixto, financiado con cargo a asistencia técnica del propio plan, que preste servicios de ingeniería y consultoría gratuitos a ayuntamientos rurales y mancomunidades. Romper la dependencia de las grandes consultoras urbanas. Acumular el conocimiento técnico en el sector público en lugar de externalizarlo. Esta intervención no requiere reforma legal: es operacionalizable con los instrumentos existentes y dejaría capacidad instalada para futuros marcos financieros plurianuales, mucho más allá del horizonte 2026.

5.3. Rural proofing ex ante en las convocatorias

La segunda corrección es metodológica. Ninguna convocatoria estatal con impacto territorial significativo debería publicarse sin una memoria previa de impacto rural —rural proofing, en el lenguaje de la propia Comisión Europea— que evalúe cómo van a beneficiar, en términos efectivos, a los territorios con menor densidad poblacional. Si una convocatoria de digitalización no exige presencia de proveedores locales, si una línea de eficiencia energética prioriza por volumen mínimo de inversión que excluye automáticamente a municipios pequeños, si un PERTE de movilidad sostenible se diseña pensando en grandes áreas metropolitanas, ese diseño debe corregirse antes de publicarse y no después, cuando los daños son irreversibles.

La herramienta existe y está documentada en buenas prácticas europeas. La cuestión es exclusivamente de voluntad política para integrarla como filtro obligatorio en el procedimiento de aprobación de convocatorias. Su coste de implementación es bajo. Su retorno en términos de cohesión territorial, alto.

5.4. Cláusulas de arraigo industrial en los PERTE

La tercera línea es la más ambiciosa y la que conecta directamente con lo que abordaremos en el siguiente artículo de esta serie sobre el despliegue de renovables. Los grandes Proyectos Estratégicos de Recuperación —especialmente los de Energías Renovables e Hidrógeno Verde, donde la inversión física tiene lugar mayoritariamente en territorio rural— deberían incorporar cláusulas explícitas de localización de la I+D, los servicios auxiliares y una proporción significativa de la cadena de suministro en un radio razonable del emplazamiento físico del proyecto.

No basta con instalar la planta de hidrógeno en Zamora. Hay que exigir que un porcentaje verificable de la cadena de valor industrial asociada —ingeniería, mantenimiento, formación especializada, suministro de componentes— se contrate con empresas radicadas en el territorio rural receptor. Es una herramienta de política industrial activa, no una concesión paternalista. Y hay precedentes europeos que demuestran su viabilidad, especialmente en los modelos de propiedad comunitaria de energía renovable que se han desarrollado en Irlanda, Alemania y Dinamarca. Volveremos sobre ellos.

6. Conclusiones: la trampa de la cohesión

Hay una pregunta que recorre toda esta serie y que conviene formular sin rodeos al cerrar este primer artículo. ¿Existe una brecha territorial en la ejecución de los fondos Next Generation que penalice a la España vaciada? La respuesta empírica, fundamentada en los datos oficiales disponibles a 30 de abril de 2025, es doble y desafiante.

En términos estrictamente financieros, la respuesta es no. No existe discriminación negativa en la resolución de fondos hacia las regiones rurales. Existe, de hecho, una brecha inversa: el clúster rural ejecuta cinco coma cuatro puntos porcentuales por encima del clúster urbano, impulsado por el efecto sustitución del sector público autonómico como inversor de último recurso. Cualquier argumento político que sostenga que la España vaciada está siendo dejada atrás en la velocidad de ejecución del MRR contradice los datos.

Pero en términos estructurales y estratégicos, la respuesta es sí. El diseño actual del plan está acelerando una divergencia cualitativa entre el centro y la periferia que los indicadores oficiales no capturan. El dinero llega al territorio rural, pero el valor añadido empresarial se factura en los centros urbanos. La inversión física se materializa en el interior, pero la cadena industrial asociada permanece donde estaba. Las plataformas de seguimiento miden velocidad de gasto. No miden retención de capacidad.

Esto es lo que esta serie denomina la trampa de la cohesión. Una arquitectura financiera diseñada con el objetivo declarado de reducir desigualdades territoriales que, en su despliegue concreto, opera —involuntariamente o no— como mecanismo que las consolida bajo apariencia de neutralidad técnica. La distancia entre transferencia de capital y transferencia de capacidad es la línea que separa una política de cohesión efectiva de una que se conforma con la apariencia de serlo. Y esa línea, en el caso español, está siendo cruzada en la dirección equivocada.

Los dos artículos siguientes de la serie profundizan en dos manifestaciones concretas de esta dinámica. El segundo aborda lo que ocurre cuando los molinos están en Aragón pero el negocio en Madrid y Bilbao: la paradoja verde del despliegue de renovables en territorio rural sin retención de cadena industrial. El tercero examina por qué el programa Kit Digital, pensado para digitalizar microempresas, ha terminado funcionando como transferencia neta de renta hacia las grandes operadoras urbanas de telecomunicaciones, sin construir sector tecnológico local en el medio rural.

La conclusión de fondo es la misma en los tres casos. Los fondos Next Generation pueden todavía cumplir su promesa de cohesión territorial. Pero no lo harán por inercia. Requerirán correcciones explícitas de diseño en el tramo final del plan y, sobre todo, una conversación honesta sobre qué se está midiendo y qué se está dejando fuera del foco. Esa conversación, en el momento en que se escriben estas líneas, todavía no ha empezado.

7. Limitaciones del análisis

El análisis presentado se apoya en datos oficiales de la Plataforma ELISA con corte a abril de 2025 y en información estadística estructural del INE. Como cualquier diagnóstico territorial, está sujeto a tres limitaciones que deben hacerse explícitas.

La primera es de escala. El análisis se realiza a nivel de comunidad autónoma (NUTS-2), lo que introduce pérdida de varianza dentro de cada región. La realidad municipal —especialmente en comunidades grandes como Andalucía, Castilla y León o Aragón, donde conviven núcleos urbanos significativos con extensos territorios rurales— quedaría mejor capturada con datos desagregados a nivel local, no disponibles de forma sistemática en este momento en la plataforma oficial.

La segunda es temporal. El periodo analizado (2019-2023 para la variación del PIB per cápita) incluye el shock asimétrico de la pandemia, que afectó de manera diferenciada a regiones con estructuras productivas distintas. La diferencia de crecimiento entre clústeres debe interpretarse como indicio direccional, no como prueba causal cerrada del impacto de los fondos.

La tercera es de fase del ciclo. El análisis captura el momento intermedio de la asignación-resolución, no la ejecución material final ni el impacto socioeconómico de largo plazo, que solo será evaluable a partir de 2027-2028. Las conclusiones de este artículo, por tanto, deben leerse como diagnóstico provisional de la dinámica observable, no como evaluación cerrada del éxito o fracaso del plan.

