Leon del congreso

 

El Gobierno y la oposición se han cruzado duros reproches a cuenta de la tramitación en el Congreso del decreto de medidas urgentes para el crecimiento, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y que, según los grupos, modifica de forma “tramposa” una veintena de leyes, algo que niega el Ejecutivo.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha acusado a la oposición de “cobardía parlamentaria” por oponerse a la tramitación del decreto, con tal de no reconocer que sus medidas son positivas para la economía y el empleo.

El PP ha recordado además que en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio luz verde con la misma premura y sin tantos reproches el decreto que recortaba las pensiones.

Por contra, todos los grupos de la oposición han denunciado la “burla” y la “cacicada” que supone, en su opinión, la inclusión en el orden del día del pleno del jueves de ese decreto, sin dar tiempo a que sea estudiado en profundidad.

De momento, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha amenazado con recurrir ante el Tribunal Constitucional un “engendro” legislativo de 172 páginas que modifica de forma “caciquil” casi una treintena de leyes y afecta a competencias de nueve ministerios.

Protestas que también han llegado de la Izquierda Plural, que ha avanzado que rompe cualquier vía de diálogo con el Gobierno sobre las medidas de regeneración democrática ante la “burla” al Parlamento y la “agresión a la democracia” que supone la tramitación exprés de este decreto.

En esta misma línea, Josep Sánchez Llibre, de CiU ha acusado al PP de abuso de poder, con una actitud propia del “caciquismo” y actuando precisamente “en dirección inversa” a la de la regeneración democrática que dice querer impulsar el Gobierno de Mariano Rajoy.

También, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que el decreto que el Gobierno pretende aprobar este jueves es “un auténtico abuso de derecho y es la muerte del parlamentarismo”.

Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha subrayado que los populares se presentan como impulsores de la regeneración democrática y actúan como “campeones de la degeneración democrática”.

Ha defendido la actuación del Gobierno el portavoz del PP, Alfonso Alonso, que ha subrayado la necesidad de aprobar este decreto cuanto antes porque tiene medidas destinadas a la reactivación económica y, entre otras cosas, busca ayudar a la contratación de los jóvenes, y “esto tiene que entrar en vigor ya”.

Frente a las acusaciones de la oposición, Alonso ha recordado el decreto del Gobierno socialista que recogió los numerosos recortes para frenar el déficit y que se aprobó en el Parlamento solo unos días después de que lo hiciera el Consejo de Ministros.

“Entonces sí había licencia para recortar”, ha ironizado el portavoz del PP, quien ha considerado “poco coherente” la actitud de la oposición.

Idea repetida desde el Gobierno por José Luis Ayllón, que ha subrayado que la forma de tramitación del decreto ley es idéntica a la seguida por todos los decretos aprobados desde el inicio de la democracia y que, de forma general, se incluyen siempre en el pleno de la siguiente semana a su aprobación por el Consejo de Ministros.

“Los grupos que se han quejado de esta tramitación deberían preguntarle a los autónomos si no es urgente reducir sus cotizaciones”, se ha preguntado.

Ayllón, que se ha mostrado abierto a que el decreto pueda tramitarse como proyecto de ley si así lo pide algún grupo parlamentario, ha insistido en que el Ejecutivo lo único que desea es que las medidas contenidas en la norma tengan efectividad cuanto antes.

Confía en que estas discrepancias con los grupos de la oposición no afecten a la negociación y al diálogo abierto sobre las medidas de regeneración democrática, actualmente en trámite en el Congreso, así como las planteadas recientemente por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En respuesta al Gobierno, ya por la tarde, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, se ha felicitado de que el Ejecutivo esté dispuesto a tramitar el decreto como proyecto de ley y ha dicho que este cambio de postura es el resultado de la acción conjunta de la oposición contra este “atropello parlamentario”.

“Sí se puede”, ha apostillado.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que será la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien defenderá el decreto en el pleno del próximo jueves, debido a la importancia de las medidas contenidas en la norma.