Energías renovables comunitarias en el medio rural: modelos, impacto y desafíos

RESUMEN EJECUTIVO

La transición energética descentralizada representa una oportunidad crítica para las zonas rurales europeas. Este estudio analiza 16 experiencias de energías renovables comunitarias activas entre 2022 y 2024 en la España Verde (Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi), evaluando su impacto en términos de gobernanza, generación de valor local y sostenibilidad.

Se introducen dos métricas propias: el Índice de Madurez Comunitaria Energética (IMCE) y el Coeficiente de Participación Local (CPL), que permiten clasificar territorialmente el grado de desarrollo, arraigo social y retorno económico de estas iniciativas. El análisis revela disparidades estructurales significativas entre territorios, correlacionadas con el tipo de liderazgo, red institucional y grado de capital social.

El estudio aporta un marco comparativo replicable y orientado a políticas públicas, útil para escalar modelos energéticos comunitarios de forma equitativa y efectiva.

INTRODUCCIÓN

Las comunidades energéticas se han consolidado como una de las apuestas estratégicas más relevantes de la transición energética en Europa. Su reconocimiento formal en el Clean Energy Package de la Unión Europea y la posterior transposición normativa en España —a través del Real Decreto 244/2019 y el RD 477/2021— han consolidado el marco jurídico para su despliegue en todo el territorio.

Instituciones internacionales como la IRENA (2024), la Comisión Europea (2023) o el IDAE (2024) destacan el potencial de estas iniciativas para impulsar modelos energéticos descentralizados, resilientes y con mayor retorno local, especialmente en zonas rurales.

Sin embargo, la mayoría de los estudios disponibles se han centrado en contextos urbanos o metropolitanos con estructuras institucionales robustas y acceso directo a financiación y redes tecnológicas. Como señalan Walker & Devine-Wright (2008) y Seyfang & Haxeltine (2012), existe una laguna importante en la evaluación del impacto real de estas experiencias en entornos rurales.

Este estudio busca cubrir ese vacío mediante el análisis de 16 iniciativas de energía renovable comunitaria desplegadas en zonas rurales de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi —la denominada España Verde— entre 2022 y 2024. Se introduce una doble aproximación: cuantitativa y cualitativa, basada en datos públicos verificados, entrevistas a agentes locales y revisión documental técnica.

Además, se aplican dos métricas propias —el Índice de Madurez Comunitaria Energética (IMCE) y el Coeficiente de Participación Local (CPL)— que permiten evaluar el grado de consolidación, arraigo social y retorno económico de cada proyecto. El objetivo es establecer patrones comparativos útiles para políticas públicas, identificar cuellos de botella institucionales y ofrecer un marco de análisis replicable para otros territorios rurales en transición.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1. Analizar el grado de implantación de energías renovables comunitarias en zonas rurales de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi entre 2022 y 2024.

2. Clasificar los modelos existentes (cooperativas, autoconsumo colectivo, comunidades energéticas locales) según su madurez organizativa, escalabilidad y retorno territorial.

3. Evaluar el impacto económico, social y ambiental mediante dos indicadores propios: IMCE y CPL.

4. Comparar el grado de madurez y participación entre territorios con estructuras de gobernanza diferenciadas.

5. Validar el uso de IMCE y CPL como herramientas replicables para la formulación de políticas públicas en zonas rurales.

6. Proponer recomendaciones específicas para la expansión de estos modelos con arraigo territorial y sostenibilidad a largo plazo.

3. METODOLOGÍA

1. Enfoque general

El estudio adopta un enfoque mixto (cuantitativo–cualitativo), con base comparativa territorial y aplicación de métricas propias. Se ha aplicado una estrategia de análisis multicaso intencionado, seleccionando iniciativas representativas en diferentes fases de desarrollo, gobernanza y escala dentro de la España Verde.

El objetivo metodológico es evaluar el impacto real de las energías renovables comunitarias en el medio rural, no solo desde la generación energética, sino desde su efecto sobre el territorio, el capital social y la autonomía local.

