El Gobierno gallego y la Fegamp acuerdan poner en marcha medidas para agilizar la respuesta a los afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria
El Gobierno gallego y la Federación Gallega de Municipios y Provincias acordaron hoy poner en marcha medidas para agilizar la respuesta a los afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria a través de los distintos programas públicos de vivienda.
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Ethel Vázquez, mantuvo esta tarde una reunión de trabajo con el presidente de la Fegamp, José Manuel Rey Varela, y con los portavoces de la entidad para abordar la nueva Ley del Suelo y el Plan rehaVIta, el primero plan autonómico de vivienda.
Esta reunión se enmarca en la ronda de contactos iniciada ayer con el Defensor del Pueblo, para acercar a instituciones y colectivos sociales a información necesaria para que colaboren en la difusión de los programas públicos de vivienda y poder así llegar al mayor número de personas posible.
La conselleira trasladó a la Fegamp las medidas que se recogen en el Plan de Vivienda de Galicia 2015-2020, Plan rehaVIta, para facilitar el acceso a la vivienda a las familias que más lo necesitan.
En concreto, durante la reunión la conselleira detalló el programa de apoyo a situaciones de emergencia residencial, orientado a ofrecer soluciones a situaciones de imposibilidad de acceso la una vivienda. Se instrumenta a través del programa de realojos ya existente para afectados por ejecuciones hipotecarias, o de medidas novedosas como el Bono Alugueiro, de apoyo urgente para familias que precisen de una ayuda para asumir el coste del arrendamiento de la vivienda. Las situaciones de necesidad serán evaluadas por los ayuntamientos, como entidades más próximas al ciudadano.
Este programa incluye también una línea de ayudas para la reparación de infraviviendas rurales en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Dirigidas a personas del ámbito rural sin recursos y que poseen una vivienda que no dispone de las condiciones mínimas de habitabilidad o están en situación de semirruína.
Durante la reunión la conselleira señaló que la implicación de los ayuntamientos es fundamental para el funcionamiento eficaz de medidas como el Bono Alugueiro, el programa de viviendas vacías o las ayudas para reparaciones de infraviviendas rurales.
Refuerzo de la autonomía local en materia urbanística
Durante la reunión, la conselleira le trasladó también a la Fegamp que la nueva Ley del suelo incorporará todas las aportaciones de los ayuntamientos al anteproyecto que son compatibles con la legislación estatal, con el objetivo de reforzar su apuesta por la autonomía local en materia urbanística.
Ethel Vázquez y la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, trasladaron a los representantes de la Fegamp el resultado del análisis de las aportaciones de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. Tal y como explicaron, la Xunta acordó incorporar la necesidad de que los ayuntamientos implicados en la elaboración bien del plan básico autonómico o bien de los planes básicos municipales –que la Xunta elaborará para los municipios con una población inferior a 5.000 habitantes que carezcan de planeamiento municipal- emitan un informe determinante en el trámite de información pública de los planes.
También a la sugerencia de la Fegamp, el anteproyecto suprime la delimitación obligatoria de los núcleos rurales tradicionales como máximo a 50 metros de las edificaciones tradicionales existentes. En la línea del incremento de la autonomía municipal, se faculta al ayuntamiento a realizar un estudio pormenorizado del modelo de asentamiento atendiendo a criterios de consolidación edificatoria para fijar la delimitación del núcleo.
Otro de los aspectos incorporados al anteproyecto de la Ley del Suelo tiene que ver con la ampliación de las edificaciones tradicionales (las de más de 40 años) existentes en núcleo rural hasta en un 50%, aumentando así una posibilidad restringida hasta ahora al suelo rústico. En concreto la ley permitirá la rehabilitación, reconstrucción y por razones justificadas la ampliación hasta el 50% siempre que no se desvirtúe la tipología y se adapte al entorno preexistente y se destine a usos residenciales, terciarios, productivos, actividades turísticas, artesanales, pequeños talleres y equipaciones.
En sus aportaciones, la Fegamp también hace un especial énfasis en la necesaria agilización de la tramitación, un aspecto que el anteproyecto soluciona con la unificación de la petición de los informes sectoriales autonómicos, que se deben emitir en un plazo de 3 meses, operando el silencio administrativo. Estos informes serán recabados por la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Además, la nueva ley integra la tramitación ambiental en la urbanística, haciendo un importante esfuerzo en la simplificación del trámite.
Actualmente, el anteproyecto de la Ley del Suelo se encuentran recibiendo los diferentes informes solicitados, previos a su aprobación como Proyecto de Ley por el Consello de la Xunta en los próximos meses.