8. Fuentes

Fuentes institucionales

• Gobierno de España. Plataforma ELISA. Explorador de Líneas de Inversión y Seguimiento de Actuaciones. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Consulta abril 2025.
• Instituto Nacional de Estadística (INE). Contabilidad Regional de España. Cierre provisional 2024.
• Boletín Oficial del Estado. Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
• Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Informes oficiales

• Tribunal de Cuentas Europeo. Informe sobre la absorción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 2024.
• Tribunal de Cuentas (España). Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 2023.
• Comisión Europea. A long-term Vision for the EU’s Rural Areas. Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040, 2021.

Análisis y referencias complementarias

• CEDDAR-Rolde de Estudios Aragoneses. Publicaciones sobre despoblación rural en España y políticas innovadoras.
• AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Informes sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Análisis sectoriales y divulgativos sobre cohesión territorial y fondos europeos publicados en medios especializados (El Confidencial, elDiario.es, Funcas, Fedea).

Infografía

Infografía resumen del primer artículo de la serie NGEU rural: paradoja de la ejecución, efecto sustitución del sector público autonómico, ilusionismo fiscal y tres correcciones realistas para el tramo final del plan.

Autores y ponentes

José Luis del Campo Villares

Antonio Blanco González

Tipo de publicación

Ponencia

Evento

CTIE-CIVS 2026 · Construyendo un Puente entre la Investigación y la Transformación Social
Universidad Estatal de Bolívar · Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano
Guaranda · Ecuador
21 de abril de 2026 · Modalidad híbrida

Resumen contextual

Esta ponencia analiza las condiciones estructurales que determinan la capacidad del territorio rural para absorber e integrar soluciones basadas en Inteligencia Artificial como instrumento de desarrollo económico y empresarial. Se examina la interacción entre factores como la conectividad digital, el capital humano disponible, el tejido productivo local y los marcos institucionales de apoyo a la innovación, identificando las brechas que limitan el aprovechamiento efectivo de la IA en contextos rurales y las condiciones habilitadoras que permiten convertirla en una palanca real de transformación económica. La intervención propone un enfoque territorial integrado que supere la visión puramente tecnológica y sitúe la IA dentro de las estrategias de desarrollo local sostenible.

Palabras clave

inteligencia artificial rural · desarrollo económico territorial · digitalización del medio rural · condiciones estructurales · innovación empresarial rural

Referencia completa

CTIE-CIVS 2026. Congreso de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Organizado por la Universidad Estatal de Bolívar (UEB). Guaranda, Ecuador, 2026.

Acceso a la fuente original

https://ctie.ueb.edu.ec/

Relación con las líneas de trabajo de CreandoTuProvincia

La ponencia se vincula con la línea Innovación tecnológica e IA aplicada, al abordar la integración de la Inteligencia Artificial en entornos rurales, y con Desarrollo rural sostenible, al analizar las condiciones estructurales del territorio como base para el desarrollo económico y empresarial en el medio rural.

Estado

Presentada

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Autores

José Luis del Campo-Villares
Antonio Blanco González

Tipo de publicación

Artículo científico revisado por pares

Publicación

Revista Platforms·MDPI
Volumen 4 · Issue 2 · Abril, 2026

Resumen contextual

Este trabajo analiza el papel de las plataformas de transmisión de conocimiento en el desarrollo rural, examinando cómo organizan, traducen y difunden evidencia científica y aplicada hacia los actores territoriales. A partir de un marco conceptual y de un estudio de caso aplicado a CreandoTuProvincia, se explora cómo estos dispositivos digitales actúan como infraestructuras socio-técnicas que refuerzan la toma de decisiones informada, la gobernanza territorial y la articulación entre ciencia, política y práctica en entornos rurales.

Palabras clave

desarrollo rural · transmisión de conocimiento · plataformas digitales · intermediación del conocimiento · gobernanza territorial · CreandoTuProvincia · España Verde

Referencia completa

del Campo-Villares, J. L., & Blanco González, A. (2026).
Knowledge Transmission Platforms for Rural Development: A Conceptual Framework and an Applied Case Study from Spain
Platforms 2026, 4(2), 7; https://doi.org/10.3390/platforms4020007

Acceso a la publicación

Texto completo disponible en la editorial científica:

https://www.mdpi.com/2813-4176/4/2/7

Relación con las líneas de trabajo de CreandoTuProvincia

Este artículo se vincula de forma directa con la línea de trabajo Desarrollo rural sostenible, al proponer un marco conceptual para plataformas de transmisión de conocimiento orientadas a mejorar la calidad de las decisiones en territorios rurales y a reforzar la coherencia de las estrategias de desarrollo en contextos con recursos limitados. Asimismo, se alinea con la línea Innovación tecnológica e IA aplicada, en la medida en que analiza plataformas digitales como infraestructuras socio-técnicas para organizar, traducir y difundir evidencia científica y aplicada, facilitando interfaces estructuradas entre ciencia, política y práctica en el ámbito rural.

Estado de la publicación

Publicado · Revista científica internacional · Acceso abierto

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El viñedo español se ha construido históricamente sobre un equilibrio complejo entre clima, suelo y tradición agrícola. Durante décadas, ese equilibrio permitió consolidar paisajes relativamente estables donde cada variedad encontraba su expresión óptima dentro de un marco climático predecible. Sin embargo, la transformación progresiva de los patrones de precipitación está cuestionando esa estabilidad desde una perspectiva que trasciende lo agronómico: el agua empieza a actuar como una variable territorial capaz de alterar rendimientos, estilos de vino y estrategias productivas.

En el debate sobre el cambio climático aplicado al vino, el foco se ha situado con frecuencia en el aumento de temperaturas y en la aceleración de los ciclos de maduración. Sin embargo, la evolución reciente de las campañas demuestra que la distribución del agua —más que su volumen total— puede convertirse en uno de los elementos decisivos para la sostenibilidad del sector. Lluvias concentradas en momentos críticos, déficits prolongados en determinadas regiones o alternancias bruscas entre años secos y húmedos están redefiniendo el equilibrio fisiológico de la vid y obligando a replantear decisiones que antes se consideraban estables.

Este análisis divulgativo se apoya en un marco interpretativo propio construido a partir de datos climáticos recientes, conocimiento agronómico y literatura científica especializada. El estudio evalúa el comportamiento de cinco variedades ampliamente cultivadas en España —Garnacha, Monastrell, Tempranillo, Verdejo y Albariño— frente a distintos niveles de estrés hídrico entre 2020 y 2024, no solo desde una perspectiva fisiológica, sino también territorial. El objetivo no es anticipar predicciones cerradas, sino ofrecer una lectura estratégica que permita comprender hacia dónde podría evolucionar el mapa vitivinícola español si las tendencias actuales se consolidan.