2. Ámbito territorial y temporal

Se han seleccionado 16 experiencias reales en zonas rurales de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, activas entre 2022 y el primer trimestre de 2025. La selección territorial parte de tres criterios:

• Presencia en entornos rurales de baja o media densidad (< 100 hab/km²)

• Diversidad de modelos jurídicos y organizativos (cooperativas, comunidades energéticas locales, autoconsumo compartido)

• Accesibilidad a datos públicos y verificados (proyectos en el registro de autoconsumo del IDAE, informes de RECE, prensa regional, memorias técnicas)

3. Fuentes de datos

• Bases del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

• Informes de la Red Española de Energía Comunitaria (RECE)

• Publicaciones de IRENA, Eurostat y Comisión Europea

• Documentación técnica de cada proyecto (estatutos, memoria técnica, balance de producción y distribución de excedentes)

• Entrevistas semiestructuradas a 12 promotores y técnicos locales (marzo–abril 2025)

• Datos indirectos de impacto económico y social de fuentes oficiales autonómicas (IGE, Sadei, EUSTAT, ICANE)

4. Construcción e interpretación del IMCE (Índice de Madurez Comunitaria Energética)

A. Presentación del indicador

El IMCE evalúa el nivel de consolidación de una iniciativa de energía renovable comunitaria en tres dimensiones: técnica, organizativa y social. Fue diseñado para comparar proyectos con estructuras distintas pero presencia territorial en zonas rurales, incorporando 12 indicadores (4 por dimensión) ponderados de forma equitativa. La puntuación se normaliza a una escala de 0 a 10.

Este índice busca ser una herramienta útil para responsables públicos, técnicos de desarrollo local y entidades promotoras que necesiten priorizar recursos en función del grado real de madurez comunitaria de cada proyecto.

B. Resultados cuantitativos

El análisis de los 16 casos seleccionados arroja los siguientes resultados globales del IMCE:

• Rango de puntuaciones: de 5,0 a 9,1

• Media general: 6,8

• Territorios más destacados:

  • Galicia (media: 7,6)

  • Asturias (media: 7,8)

• Territorios con mayor dispersión y menor madurez media:

  • Cantabria (6,4)

  • Euskadi (6,2)

Por tipo de modelo:

• Cooperativas → media: 8,3

• Autoconsumo colectivo → media: 6,7

• Comunidades energéticas locales (CEL) → media: 6,1

Figura 1

Mapa de calor con promedio de IMCE por modelo y territorio

C. Interpretación cualitativa

Los resultados sugieren que el éxito en términos de madurez no se correlaciona exclusivamente con la antigüedad del proyecto o la potencia instalada, sino con factores organizativos clave:

• Participación activa y estructurada de la comunidad

• Capacidad de autogestión del ciclo completo del proyecto (idea, financiación, mantenimiento)

• Presencia de alianzas con instituciones públicas locales

• Inclusión de criterios de equidad social en el diseño y gestión

Proyectos como el “Enerxía do Val Miñor” (Galicia) o “Suroccidente Solar” (Asturias) destacan por combinar eficiencia técnica con fuerte tejido comunitario, alcanzando niveles de madurez superiores al 9.

D. Lectura crítica

El IMCE es útil como herramienta de diagnóstico territorial, pero presenta limitaciones:

• No incorpora factores de eficiencia energética ni ahorro neto por usuario.

• Puede sobrevalorar proyectos técnicamente exitosos sin verdadera gobernanza comunitaria.

• Depende de datos internos no siempre disponibles (ej. número de socios activos reales o estructura de reinversión local).

Por ello, se recomienda usarlo en combinación con otros indicadores —como el CPL— y avanzar hacia un Índice de Equilibrio Territorial (IET) que mida la coherencia entre madurez técnica y apropiación local.

5. Coeficiente de Participación Local (CPL)

El CPL mide el grado de apropiación ciudadana y retorno territorial de las energías renovables comunitarias. Su fórmula combina tres variables esenciales:

B. Resultados cuantitativos

El CPL presenta una dispersión mayor que el IMCE. Los valores obtenidos van de 3,9 a 9,4, con una media de 6,5.

• Top 3 CPL:

  • Proyecto 5 (Galicia): 9,4

  • Proyecto 3 (Galicia): 9,1

  • Proyecto 7 (Asturias): 8,8

• Valores más bajos:

  • Proyecto 13 (Euskadi): 3,9

  • Proyecto 15 (Euskadi): 4,0

  • Proyecto 11 (Cantabria): 4,8

Figura 2:

Tabla:

5.C. Interpretación cualitativa

Los proyectos con alto CPL (≥ 8,5) comparten características estructurales clave:

• Control local real del capital y la toma de decisiones

• Participación activa de más del 60 % de los hogares del municipio

• Reinversión directa de beneficios en el territorio (bonificaciones, fondos sociales, infraestructuras)

Ejemplos como el Proyecto 5 y el Proyecto 3 (Galicia) sobresalen por conjugar un elevado grado de titularidad local (>90 %), un número creciente de socios residentes y un sistema transparente de retorno económico territorializado.

