• Afirma que la institución local toma “represalias” contra trabajadoras por exigir sus derechos

 

El Tribunal Supremo acaba de poner fin al conflicto que las trabajadoras de ayuda a domicilio de O Barco de Valdeorras mantenían con la administración municipal para que se le reconocieran sus derechos laborales y salariales, ya que el Ayuntamiento alegaba que estas trabajadoras no estaban incluidas en las categorías recogidas en el convenio colectivo del personal laboral, por lo que se les aplicaba un salario inferior y con unas condiciones distintas.

 Teniendo en cuenta dicho conflicto, según dio a conocer el sindicato CIG, un grupo de trabajadoras, que inicialmente no formó parte de este procedimiento, también está haciendo reclamaciones para que se les reconozca el carácter indefinido de sus contratos. A estas mujeres, el Ayuntamiento de O Barco le renueva el contrato cada año pero, en esta ocasión, no lo hizo con 3 de ellas, cuestión que desde la CIG ha sido valorado como “una represalia individual hacia estas trabajadoras por el mero hecho de reclamar sus derechos”.

Por otra parte, cada año, añade la CIG, un grupo de mujeres se presentaba a una bolsa de empleo pública, con la finalidad de ser contratadas por el Ayuntamiento, aprobando previamente un examen. Pero ahora, deben pasar un examen público, para pasar a estar contratadas por medio de una empresa privada (Alpixendra Servicios Rurais), siendo el propio Ayuntamiento el que tiene relación laboral directa con este grupo de trabajadoras.

 El Ayuntamiento “se excusa en que esta situación se debe a temas burocráticos, pero la realidad es que desde el 1 de enero Alpixendra Servicios Rurais sigue estando presente, cuestión que desde esta central sindical nos conduce a la idea de que pudiera existir indicio de cesión ilegal de trabajadoras”.

 Además, añade la CIG, dichas mujeres “para poder cobrar lo que el Ayuntamiento les debe del año pasado, les entrega un cheque al contado (hasta el momento lo venía haciendo por medio de ingreso bancario) acompañado de un documento que deben firmar para poder cobrar y que recoge que no van a reclamar nada más, actitud que consideramos como un claro abuso de poder por parte de la administración municipal”.

La CIG dice que lamenta “la actitud que está adoptando el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras y por consiguiente el propio alcalde, con la gravedad que supone ya que además de regidor de este Ayuntamiento es presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias”.  

Y añade que “desde esta central sindical hacemos públicas las represalias que el Ayuntamiento tiene respecto a estas trabajadoras por reclamar sus derechos, la intencionalidad de privatizar el servicio de ayuda a domicilio, y el abuso de poder que está adoptando el propio Ayuntamiento a la hora de pagar las deudas que mantiene con las trabajadoras, y exigimos, al mismo tiempo, que este servicio sea un servicio público”.