Más que describir escenarios extremos, el enfoque se centra en identificar señales ya observables: qué variedades muestran mayor estabilidad en años secos, cuáles dependen de contextos más húmedos y cómo la variabilidad climática puede modificar el equilibrio entre calidad, rendimiento y sostenibilidad económica. El resultado es un marco divulgativo que conecta el lenguaje científico con implicaciones reales para viticultores, bodegas y territorios.

Figura 0. Marco interpretativo del agua como infraestructura territorial del viñedo español.

1. El agua como infraestructura silenciosa del vino español

El viñedo español ha construido su identidad sobre una relación profunda entre paisaje, cultura y adaptación agronómica. Durante generaciones, la disponibilidad de agua se integró de forma natural dentro de ese equilibrio, sin ocupar un lugar central en el discurso público del sector. Hoy, sin embargo, el agua empieza a emerger como una infraestructura territorial silenciosa que condiciona decisiones productivas y redefine la manera en que se entiende la sostenibilidad del viñedo.

Hablar de estrés hídrico no implica únicamente analizar periodos extremos de sequía. En muchos casos, son pequeñas variaciones acumuladas en las precipitaciones las que introducen cambios graduales en la fisiología de la vid y en la expresión del vino. La irregularidad estacional, los episodios de lluvias intensas concentradas o los déficits prolongados en determinadas fases del ciclo vegetativo están modificando un equilibrio que durante décadas se percibía como estable.

España presenta una diversidad climática que convierte al país en un laboratorio natural para observar cómo el agua influye en la viticultura. Regiones atlánticas con mayor humedad conviven con zonas mediterráneas semiáridas donde la adaptación a la escasez de agua forma parte de la identidad histórica del viñedo. Esta heterogeneidad permite analizar cómo distintas variedades responden a cambios similares desde realidades territoriales muy diferentes, evidenciando que la disponibilidad hídrica no actúa de forma uniforme.

Durante años, el relato climático del vino se centró principalmente en la temperatura. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que el verdadero factor de transformación puede residir en la distribución del agua. Una campaña con lluvias escasas pero bien repartidas puede generar resultados muy distintos a otra con precipitaciones abundantes concentradas en momentos críticos. Esta dimensión temporal introduce un matiz estratégico que obliga a repensar la relación entre territorio y variedad desde una perspectiva dinámica.

Desde el punto de vista territorial, el agua funciona como una infraestructura invisible que sostiene la estabilidad productiva. Del mismo modo que la altitud, la orientación o el tipo de suelo influyen en el carácter del vino, la disponibilidad hídrica condiciona el equilibrio entre vigor vegetativo, rendimiento y calidad. Regiones históricamente asociadas a variedades resistentes a la sequía pueden consolidar su posición en escenarios de estrés moderado, mientras que territorios cuya identidad se ha construido alrededor de climas húmedos enfrentan el reto de mantener frescura y equilibrio en contextos más variables.

Este cambio no implica una transformación inmediata del viñedo español, sino una transición progresiva donde las decisiones actuales sobre plantaciones, manejo del suelo o selección varietal adquieren un peso estratégico creciente. A medida que la irregularidad climática se intensifica, el agua deja de ser un recurso implícito para convertirse en una variable estructural capaz de influir en la evolución del paisaje vitivinícola.

El marco analítico que sustenta este estudio parte precisamente de esta idea: comprender el agua como una infraestructura territorial permite interpretar el estrés hídrico no solo como un fenómeno agronómico, sino como un proceso de reconfiguración silenciosa del sistema productivo. Las respuestas fisiológicas de la vid, las adaptaciones técnicas del viñedo y las decisiones estratégicas del sector empiezan a alinearse alrededor de una misma pregunta: cómo cultivar en un contexto donde la estabilidad climática ya no puede darse por garantizada.

Desde esta perspectiva, el estrés hídrico se convierte en una herramienta de lectura territorial más que en un simple indicador climático. Entender cómo interactúan variedad, suelo y disponibilidad de agua permite anticipar cambios graduales en la identidad productiva de las regiones, abriendo la puerta a una evolución del mapa vitivinícola español que no se producirá de forma abrupta, pero sí acumulativa.

2. Qué es realmente el estrés hídrico en la vid: de la fisiología al territorio

Hablar de estrés hídrico en viticultura suele asociarse de forma inmediata a la falta de lluvia, pero el fenómeno es mucho más complejo que una simple reducción de precipitaciones. El estrés aparece cuando la planta no puede mantener el equilibrio entre el agua que pierde y la que es capaz de absorber del suelo, algo que depende tanto del clima como de factores edáficos, fisiológicos y de manejo agrícola. Entender este proceso desde una perspectiva divulgativa implica traducir mecanismos biológicos complejos en una lectura territorial que permita comprender por qué determinadas variedades mantienen estabilidad productiva mientras otras muestran mayor vulnerabilidad ante cambios climáticos aparentemente similares.

La vid es una planta especialmente adaptada a entornos con disponibilidad hídrica variable. A lo largo de su evolución ha desarrollado estrategias fisiológicas que le permiten sobrevivir en condiciones de escasez, como la reducción del crecimiento vegetativo, el cierre parcial de los estomas para limitar la transpiración o el desarrollo de sistemas radiculares profundos capaces de explorar capas más húmedas del suelo. Sin embargo, estas respuestas no son neutras desde el punto de vista enológico. La reducción del vigor puede favorecer la concentración de compuestos aromáticos y fenólicos, pero también alterar el equilibrio de la maduración cuando el estrés supera determinados umbrales.

Desde una lectura territorial, resulta útil distinguir entre diferentes niveles de estrés hídrico. En situaciones leves o moderadas, el déficit de agua puede actuar como un regulador natural del crecimiento de la vid, limitando un exceso de vegetación y favoreciendo una mayor concentración en la uva. Este fenómeno explica por qué muchas regiones tradicionalmente secas han construido su identidad vitivinícola sobre vinos estructurados y con alta intensidad aromática. Sin embargo, cuando el estrés se intensifica y la planta pierde capacidad de mantener su equilibrio fisiológico, aparecen efectos negativos como la reducción del rendimiento, la pérdida de acidez o desequilibrios en el perfil sensorial del vino.

La distribución temporal del agua desempeña un papel decisivo en este proceso. No es lo mismo una campaña con precipitaciones moderadas repartidas a lo largo del ciclo vegetativo que otra con lluvias intensas concentradas en periodos concretos. Episodios de sequía durante fases críticas como la floración o el envero pueden tener consecuencias muy distintas a déficits hídricos al final del ciclo. Esta dimensión temporal introduce una variable estratégica que ayuda a entender por qué territorios con climas aparentemente similares pueden experimentar resultados productivos muy diferentes.