Por el contrario, proyectos como el Proyecto 13 (Euskadi), con un CPL de 3,9, ilustran un modelo formalmente comunitario pero débil en práctica: la mayoría de los socios no residen en el entorno cercano, las decisiones se concentran en un núcleo técnico externo y no existen mecanismos efectivos de reinversión o corresponsabilidad.

Esta diferencia entre participación formal (ser socio) y participación efectiva (incidencia real en decisiones y beneficios) plantea la necesidad de enriquecer el CPL con ponderaciones internas: por ejemplo, diferenciando entre socios capitalistas, usuarios activos, técnicos o gestores.

5.D. Lectura crítica del CPL

El CPL es una herramienta potente para identificar proyectos con verdadero impacto territorial, pero no está exento de limitaciones:

• No mide la sostenibilidad económica del proyecto, lo que puede penalizar modelos incipientes o aún no consolidados.

• No contempla la diversidad interna de la participación, omitiendo desigualdades de género, edad o perfil profesional entre los socios.

• Puede verse distorsionado por factores administrativos (por ejemplo, socios activos no empadronados en el municipio, pero residentes reales).

Por tanto, se proponen dos líneas de mejora:

1. Desagregar el CPL por perfiles (ej. mujeres, jóvenes, sectores agrícolas), permitiendo evaluar no solo cuánto se participa, sino quién participa.

2. Utilizar el CPL como herramienta ex ante en políticas públicas, incorporándolo como criterio de evaluación técnica en convocatorias de ayudas para energías comunitarias rurales. Esto incentivaría la consolidación de modelos con mayor impacto real sobre el territorio, más allá del cumplimiento normativo.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis comparativo de 16 proyectos en territorios rurales del norte de España permite establecer una conclusión clave: no basta con impulsar comunidades energéticas; es imprescindible construir comunidades energéticas funcionales, equilibradas y con retorno local real. El uso combinado del Índice de Madurez Comunitaria Energética (IMCE) y el Coeficiente de Participación Local (CPL) permite detectar desequilibrios estructurales que los marcos legales o técnicos por sí solos no logran identificar.

Aprendizajes clave del estudio

1. La forma organizativa no garantiza el arraigo
   Cooperativas con estructura jurídica comunitaria pueden funcionar como entes instrumentalizados por agentes externos si carecen de base social activa o mecanismos de devolución territorial.

2. La madurez no se alcanza solo con tecnología o capital
   Proyectos con elevada puntuación en el IMCE no siempre se traducen en alto CPL. Este desajuste indica que la eficiencia técnica debe ser acompañada por una arquitectura participativa sólida que conecte con el territorio.

3. El impacto real no siempre es medido ni incentivado
   La mayoría de las líneas de apoyo público priorizan indicadores de viabilidad financiera, número de conexiones o tipología de entidad, ignorando el retorno económico y simbólico local, lo que puede perpetuar modelos extractivos con fachada comunitaria.

Recomendaciones estratégicas

Para consolidar un modelo energético rural justo y transformador, se proponen cinco líneas de acción concretas:

• 1. Reforzar la medición del impacto local mediante la adopción del CPL en instrumentos de planificación, evaluación y financiación. No se trata solo de instalar placas solares, sino de quién las decide, quién las gestiona y para quiénes generan valor.

• 2. Crear un Índice de Equilibrio Territorial (IET) que combine de forma ponderada madurez técnica (IMCE) y retorno comunitario (CPL), permitiendo establecer umbrales de calidad socioeconómica en proyectos energéticos rurales.

• 3. Establecer estándares mínimos de gobernanza comunitaria en los pliegos de ayudas públicas, incluyendo criterios como transparencia, rotación de cargos, reinversión obligatoria o fórmulas de participación efectiva.

• 4. Promover ecosistemas locales de soporte, como redes de municipios energéticos, oficinas técnicas rurales o programas de mentoría entre comunidades ya consolidadas y emergentes.

• 5. Priorizar el liderazgo local y la corresponsabilidad en el diseño de políticas: las instituciones deben ser aliadas activas, no sustitutas del tejido comunitario.

Proyección y líneas futuras

Este trabajo abre la puerta a nuevas investigaciones e intervenciones políticas orientadas a fortalecer el papel del medio rural en la transición energética:

• Expandir la muestra y el análisis longitudinal para observar evoluciones IMCE–CPL a 3 o 5 años vista.

• Incorporar variables de equidad energética (género, edad, condición socioeconómica) en el CPL.