Más allá del clima, el estrés hídrico también está condicionado por las características del suelo y del paisaje. Suelos profundos con buena capacidad de retención hídrica pueden amortiguar periodos secos prolongados, mientras que suelos arenosos o pedregosos intensifican la falta de agua incluso en campañas consideradas normales. Factores como la pendiente, la orientación o la altitud influyen en la evaporación y en la disponibilidad real de agua para la planta, lo que convierte al estrés hídrico en un fenómeno donde clima y territorio actúan de forma inseparable.

Desde el punto de vista enológico, los efectos del estrés hídrico se manifiestan en parámetros clave que determinan el estilo del vino. El tamaño de las bayas, la concentración de azúcares, el equilibrio ácido o la acumulación de compuestos fenólicos dependen en gran medida del balance hídrico durante el ciclo vegetativo. Niveles moderados pueden favorecer vinos más concentrados y complejos, mientras que déficits severos generan perfiles desequilibrados y reducciones significativas en la producción. Este delicado equilibrio convierte al agua en una variable estratégica capaz de influir simultáneamente en la calidad, el rendimiento y la viabilidad económica del viñedo.

Integrar la fisiología vegetal dentro de una lectura territorial permite comprender que el estrés hídrico no es únicamente un problema agronómico. A medida que la irregularidad climática se intensifica, las decisiones relacionadas con la selección varietal, el manejo del dosel o la implementación de sistemas de riego adquieren una dimensión estratégica que trasciende la parcela individual. El agua deja de ser un recurso invisible para convertirse en un factor estructural que condiciona cómo se cultiva la vid y qué estilos de vino pueden consolidarse en cada región.

Este enfoque divulgativo no busca simplificar la complejidad científica del fenómeno, sino trasladarla a una escala comprensible que permita interpretar sus implicaciones reales. Comprender qué ocurre dentro de la planta cuando falta agua es el primer paso para entender por qué determinadas variedades resisten mejor que otras y cómo esas diferencias pueden contribuir a una reconfiguración progresiva del mapa vitivinícola español.

3. Cómo se analiza el estrés hídrico: del dato climático al marco territorial

Comprender el impacto del estrés hídrico en la viticultura española exige ir más allá de la observación puntual de campañas secas o húmedas. El análisis desarrollado parte de una idea sencilla: los datos climáticos por sí solos no explican cómo evoluciona el viñedo si no se interpretan dentro de un contexto territorial y varietal. Por ello, el enfoque adoptado combina información sobre precipitaciones recientes, conocimiento agronómico y comportamiento fisiológico de la vid para construir un marco interpretativo capaz de conectar el dato científico con implicaciones estratégicas reales.

Este planteamiento no busca construir un modelo predictivo rígido, sino generar una herramienta de lectura que permita entender tendencias observables. En un contexto climático cada vez más variable, la capacidad de interpretar patrones resulta más relevante que la precisión de una predicción puntual.

3.1 De la precipitación anual al estrés hídrico real

Uno de los errores más frecuentes al analizar el agua en viticultura consiste en asociar directamente la cantidad total de lluvia con el nivel de estrés hídrico experimentado por la planta. Sin embargo, la disponibilidad real de agua depende de múltiples variables: la distribución estacional de las precipitaciones, la evapotranspiración asociada a episodios de calor, la capacidad del suelo para retener humedad o incluso la edad del viñedo.

El periodo comprendido entre 2020 y 2024 permite observar con claridad cómo la irregularidad climática introduce matices que no se perciben en un simple promedio anual. Años cercanos a la media pueden generar estrés hídrico significativo si las lluvias se concentran fuera de las fases críticas del ciclo vegetativo, mientras que campañas aparentemente secas pueden resultar menos exigentes si las precipitaciones coinciden con momentos clave para el desarrollo de la vid.

Desde una perspectiva territorial, esta lectura transforma el dato climático en una herramienta estratégica. El estrés hídrico deja de ser una cifra abstracta para convertirse en un indicador dinámico que refleja cómo interactúan clima, suelo y prácticas agrícolas dentro de cada región.

3.2 Selección varietal como herramienta analítica

El análisis se centra en cinco variedades representativas del viñedo español —Garnacha, Monastrell, Tempranillo, Verdejo y Albariño— no para establecer jerarquías absolutas, sino para ilustrar cómo diferentes perfiles fisiológicos responden a escenarios hídricos cambiantes. Estas variedades abarcan un amplio espectro de adaptación, desde uvas históricamente asociadas a climas secos hasta otras dependientes de entornos más húmedos.

La comparación varietal permite traducir conceptos científicos complejos a una lógica divulgativa comprensible. Mientras algunas uvas muestran una notable capacidad para mantener estabilidad productiva en años secos, otras evidencian mayor sensibilidad a la variabilidad climática, lo que introduce preguntas estratégicas sobre el futuro equilibrio varietal del viñedo español.

Más allá de la fisiología, la selección de estas variedades también responde a su relevancia territorial. Cada una representa modelos productivos diferentes y refleja cómo el agua puede influir en decisiones de plantación, manejo del viñedo y posicionamiento enológico.

3.3 Del dato científico al modelo interpretativo

En lugar de desarrollar un modelo matemático complejo, el análisis adopta una aproximación interpretativa que relaciona niveles de precipitación con distintos grados de estrés hídrico y con estimaciones de comportamiento varietal. Esta simplificación permite trasladar la lógica científica a un lenguaje accesible sin perder profundidad conceptual.

El objetivo no es anticipar cifras exactas, sino visualizar cómo pequeñas variaciones acumuladas pueden alterar progresivamente la aportación relativa de cada variedad dentro del sistema productivo nacional. Esta perspectiva ayuda a comprender que el cambio en el mapa vitivinícola no se produce de forma abrupta, sino a través de ajustes graduales que se consolidan con el tiempo.

Al convertir el dato climático en escenarios comprensibles, el modelo facilita una lectura estratégica orientada a decisiones reales del sector, como la selección de nuevas plantaciones, la adaptación de prácticas agrícolas o la planificación territorial del viñedo.

3.4 Escalas de análisis: de la parcela al territorio

Uno de los aspectos clave del enfoque adoptado es la integración de distintas escalas de análisis. El estrés hídrico se manifiesta primero a nivel fisiológico dentro de la planta, pero sus consecuencias se amplifican cuando se observan en conjunto dentro de una región o de un sistema productivo completo.

A escala de parcela, el déficit hídrico puede traducirse en ajustes en el manejo del dosel, cambios en la densidad del viñedo o decisiones sobre riego. A escala territorial, esas mismas respuestas individuales pueden generar transformaciones más amplias, como la expansión de variedades resistentes o la reubicación progresiva hacia zonas con mayor equilibrio hídrico.

Esta lectura multiescalar permite entender por qué el análisis del estrés hídrico no puede limitarse a datos climáticos aislados. El agua actúa como un hilo conductor que conecta decisiones individuales con dinámicas territoriales más amplias.

3.5 Lectura territorial del análisis

El valor principal de este enfoque reside en su capacidad para interpretar la diversidad climática española como un mosaico dinámico. Mientras algunas regiones experimentan estrés hídrico severo, otras mantienen condiciones relativamente estables gracias a su altitud, influencia atlántica o características del suelo. Integrar esta heterogeneidad dentro del análisis permite comprender que la adaptación al agua no será uniforme, sino un proceso desigual donde cada territorio evolucionará a ritmos distintos.

La lectura territorial transforma el dato científico en una herramienta estratégica capaz de anticipar tendencias sin caer en simplificaciones. Comprender cómo interactúan clima, variedad y territorio permite interpretar hacia dónde podría evolucionar el sistema vitivinícola español si las dinámicas actuales de precipitación continúan consolidándose.

4. Resultados climáticos recientes: cómo ha cambiado el equilibrio hídrico entre 2020 y 2024

La evolución de las precipitaciones entre 2020 y 2024 constituye uno de los elementos centrales para comprender cómo el estrés hídrico ha empezado a influir en el comportamiento del viñedo español. Más allá de cifras aisladas, el periodo analizado permite observar una transición hacia escenarios climáticos más irregulares, donde la alternancia entre campañas secas y húmedas genera efectos acumulativos que afectan tanto al rendimiento como al estilo final del vino.

La secuencia climática 2020-2024 no debe interpretarse como una sucesión de campañas aisladas, sino como un microciclo que anticipa dinámicas futuras dentro del sistema vitivinícola. Analizar estos años de forma conjunta permite identificar tendencias que van más allá de la variabilidad anual y que empiezan a perfilar un nuevo equilibrio hídrico para el viñedo español.

Este cambio no responde a un único episodio extremo, sino a una sucesión de ajustes progresivos que modifican la fisiología de la vid y condicionan decisiones productivas. La irregularidad climática introduce una dinámica donde el equilibrio hídrico deja de ser una constante y pasa a interpretarse como una variable estratégica que requiere adaptación continua.

4.1 2020: estabilidad aparente y primeras señales de variabilidad

El año 2020 puede interpretarse como un punto de partida relativamente equilibrado dentro del periodo analizado. Las precipitaciones cercanas a la media permitieron mantener niveles de producción estables en muchas regiones vitivinícolas, consolidando una sensación de continuidad con campañas anteriores.

Sin embargo, esta estabilidad aparente ya mostraba señales de cambio. Las lluvias no se distribuyeron de forma homogénea y algunas zonas experimentaron déficits puntuales durante fases clave del ciclo vegetativo. Estas variaciones introdujeron ajustes fisiológicos en la planta que, aunque poco visibles en términos productivos, anticiparon la creciente sensibilidad del viñedo frente a cambios en la distribución del agua.

Desde una lectura territorial, 2020 ilustra cómo el estrés hídrico puede manifestarse incluso en campañas consideradas normales. La irregularidad estacional empieza a emerger como un indicador más relevante que el volumen total de precipitación.

4.2 2021: el estrés moderado como factor de adaptación

La campaña de 2021 introdujo un escenario de estrés hídrico más evidente debido a precipitaciones inferiores a la media en diversas regiones. Este contexto obligó a la vid a activar mecanismos fisiológicos de adaptación que se tradujeron en cambios visibles en el comportamiento varietal.

Variedades con mayor resiliencia hídrica mantuvieron niveles de estabilidad productiva, mientras que otras más sensibles comenzaron a mostrar ajustes en el equilibrio entre rendimiento y calidad. Desde una perspectiva enológica, el estrés moderado favoreció en algunos casos la concentración de compuestos fenólicos y aromáticos, reforzando la idea de que el déficit hídrico no siempre implica efectos negativos.

Sin embargo, este año también evidenció la creciente dependencia del equilibrio hídrico para sostener la estabilidad del sistema productivo. La adaptación dejó de ser una reacción puntual para convertirse en un proceso continuo.

4.3 2022: el punto de inflexión hacia escenarios más exigentes

El año 2022 representa uno de los momentos clave del periodo analizado debido a la intensidad del déficit hídrico registrado en muchas regiones vitivinícolas. Las precipitaciones significativamente inferiores a la media generaron un escenario donde las diferencias varietales se hicieron especialmente visibles.

Algunas variedades mantuvieron perfiles de calidad aceptables gracias a su adaptación histórica a climas secos, mientras que otras experimentaron descensos acusados en rendimiento y desequilibrios en la maduración. Este contraste evidenció que el estrés hídrico severo no actúa únicamente como un fenómeno climático, sino como un factor de transformación territorial que influye en decisiones agronómicas y estratégicas.

La campaña de 2022 marcó un punto de inflexión al demostrar que el equilibrio entre calidad y sostenibilidad productiva puede verse comprometido cuando el déficit hídrico supera determinados umbrales.

4.4 2023: recuperación parcial y nuevas dinámicas climáticas

La campaña de 2023 introdujo una cierta recuperación en algunas regiones gracias a precipitaciones mejor distribuidas a lo largo del ciclo vegetativo. Este comportamiento evidencia que el equilibrio hídrico depende tanto de la cantidad de agua como de su sincronización con las necesidades fisiológicas de la planta.

Variedades de comportamiento intermedio mostraron mejoras en el equilibrio aromático y en la estabilidad productiva cuando las lluvias coincidieron con fases críticas del desarrollo de la uva. Sin embargo, esta recuperación parcial también puso de manifiesto la volatilidad del sistema, ya que los déficits acumulados de campañas anteriores siguieron condicionando la respuesta del viñedo.

Desde una lectura estratégica, 2023 refuerza la idea de que la adaptación no depende únicamente de un año concreto, sino de la acumulación de condiciones climáticas que influyen en la capacidad de resiliencia del sistema productivo.

4.5 2024: el retorno de las lluvias y sus nuevos retos

El incremento de precipitaciones observado en 2024 permitió recuperar parte del equilibrio hídrico en diversas zonas productoras, especialmente en aquellas variedades más dependientes de climas húmedos. Sin embargo, el exceso de agua también introdujo nuevos desafíos relacionados con enfermedades fúngicas y con la necesidad de ajustar prácticas agronómicas para evitar desequilibrios en la maduración.

Este cambio repentino refuerza una idea clave dentro del análisis: la irregularidad climática, más que la sequía permanente, se está convirtiendo en el principal factor de transformación del viñedo español. Alternar entre campañas secas y húmedas obliga al sector a desarrollar estrategias flexibles capaces de adaptarse a escenarios cambiantes sin perder identidad territorial.