• Desarrollar estudios de caso comparativos a nivel internacional (Francia, Alemania, Escocia) para detectar modelos transferibles.

• Aplicar el modelo a otras formas de economía circular rural (agua, residuos, movilidad), extendiendo la lógica del binomio madurez–retorno.

Conclusión final

El despliegue de energías renovables en el medio rural no debería ser solo una cuestión de infraestructura, sino una oportunidad de redistribución, autonomía y regeneración territorial. Medir la madurez de los proyectos y su retorno comunitario permite distinguir entre el uso del territorio y su empoderamiento. Herramientas como el IMCE y el CPL ofrecen una base rigurosa, adaptable y útil para que el mundo rural no solo participe en la transición energética, sino que la lidere desde sus propios valores, necesidades y capacidades.

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Este estudio presenta una base metodológica robusta para el análisis de comunidades energéticas rurales mediante la combinación de indicadores técnicos y sociales. No obstante, conviene señalar varias limitaciones que condicionan la generalización y profundidad de los resultados:

1. Muestra limitada y no homogénea

La selección de 16 proyectos no pretende ser representativa del conjunto estatal. Aunque se ha buscado diversidad territorial y de modelos organizativos, la muestra está condicionada por la disponibilidad de información, el acceso a fuentes primarias y la transparencia de los actores involucrados.

2. Dependencia de fuentes secundarias y autoevaluaciones

Parte de los datos proceden de entrevistas, páginas web de proyectos o memorias de actividad. En algunos casos, los valores del CPL e incluso componentes del IMCE han sido estimados a partir de proxies, por ausencia de indicadores públicos verificables. Esto puede generar sesgos en la evaluación.

3. Falta de medición longitudinal

El análisis se basa en un corte temporal estático (2024–2025), lo que impide observar la evolución real de los proyectos. No se han incorporado variables dinámicas como la resiliencia organizativa, la evolución del número de socios, o el rendimiento energético a largo plazo.

4. Variables sociales simplificadas

Aunque el CPL permite estimar el grado de apropiación local, no desagrega por edad, género o condiciones socioeconómicas. La dimensión de equidad, esencial en la justicia energética, queda fuera de este estudio, aunque ha sido considerada en el diseño de futuras métricas (como el IET).

5. Exclusión de iniciativas informales o incipientes

El estudio se ha centrado en proyectos ya constituidos con actividad consolidada. Iniciativas ciudadanas en fase de diseño o movilización inicial, muchas de ellas potencialmente transformadoras, no han sido incluidas por falta de comparabilidad estructural.

Pese a estas limitaciones, la metodología propuesta permite establecer un marco comparativo aplicable a múltiples contextos y escalas. Su mejora y ampliación en estudios posteriores contribuirá a afinar el diagnóstico y orientar políticas más ajustadas a las realidades del medio rural.

8. Referencias

1. Unión Europea. (2019). Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables (RED II). Diario Oficial de la Unión Europea.
   Consulta la directiva RED II
2. Gobierno de España. (2021). Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, regulador de autoconsumo y comunidades energéticas.
   Texto oficial en el BOE
3. Gobierno de España. (2021). Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se regulan las comunidades energéticas locales.
   Texto oficial en el BOE
4. IDAE – Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2024). Ayudas y financiación para comunidades energéticas.
   Acceso a programas e iniciativas del IDAE
5. RECE – Red Española de Comunidades Energéticas. (2024). Portal de comunidades energéticas.
   Web oficial de RECE
6. IRENA – International Renewable Energy Agency. (2024). Publicaciones sobre comunidades energéticas.
   Biblioteca de IRENA
7. Comisión Europea. (2023). Energy Communities – Dirección General de Energía.
   Página oficial de la UE
8. Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy: What should it mean? Energy Policy, 36(2), 497–500.
   DOI: 10.1016/j.enpol.2007.10.019
9. Seyfang, G., & Haxeltine, A. (2012). Growing grassroots innovations: Exploring the role of community-based initiatives in niche development. Environment and Planning C, 30(3), 381–400.
   DOI: 10.1068/c10222
10. REScoop.eu. (2023). Energy communities: a brief explainer for managing authorities.
    Recurso en REScoop.eu
11. Sovacool, B. K., & Dworkin, M. H. (2015). Energy justice: Conceptual insights and practical applications. Applied Energy, 142, 435–444.
    DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.01.002

Próximo estudio

Fecha de publicación: Miércoles, 30 de julio de 2025
Título:
“Digitalización y brecha digital en el medio rural verde: indicadores, exclusión y soluciones reales”

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