Figura 1. Evolución de las precipitaciones y niveles interpretativos de estrés hídrico en España (2020-2024).

4.6 Lectura estratégica del periodo analizado

La observación conjunta de estos cinco años permite identificar una tendencia relevante: el viñedo español está entrando en una fase donde la estabilidad climática deja de ser la referencia principal. La alternancia entre estrés moderado, campañas severas y años más húmedos introduce un nuevo equilibrio donde la resiliencia varietal y la adaptación territorial adquieren un papel central.

Más que ofrecer una predicción cerrada, el análisis del periodo 2020-2024 proporciona una base interpretativa para entender cómo la variabilidad hídrica puede influir en decisiones futuras relacionadas con nuevas plantaciones, manejo del viñedo o planificación estratégica del sector. Este enfoque conecta datos climáticos recientes con una lectura territorial que anticipa cambios graduales en la distribución del viñedo español.

5. Respuesta varietal al estrés hídrico: perfiles de resistencia y vulnerabilidad

La adaptación del viñedo español al estrés hídrico no depende únicamente de las condiciones climáticas generales, sino del comportamiento específico de cada variedad frente a cambios en la disponibilidad de agua. Comprender estas diferencias resulta fundamental para interpretar cómo puede evolucionar el mapa vitivinícola en un contexto de creciente irregularidad climática. El análisis comparativo entre Garnacha, Monastrell, Tempranillo, Verdejo y Albariño permite observar patrones de resiliencia y vulnerabilidad que trascienden la parcela individual y adquieren una dimensión territorial.

Más que establecer una clasificación rígida entre variedades fuertes y débiles, el objetivo es entender cómo cada uva responde a distintos niveles de estrés y cómo esas respuestas pueden modificar la estructura productiva del país a medio plazo. La resiliencia varietal deja de ser un concepto puramente agronómico para convertirse en una variable estratégica capaz de influir en decisiones de plantación, identidad enológica y sostenibilidad económica.

5.1 Garnacha: resiliencia histórica y estabilidad estructural

La Garnacha representa uno de los ejemplos más claros de adaptación a entornos con disponibilidad hídrica limitada. Su comportamiento fisiológico muestra una notable capacidad para regular la pérdida de agua sin comprometer en exceso el equilibrio vegetativo, lo que le permite mantener estabilidad incluso en campañas exigentes.

Desde una lectura territorial, esta resiliencia no solo se traduce en estabilidad productiva, sino en continuidad del paisaje vitivinícola en regiones tradicionalmente secas. La capacidad de la Garnacha para mantener calidad bajo estrés moderado refuerza su papel como variedad estratégica en escenarios climáticos cada vez más variables.

Sin embargo, esta resistencia no implica ausencia de límites. En situaciones de estrés severo, la reducción del tamaño de las bayas puede alterar el equilibrio entre alcohol y acidez, obligando a replantear prácticas agronómicas para evitar vinos excesivamente cálidos. Este matiz introduce una lectura clave: incluso las variedades más adaptadas requieren ajustes cuando la irregularidad hídrica se intensifica.

5.2 Monastrell: adaptación extrema y concentración enológica

La Monastrell comparte con la Garnacha una notable capacidad de adaptación a climas secos, especialmente en regiones mediterráneas donde la escasez de agua forma parte del equilibrio histórico del viñedo. Su comportamiento frente al estrés hídrico refleja una estrategia fisiológica orientada a la supervivencia, con reducción del vigor vegetativo y mayor concentración en la uva.

Desde el punto de vista enológico, esta adaptación se traduce en vinos estructurados y con alta intensidad fenólica en escenarios de estrés moderado. Sin embargo, cuando el déficit hídrico alcanza niveles extremos, pueden aparecer desequilibrios asociados a la sobremaduración y a la pérdida de frescura aromática.

La lectura territorial de la Monastrell revela una tendencia interesante: en un contexto de cambio climático, variedades históricamente consideradas propias de climas cálidos pueden reforzar su presencia dentro del sistema productivo nacional. Esta dinámica no implica necesariamente una expansión geográfica inmediata, pero sí un aumento relativo de su relevancia dentro del conjunto varietal español.

5.3 Tempranillo: equilibrio intermedio y sensibilidad estratégica

El Tempranillo ocupa una posición intermedia dentro del espectro de resiliencia hídrica, lo que lo convierte en una variedad especialmente sensible a la irregularidad climática. En condiciones de estrés moderado, puede beneficiarse de una mayor concentración aromática y de una evolución favorable del perfil fenólico. Sin embargo, en escenarios de déficit severo, su equilibrio ácido puede verse comprometido, generando perfiles menos frescos.

Este comportamiento dual introduce una lectura estratégica relevante: el Tempranillo no responde únicamente al volumen de agua disponible, sino a su distribución dentro del ciclo vegetativo. Pequeñas variaciones en el momento de las precipitaciones pueden alterar significativamente su comportamiento enológico.

Desde una perspectiva territorial, esta sensibilidad obliga a replantear decisiones agronómicas con mayor precisión. La adaptación futura del Tempranillo dependerá menos de cambios varietales radicales y más de ajustes en altitud, orientación de parcelas o manejo del dosel para mantener equilibrio hídrico.

5.4 Verdejo: equilibrio aromático condicionado por el agua

El Verdejo ilustra cómo el estrés hídrico puede influir directamente en la identidad sensorial del vino. Niveles moderados de déficit hídrico pueden favorecer la concentración de aromas y una mayor intensidad varietal, pero déficits prolongados generan pérdidas de rendimiento y alteraciones en el equilibrio ácido.

Desde una lectura territorial, esta variedad refleja la importancia del contexto agronómico. Su adaptación no depende únicamente del clima, sino también del manejo del suelo y de la capacidad de mantener reservas hídricas suficientes durante fases críticas del ciclo vegetativo.

La evolución futura del Verdejo probablemente no estará marcada por cambios abruptos, sino por ajustes progresivos en la gestión del viñedo. Esta dinámica refuerza la idea de que la adaptación al estrés hídrico no siempre implica sustituir variedades, sino reinterpretar su relación con el territorio.

5.5 Albariño: vulnerabilidad relativa y desafíos de adaptación

El Albariño representa el extremo opuesto dentro del espectro varietal analizado. Tradicionalmente asociado a climas húmedos, muestra una mayor sensibilidad ante periodos prolongados de sequía. La reducción de acidez y la pérdida de frescura aromática observadas en campañas secas evidencian cómo la disponibilidad hídrica condiciona tanto la calidad como la identidad sensorial del vino.

Sin embargo, esta vulnerabilidad no debe interpretarse como una debilidad estructural. Desde una lectura estratégica, el Albariño pone de manifiesto la importancia de los microclimas, la altitud y la gestión del viñedo como herramientas de adaptación. En lugar de desaparecer, podría evolucionar hacia zonas con mayor equilibrio hídrico dentro de su propio territorio.

Esta dinámica introduce una idea clave: el cambio climático no implica necesariamente una sustitución varietal inmediata, sino una reconfiguración gradual donde las variedades sensibles buscan nuevos equilibrios dentro del paisaje vitivinícola.

5.6 Lectura comparativa: diversidad varietal como ventaja estratégica

El análisis conjunto de estas cinco variedades demuestra que la resiliencia hídrica no debe interpretarse como una jerarquía estática. Cada uva responde a un equilibrio específico entre fisiología, territorio y prácticas agrícolas, lo que introduce una complejidad que trasciende cualquier clasificación simplificada.

Desde una perspectiva estratégica, la diversidad varietal del viñedo español emerge como uno de sus principales activos frente a escenarios climáticos inciertos. La coexistencia de variedades resistentes y sensibles permite mantener una estructura productiva flexible capaz de adaptarse a cambios graduales sin perder identidad territorial.

Más que un problema, esta diversidad puede convertirse en un mecanismo natural de resiliencia. A medida que el clima evoluciona, algunas variedades ganarán protagonismo relativo mientras otras ajustarán su posición dentro del sistema, generando una transición silenciosa que redefinirá el mapa vitivinícola sin romper con su historia.

Figura 2. Impacto del estrés hídrico en la pérdida productiva de variedades representativas del viñedo español.

6. Modelo interpretativo y escenarios territoriales del viñedo español

La combinación entre evolución climática reciente y comportamiento varietal permite construir una lectura interpretativa sobre cómo podría evolucionar el viñedo español en un contexto de creciente irregularidad hídrica. Más que un ejercicio de predicción, el modelo analítico utilizado en este estudio funciona como una herramienta conceptual que ayuda a visualizar tendencias estructurales y a comprender cómo pequeñas variaciones acumuladas en el clima pueden traducirse en transformaciones territoriales progresivas.

El estrés hídrico no actúa de forma aislada sobre cada variedad, sino que modifica el equilibrio general del sistema productivo. Cuando el agua deja de comportarse como una variable estable, las decisiones agronómicas individuales empiezan a tener efectos agregados sobre el paisaje vitivinícola, generando dinámicas que se perciben primero a pequeña escala y después a nivel territorial.

6.1 Del dato climático a la proyección estratégica

El modelo parte de una premisa sencilla: el impacto del estrés hídrico se manifiesta en la forma en que cambia la aportación relativa de cada variedad dentro del sistema productivo. En escenarios con equilibrio hídrico, la diversidad varietal se mantiene estable y permite sostener identidades regionales consolidadas. Sin embargo, cuando el déficit de agua aumenta, las variedades con mayor resiliencia tienden a ganar peso relativo mientras que aquellas más sensibles experimentan ajustes progresivos.

Este desplazamiento no implica una sustitución inmediata de variedades ni una ruptura con la tradición vitivinícola, sino una reconfiguración gradual donde las decisiones actuales sobre plantaciones, manejo del suelo o selección clonal pueden amplificar tendencias ya visibles. La clave no está en imaginar un cambio abrupto del mapa vitivinícola, sino en comprender cómo el clima introduce pequeñas desviaciones que, acumuladas en el tiempo, alteran el equilibrio del sistema.

6.2 Escenarios de estrés hídrico y transformación territorial

La lectura territorial del modelo permite imaginar distintos escenarios posibles para el futuro del viñedo español. En contextos de estrés hídrico bajo o moderado, la adaptación se basa principalmente en ajustes agronómicos: cambios en densidad de plantación, manejo del dosel o selección de portainjertos más eficientes en el uso del agua. Estas adaptaciones suelen pasar desapercibidas desde fuera, pero representan una transformación silenciosa del modelo productivo.

En escenarios de estrés más intenso, las dinámicas territoriales adquieren mayor protagonismo. Regiones históricamente asociadas a variedades resistentes podrían consolidar su estabilidad productiva, mientras que territorios dependientes de condiciones más húmedas podrían experimentar ajustes graduales en su equilibrio varietal. Este proceso no debe entenderse como una pérdida de identidad, sino como una evolución donde el clima actúa como un factor reorganizador.

La clave estratégica reside en comprender que la adaptación no será uniforme. Algunas zonas podrán apoyarse en su diversidad varietal para absorber el impacto del cambio climático, mientras que otras deberán explorar nuevas estrategias para mantener el equilibrio entre calidad y sostenibilidad económica.

6.3 Diversidad varietal como ventaja estructural

Uno de los elementos más relevantes que emerge del modelo interpretativo es el valor estratégico de la diversidad varietal española. En lugar de constituir un factor de fragilidad, la coexistencia de variedades con distintos niveles de resiliencia hídrica permite amortiguar los efectos de la irregularidad climática.

Desde una perspectiva sistémica, esta diversidad actúa como un mecanismo de adaptación natural. Mientras algunas variedades mantienen estabilidad en campañas secas, otras recuperan protagonismo en años húmedos, generando un equilibrio dinámico que reduce el riesgo de dependencia de un único perfil climático.

Esta lectura introduce una idea clave: la adaptación del viñedo español podría apoyarse más en la gestión inteligente de su diversidad que en cambios radicales del modelo productivo. La flexibilidad varietal emerge así como uno de los principales activos estratégicos del sector frente a escenarios climáticos inciertos.

Figura 3. Respuesta comparada de las principales variedades españolas ante distintos niveles de estrés hídrico.

6.4 Implicaciones para la planificación del sector

La proyección territorial del estrés hídrico plantea preguntas que van más allá del ámbito agronómico. Decisiones relacionadas con nuevas plantaciones, selección de portainjertos, planificación de infraestructuras hídricas o incluso políticas de denominación de origen adquieren una relevancia creciente en un escenario donde la estabilidad climática deja de ser la referencia principal.

El modelo interpretativo no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino aportar una base analítica que permita anticipar cambios graduales. Comprender cómo interactúan clima, variedad y territorio puede ayudar al sector a tomar decisiones más informadas, reduciendo la vulnerabilidad frente a escenarios inciertos y evitando respuestas reactivas basadas únicamente en campañas concretas.

6.5 Una transición silenciosa del paisaje vitivinícola

Más allá de cifras concretas, el análisis apunta hacia una transición progresiva donde el paisaje vitivinícola español evoluciona sin rupturas abruptas. La adaptación al estrés hídrico no implica necesariamente abandonar territorios históricos, sino redefinir su papel dentro de un sistema productivo más dinámico y flexible.

Cambios en la altitud de las plantaciones, ajustes en la orientación de parcelas o incorporación de tecnologías de monitorización hídrica forman parte de una transformación que ya está en marcha. Estas adaptaciones suelen ser discretas y poco visibles en el corto plazo, pero su acumulación puede modificar de forma significativa el equilibrio territorial del viñedo en las próximas décadas.

Desde esta perspectiva, el agua se consolida como uno de los principales motores de cambio dentro del sector vitivinícola. Interpretar el estrés hídrico como una infraestructura territorial invisible permite comprender cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden contribuir a una reconfiguración gradual del mapa del vino español.

7. Claves estratégicas y horizontes de adaptación del vino español

El análisis del estrés hídrico aplicado al viñedo español permite identificar una transformación progresiva que trasciende la dimensión climática. La disponibilidad de agua se está consolidando como un factor estructural capaz de influir en decisiones agronómicas, modelos productivos e identidades territoriales. Esta transición no responde a un único episodio extremo, sino a la acumulación de variaciones que, campaña tras campaña, modifican el equilibrio entre variedad, territorio y estilo de vino.

Uno de los principales aprendizajes que emerge del estudio es que la adaptación al estrés hídrico no puede interpretarse como un proceso uniforme. Las diferencias fisiológicas entre variedades, la diversidad climática del territorio español y la heterogeneidad de prácticas agrícolas generan respuestas distintas frente a escenarios similares. Esta diversidad introduce una ventaja estratégica que puede permitir al sector vitivinícola mantener su competitividad internacional incluso en contextos de elevada incertidumbre climática.

Desde una perspectiva territorial, el futuro del vino español dependerá en gran medida de la capacidad para integrar conocimiento científico dentro de la toma de decisiones. La selección varietal, la gestión del suelo o la incorporación de tecnologías de monitorización hídrica dejarán de ser elecciones puntuales para convertirse en elementos centrales dentro de la planificación estratégica del viñedo. Este cambio implica pasar de una lógica reactiva —adaptarse después de cada campaña— a una visión anticipatoria capaz de interpretar tendencias antes de que se consoliden plenamente.

El estrés hídrico también abre un debate relevante sobre la relación entre tradición e innovación. Mantener la identidad histórica de determinadas regiones no siempre será compatible con la evolución climática si no se incorporan ajustes progresivos. La adaptación no necesariamente implica abandonar variedades emblemáticas, sino reinterpretar su relación con el territorio mediante cambios en altitud, orientación de parcelas, selección clonal o prácticas agronómicas más precisas. En este contexto, la innovación no sustituye a la tradición, sino que actúa como una herramienta para preservarla en escenarios más exigentes.

Otro aspecto clave es la necesidad de replantear la relación entre estrés hídrico y calidad del vino. Durante años, el déficit hídrico moderado fue asociado a una mejora automática del perfil enológico, pero la experiencia reciente demuestra que esta relación es más compleja. Mientras niveles controlados de estrés pueden favorecer la concentración aromática y fenólica, escenarios severos generan desequilibrios que afectan tanto al rendimiento como al estilo final del vino. Comprender este equilibrio resulta esencial para evitar decisiones simplificadas que puedan comprometer la sostenibilidad del viñedo a largo plazo.

Desde una lectura estratégica más amplia, el agua empieza a comportarse como una infraestructura territorial invisible que condiciona la evolución del sector. Igual que la altitud o el tipo de suelo influyen en el carácter del vino, la disponibilidad hídrica emerge como una variable capaz de redefinir el mapa vitivinícola sin necesidad de cambios abruptos. Esta transición silenciosa no implica la desaparición inmediata de regiones históricas, pero sí una reorganización progresiva del peso relativo de cada territorio dentro del conjunto nacional.

El análisis desarrollado sugiere que el futuro del vino español no dependerá únicamente de resistir el cambio climático, sino de comprender cómo convertir la adaptación en una ventaja competitiva. La diversidad varietal, la capacidad de innovación técnica y la riqueza territorial del país ofrecen una base sólida para afrontar escenarios complejos. Sin embargo, esta ventaja solo se consolidará si el sector es capaz de integrar la gestión del agua dentro de su estrategia a largo plazo.

En última instancia, el estrés hídrico no debe interpretarse únicamente como una amenaza, sino como un catalizador de transformación. La evolución progresiva del viñedo español puede abrir oportunidades para explorar nuevos estilos de vino, redefinir identidades territoriales y reforzar la singularidad del sector en el contexto internacional. Comprender esta transición desde una perspectiva divulgativa permite conectar el conocimiento científico con una lectura estratégica capaz de orientar decisiones reales, anticipar cambios graduales y preservar el valor cultural y económico del vino español en un escenario climático cada vez más dinámico.

8. Marco de análisis y fuentes de referencia

8.1. Fuentes climáticas y base de datos territorial

• Series climáticas agregadas correspondientes al periodo 2020-2024, utilizadas como referencia para la interpretación de tendencias de precipitación y variabilidad hídrica en el viñedo español.

• Información meteorológica y síntesis territoriales procedentes de registros públicos y literatura científica especializada en climatología vitícola, empleadas como base para contextualizar los escenarios analizados.

• Integración de datos climáticos en una lectura territorial orientada a identificar patrones de irregularidad hídrica y su posible impacto en la evolución del sistema vitivinícola nacional.

8.2. Marco varietal y criterios de selección analítica

• Selección de cinco variedades representativas del viñedo español —Garnacha, Monastrell, Tempranillo, Verdejo y Albariño— atendiendo a su relevancia territorial, diversidad fisiológica y presencia consolidada en distintos contextos climáticos.

• Uso de literatura agronómica y enológica especializada para establecer perfiles comparativos de resiliencia hídrica y comportamiento productivo, traducidos a un lenguaje divulgativo y territorial.

• Interpretación comparativa basada en tendencias observables, evitando enfoques clasificatorios o jerarquías rígidas entre variedades.

8.3. Construcción del modelo interpretativo

• Desarrollo de un marco analítico propio orientado a conectar precipitación, niveles de estrés hídrico y comportamiento varietal desde una perspectiva divulgativa y estratégica.

• Adaptación de conceptos procedentes de estudios científicos sobre fisiología de la vid y estrés hídrico a un formato comprensible para análisis territorial aplicado.

• Enfoque metodológico centrado en la interpretación de tendencias y escenarios, no en la generación de predicciones deterministas ni modelos cuantitativos cerrados.

8.4. Alcance y limitaciones del análisis

• El estudio se plantea como una aproximación divulgativa con base metodológica, orientada a trasladar conocimiento científico a una escala territorial comprensible.

• Las conclusiones deben interpretarse como tendencias interpretativas derivadas del periodo analizado, no como proyecciones exactas del comportamiento futuro del viñedo.

• La simplificación deliberada del modelo responde a la voluntad de facilitar la transferencia de conocimiento hacia agentes territoriales, manteniendo coherencia con el enfoque divulgativo del conjunto del artículo.